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Viernes, 25 de noviembre de 2005

VIOLENCIAS I

El delantal no era tan blanco

Desde su lugar, investigando sobre derechos de las mujeres en América latina para Human Right Watch, Marianne Mollman aprendió que la rabia es mejor que la tristeza, o por lo menos “es más activa”. Y acción es lo que se necesita para develar y desactivar esos mecanismos de la violencia hacia las mujeres que aparecen en lugares claves como los consultorios médicos, en los que el poder de “quien sabe” anula toda chance de decisiones autónomas.

 Por Sonia Tessa

Marianne Mollman entrevistó a cuarenta mujeres y a una niña argentinas para su informe Decisión prohibida, acceso de las mujeres a los anticonceptivos y el aborto en la Argentina. Esas historias la afectaron, pese a la “piel dura” que dice tener. “Me puse muy triste después de escuchar los testimonios. Por suerte, después de la tristeza me vino la rabia, que es más activa”, contó la investigadora para las Américas de la División de Derechos de las Mujeres de Human Right Watch, quien después de haber presentado el informe en junio volvió la semana pasada al país en el marco de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. “Me parece fenomenal el impulso que están dando. Si bien creo que no vamos a ver la despenalización del aborto en la Argentina dentro de los siguientes cinco ni diez años, este año hubo avances muy fuertes, como los pronunciamientos del Ministerio de Salud de la Nación y las acciones del Movimiento de Mujeres, en base a décadas de trabajo”, afirmó pese a las amigables quejas de las anfitrionas, esperanzadas con rápidos avances legislativos. Mollman fue invitada por Mujeres Autoconvocadas Rosario (MAR) para dar una conferencia en la Facultad de Medicina sobre la investigación que desarrolló el año pasado en las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Santa Fe. Y si bien no estará hoy en la marcha al Congreso nacional, puso su granito de arena en una campaña que se extendió por todo el país.

El apoyo a una reforma legislativa que garantice el acceso al aborto gratuito y seguro a las mujeres es una de las recomendaciones del estudio conducido por Mollman al Estado nacional. Pero también aborda la violencia contra la mujer, un aspecto que los discursos tanto sanitarios como oficiales no relacionan con los derechos sexuales y reproductivos. La prevención de la violencia doméstica, que más de la mitad de las entrevistadas por Mollman contó haber padecido, y una ley específica para penalizar la violación en el matrimonio fueron otras recomendaciones del informe.

“Si estás en una situación familiar donde sientes que todo lo que haces o dices está bajo una sospecha, puede resultar en una violencia, entonces te autocensuras. Hasta incluso donde no hay violencia sexual directa, uno puede imaginarse que la mujer de todas formas es violada, desde el punto de vista que no consiente el sexo pero igual de repente no lo dice”, indicó sobre los contundentes efectos de la violencia en los derechos sexuales y reproductivos. “O sea no es una violación, de repente no se expresa de esta manera, pero sí que no es una relación consensuada. Y luego en los hogares donde sí hay violencia sexual, es una situación mucho más clara. Si tú no puedes decidir ni siquiera cuándo tener sexo, tampoco vas a poder decidir si utilizar un anticonceptivo”, abundó. Durante la investigación, detectó que la violencia sexual directa tiene una función específica en el ámbito familiar. “Es una situación de control por parte del varón hacia la mujer, que también se extiende a los anticonceptivos: que el tipo se los escondía, le prohibía tomarlos, le pegaba si los tomaba, porque también la puede controlar mejor si está con hijos. Porque ella no puede irse, porque depende de él económicamente, y además porque no quiere dejar a sus hijos con el tipo violento”, relató.

Pero la violencia doméstica no es la única que sufren las mujeres, sobre todo las más vulnerables por su situación económica. Una violencia institucional, más sutil, es la que padecen en el sistema –sobre todo público– de salud. Por eso, el informe de Mollman establece también la necesidad de sancionar a profesionales y empleados que obstaculicen el acceso de las mujeres a los derechos sexuales y reproductivos garantizados por las leyes vigentes.

“En general, como entidad rectora, el Ministerio de Salud tiene la obligación de monitorear que sus funcionarios, que incluyen a los médicos que trabajan en los hospitales públicos, sigan las instrucciones. Y aparte de eso, todos los médicos, incluso los que funcionan en el sistema privado, tienen que cumplir con la ley. Entonces, si bien existe una posibilidad de objeción de conciencia, esa posibilidad no es infinita, no se puede objetar todo lo que el profesional quiera”, indicó sobre la necesidad de garantizar el acceso de las mujeres a información completa y los métodos anticonceptivos.

La decisión estratégica de Human Right Watch de realizar la investigación en la Argentina se originó en que el 40 por ciento de los embarazos culminan en abortos clandestinos, y que las complicaciones de esta práctica constituyen la principal causa de muerte de gestantes. “Sabemos que las mujeres no se embarazan para poder abortar. Es que no tienen la posibilidad de decidir sobre su cuerpo –puntualizó–. Lo que queríamos ver es cuáles son las decisiones que les son prohibidas en un momento anterior a esta situación de tomar una decisión sobre un aborto ilegal que la puede matar, o tener un hijo al que no puede alimentar o al que no desea, o seguir un embarazo que la puede matar también. No es ésa la primera decisión que no toma la mujer.”

El informe conducido por Mollman tiene varias aristas. Una de ellas es la asimetría en la relación –que se traduce en algo tan tangible como una auténtica falta de respeto– entre los profesionales de la salud hacia las usuarias del sistema público. “Nos dimos cuenta después de repasar todas las entrevistas de que los médicos infantilizan a la mujer, al considerar que no puede tomar decisiones por sí misma”, subrayó. “A mí me llamó mucho la atención una cosa que yo creo que después no salió tanto en el informe porque no sabía cómo colocar. Esto era la diferencia, la asimetría en la manera de hablar con el médico. Las mujeres me contaban toda la conversación. Y decían ‘yo le dije doctor, tal cosa’, y el médico me dijo, ‘gorda, haz tal cosa’, o sea, una falta de respeto hacia la mujer. La llaman gorda, flaca, nena, chica, lo que fuera, y ella dice todo el rato yo le dije doctor, doctor. Una falta de respeto básica”, se quejó, para indicar que esa apelación es parte de un modo de relación en que también se retacean los datos que las mujeres necesitan. “Además, está toda la información que no se les da, de la decisión tomada por ellos. Dicen ‘ésta es una mujer con tres hijos, le ponemos un diu, ésta es una mujer joven, no necesita ningún anticonceptivo’. O sea, ya toman la decisión, cuando le pertenece a la mujer.”

Esa exacción de algunos –muchos– médicos a la capacidad de decisión de las mujeres se entrecruza fatalmente con las dificultades de acceso. “A las mujeres con las que hablé, que eran de bajos recursos financieros, primero no les llega la información; nadie les dice que pueden llegar a tal hospital para tener anticonceptivos gratuitos, y además están acostumbradas a que las maltraten, a que tienen que esperar, a todo lo que quieras”, describió la situación que la impactó. “Con esas condiciones, de por sí no van a los servicios de salud. Si es que van, saben que tienen que esperar todo el día, tienen que ir con sus hijos, y pagar el autobús, tienen que ir varias veces, por la mañana para sacar turno, y luego volver, tienen que perder todo el día del trabajo que les paga la comida para los hijos”, continuó una descripción que dimensiona cómo la dificultad de acceso implica lisa y llanamente la ausencia de derechos. “A mí me llamó la atención cuántas veces las mujeres me contaban cómo toman las decisiones en relación con la comida que pueden o no llegar a darles a sus hijos”, puntualizó y por única vez en toda la entrevista apuntó contra los grupos que obstruyen el acceso a estos derechos: “Luego todas las personas que se están oponiendo a que se distribuyan métodos anticonceptivos lo hacen en nombre de la familia, no piensan en estas familias y en estos niños que están ahí”.

Sin embargo, aseguró que no entra en discusión con los sectores fundamentalistas. “Lo mejor con este debate es bajarlo a nivel pragmático, analizar cuál es la consecuencia de la penalización del aborto. Si todos podemos estar de acuerdo en que queremos evitarlo, vamos a ver las consecuencias reales, porque eso se puede estudiar. No sabemos cuándo empieza la vida, y de repente no podemos estar de acuerdo, pero para esta discusión yo creo que es irrelevante. Sé que es muy fuerte decir eso, pero creo que es irrelevante, porque si la penalización hace que haya el mismo número de abortos, pero que sean inseguros y que incluso mueran las mujeres, entonces no hace ni lo que pretende hacer, y tiene consecuencias horribles”, refirió con una lógica implacable.

Como jurista internacional especializada en derechos de las mujeres, Mollman no naturaliza ninguna práctica que los conculque. La indignación aparece ante cada atropello. En estos momentos realiza una investigación en México, donde contó que una funcionaria de la Dirección Integral de la Familia insta a las mujeres que denuncian violaciones en el matrimonio a “volver a su casa” o a casarse si están unidas de hecho. Lo contó con bronca, pero también con una simpatía muy poco nórdica para el prejuicio latino. Así explicó su particular interés por América Latina: “Algunas personas son transexuales. Yo siempre he pensado que soy transatlántica, que nací en el mal continente, siempre he tenido la idea de que quería aprender español, de que quería ir a América Latina”. Así vivió primero en España, luego en Guatemala y también en Perú. Ahora reside en Nueva York, pero tiene lazos permanentes con el sur.

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