las12

Viernes, 11 de agosto de 2006

SOCIEDAD

Preguntas en común

¿Cuáles son los caminos del debate sobre el aborto cuando los argumentos religiosos parecen acallar todos los otros argumentos posibles? ¿Qué decir si ni siquiera la ley supuestamente laica está a salvo de interpretaciones sesgadas por la fe? Tal vez echar un vistazo al panorama latinoamericano, aprender de otros casos y partir de un nuevo planteo que incluya la religión como una dimensión política.

 Por Soledad Vallejos

La combinación se dio hace exactamente una semana: mientras en la Justicia se decidía el destino del embarazo no deseado de LMR –la joven de La Plata violada y con discapacidad mental leve–, en un ámbito institucional se llevaba adelante un encuentro internacional para debatir sobre aborto. El resultado de la intervención judicial sobre el cuerpo de LMR lo conocemos: la Suprema Corte bonaerense avaló la interrupción –a pesar de los fallos previos, de primera y segunda instancia–, pero lo avanzado de la gestación hizo que los médicos decidieran no practicarla. Por otro lado, las consecuencias del seminario “Aborto, derechos, subjetividad y poder”, que tuvo por sede al Anexo del Congreso nacional, todavía están por verse. Están, por lo pronto, las actas que testimonian que, precisamente en esos días, en un espacio cedido por el Poder Legislativo nacional se expuso, se charló y se debatió sobre el aborto entendido como un derecho (la organización, de hecho, corrió por cuenta de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto), y eso quiere decir algo nada menor: que el aborto forma parte de la agenda pública de debates, o que ha quedado, ahora sí, fuertemente incorporado a partir del impacto público del caso de L.M.R.

No es poco, en primera instancia, porque el eje parece haber cambiado, y las posiciones están en tren de reacomodarse. “De algún modo, lo que pasó en ese caso fue sentido como una injusticia, o al menos los medios de comunicación, más allá de variaciones, lo han presentado así. Eso quiere decir que se ha fisurado el poder de excluir al aborto de la agenda.” Eso plantea Juan Marco Vaggione –doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y de la New School for Social Research de Nueva York–, que mientras las noticias médicas y judiciales acaparaban la atención participó del panel “El Estado y la garantía de los derechos. Ciudadanía, democracia y Estado laico”. Esa forma de decidir qué se discute públicamente o qué no –y en todo caso en qué términos– en cuanto a sexualidad y cuerpo, sostiene Vaggione, cambió a partir de una fragmentación (de discursos asumidos como sentido común, de saberes supuestos como indiscutibles) inesperada por lo impactante, y que obliga, además, a replantear los términos desde el propio discurso progresista, por ejemplo, ante el discurso religioso.

–El poder religioso, puntualmente de los sectores católicos conservadores para decidir qué entra en la arena del debate político se fisuró. No implica que esos sectores no sigan siendo poderosos, porque lo siguen siendo hasta el extremo de hacer pasar por no existente un derecho legítimo, como el de interrumpir un embarazo en el caso de una “demente” –ese término horroroso que usa la ley– violada. Sin embargo, se trata de pensar el ejercicio de poder de una manera distinta. En los últimos años estamos viendo cómo esos sectores conservadores se rearticulan y toman el tema de la sexualidad para llevar adelante intervenciones políticas, en especial cuando se trata del cuerpo de la mujer. Para eso, opera a partir de alianzas estratégicas: con los conservadores y la derecha política, esdecir, hay una articulación entre la derecha religiosa y los sectores jerárquicos de la Iglesia. Lo vemos en articulaciones entre algunos países y el Vaticano que actúan en Naciones Unidas, entre grupos fundamentalistas islámicos y la derecha religiosa de Estados Unidos, y también con lo que está pasando en España, entre el Partido Popular y la Iglesia católica cuando se habla de cambios en derecho de familia. Todo eso indica que hay una repolitización de sectores religiosos, que se reposicionan para intervenir como parte del sistema democrático: gracias a dinámicas de la sociedad civil y grupos como los feministas, hay un pluralismo inevitable, en el sentido de que estas presencias rompieron la capacidad de la Iglesia de pautar qué se debate y qué no; entonces, estos sectores se articulan de manera distinta.

–¿Cuál es el reacomodamiento de la reacción?

–Se vuelven estratégicamente seculares. Cuando ves los juicios que inician, las manifestaciones públicas que hacen, vas a notar que no hablan ni de Dios ni de la Biblia, sino de derechos naturales, o de discusiones en apariencia científicas. Lo que hacen, en realidad, es tomar la apariencia de la secularización en las intervenciones políticas. Yo lo llamaría “politización reactiva”: reaccionan y copian una de las estrategias, por ejemplo, los grupos provida que judicializan la cuestión y plantean en la Justicia acciones contra la píldora del día después. En esta reacción al avance del pluralismo, tratan de llevar el tema cuatro pasos más atrás. Entonces, si el progresismo pide una legalización, ¿qué logra? Logra que los casos en los que ya hay un amparo legal de un derecho, se vuelva imposible el ejercicio efectivo de ese derecho.

–La reacción, entonces, opera apropiándose de las mismas estrategias y discursos de las minorías.

–Lo que hace es intervenir desde las mismas dimensiones de la democracia y el juego político para defender una agenda religiosa. Por eso el modelo del Estado laico no es suficiente para pensar cómo debatir con estos grupos conservadores: ya no se trata sólo de un problema de separación entre Estado e Iglesia –que en Latinoamérica sigue siendo una discusión importante, como sigue siendo necesaria la defensa de esa separación–, sino que también hay que pensar que hay una dimensión en las democracias contemporáneas donde la religión y la política se relacionan. Aunque todavía es importante seguir trazando las fronteras entre el Estado y la Iglesia, el crimen y el pecado, la religión y la política, el progresismo se tiene que hacer cargo de que las fronteras son porosas. Cuando se discuten el aborto o la sexualidad, se está discutiendo el rol que las religiones tienen en las agendas políticas, y ahí está la cuestión: al progresismo le cuesta captar la dimensión de lo religioso como una dimensión de la política, sobre todo en sexualidad. Indudablemente, la pregunta sobre la legalización del aborto es también una pregunta sobre cuál debe ser el rol de lo religioso en lo político.

–¿Y cómo dar entrada a lo religioso en la política sin acatar la reacción conservadora?

–Ahí está la clave: cuando la Iglesia se inscribe como actor político, pierde su capacidad de ser actor religioso y controlar las disidencias internas, que las hay. Lo religioso es pluralista por sí mismo, al interior de las principales religiones hay grupos disidentes que intentan compatibilizar identidades religiosas con pensamientos feministas, como pasa con Católicas por el Derecho a Decidir. Entonces, cuando la Iglesia decide ser actor político, tiene que incorporar sus propias disidencias y pluralismos, no puede pararse desde una postura única: el aborto, para algunos católicos es pecado, para otros no. En contextos sociales donde la gran mayoría de la población se identifica con la religión, con el catolicismo, es importante destacar la pluralidad.

–Sin embargo, la Iglesia parece presentar un frente único.

–Porque es la jerarquía la que habla, pero hay inclusive encuestas realizadas a católicos que demuestran que sí existe una pluralidad de posiciones. Es sólo la jerarquía la que se sigue presentando como si fuera un frente único, pero cuando aparecen temas como el aborto y se politiza, emergen las disidencias internas. Por el otro lado, si uno insiste en que el catolicismo es conservador, fortalece las jerarquías, porque invisibiliza la pluralidad que existe al interior. En cambio, si uno toma la religión como compleja, puede reinscribir disidencias y grupos que se movilizan por compatibilizar su doctrina con otros pensamientos más pluralistas. La Iglesia tiende a decir que el aborto es un crimen, y como cualquier sector de la sociedad tiene derecho a participar en debates tratando de que sus puntos de vista triunfen. Pero una vez que juega ese derecho, tiene que aceptar las reglas de la democracia: no puede sostener una postura única y tiene que defender sus argumentos con racionalidad, argumentación, distinción entre crimen y pecado. Eso quiere decir que la Iglesia se entrampa al actuar políticamente con esa estrategia: desde que se planta como actor político, acepta que el tema puede ser debatido con las reglas de un juego democrático.

–¿Qué pasa cuando desde espacios progresistas se plantea la necesidad de aceptar la dimensión religiosa en lo político?

–En general, cuesta romper el prejuicio y aceptar que la religión es un factor de cambio, por razones obvias y puntuales, especialmente en Latinoamérica. Cuesta romper el sentido común y decir que en estas luchas jurídicas y de cambio social hay aliados en las religiones. Pero también hay que entender que los derechos no son sólo una estructura formal, sino que hay que lograr un empoderamiento por parte de la ciudadanía. En general, la gente se sigue identificando con la Iglesia. La idea de secularización, de que las identidades religiosas iban a terminar debilitándose y desapareciendo no tiene sentido ahora: la gente sigue creyendo de maneras diferentes, la religión sigue siendo importante para pensar el empoderamiento de ciudadanas y ciudadanos como sujetos de derecho, en especial en el terreno de la sexualidad, con la desculpabilización. Es importante entender que en estos discursos progresistas religiosos, que los hay, también existe un elemento importante de desculpabilización y empoderamiento fundamental para la real eficacia de futuros derechos que se puedan tener, como el derecho a la interrupción del embarazo.

Archivo

Ningun caso aislado

Por Luciana Peker

El caso de L. M. R fue el primero que tuvo tanta repercusión. Pero no fue el primero. A L. M. R. se la conoce por sus iniciales. Se sabe que tiene 19 años, un embarazo de veinte semanas, una edad mental de 8 –aunque la jueza Inés Siro, ahora en proceso de juicio político, la acusó de saber usar un teléfono celular para justificar su negativa a autorizar el aborto–. A L. M. R. no se la conoce. Porque no es lo mismo decir L. M. R. que ponerse en el cuerpo de Luisa, Luciana, Laura o Lila. De una prima, hermana, hija, amiga, de una, que tiene que gestar un hijo/a de un violador, de una violación. L. M. R. es un caso testigo que no le sirve de nada a la L. M. R. que nadie conoce. La sentencia de la Suprema Corte Bonaerense sobre L. M. R. servirá después de ella. Aunque la Justicia sí la conoció, igual que el gobernador bonaerense Felipe Solá que le prometió un subsidio a su mamá –para que cuide a su nieto–, otro a ella por discapacitada y otro para arreglarle la casa. Un subsidio por no abortar.

Pero el caso de L. M. R. –que esta vez, al menos, sí se conoció– no es el primero, ni el único en el que, a pesar de encuadrar entre los abortos no punibles, son abortos sólo accesibles para las que pueden pagarlos y no para quienes lo necesitan. No es la primera vez, ni siquiera, que se promete un subsidio para emparchar la falta de justicia. No es la primera vez, tampoco, que se ofrece un subsidio para callar la exposición mediática. Y que, aun así, no se cumple.

1 Tampoco tenía nombre, sino inicial –como si el dolor doliera menos por no nombrarse– M, una adolescente que en octubre de 1998 tenía 12 años cuando se quedó embarazada después de ser violada en el camino a cuarto grado de una escuela de educación especial en Trelew. Su papá, Carlos Gaitán, intentó que el Hospital Zonal le practicara un aborto. Pero los médicos se negaron y el sistema provincial de salud adujo que no estaba obligado a garantizar la intervención. El embarazo siguió creciendo –aunque M declaró ante el Servicio de Asistencia a la Víctima sentirse muy chica para ser mamá–, mientras en el reino de los distraídos reinaba la indiferencia. El juez Jorge Pfleger sostuvo que la operación estaba autorizada por la ley y que no era necesario que él la ordenara, mientras que los médicos se negaban a realizarle el aborto si la Justicia no lo ordenaba. El obispo Gustavo Maitello intervino para presionar a la familia y, después de la promesa del entonces ministro de Salud de Chubut Carlos Lorenzo de brindarle ayuda social, el padre decidió desistir de su petición judicial. El gobierno le envió su palmadita al cuarto donde M vivía con sus tres hermanos: dos kilos de azúcar, dos paquetes de fideos, una botella de aceite y un cartón de leche. La Justicia no permitió el aborto permitido por la ley, pero decidió presionar al gobierno provincial para que ayudara a la familia. Ni eso. El gobierno respondió: “No es prioritaria ni urgente la asistencia alimentaria ni habitacional de la familia”.

Cuando las adolescentes se corren de los diarios pasan a ser iguales a las miles de adolescentes que abortan si pueden y, sino, sobreviven como pueden. Pero M como L. M. R. no son tampoco excepcionales. A pesar de que el artículo 86 estipula claramente que el aborto no es punible “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente” (que se aplica a todo caso de violación, como especificó la procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo) o si atentan contra la salud de la mujer la ley es letra muerta.

Los robos están prohibidos. Y nadie necesita decirles a los policías que deben detener a un ladrón si lo ven robando. En cambio, los abortos no punibles están permitidos. Pero la mayoría de los médicos finge necesitar que alguien les avise para saber si pueden practicarlos. Por eso, la lista de víctimas de esta cruzada de brazos que desampara a las más desamparadas no empieza –ni termina– con el caso de L. M. R. Estos son algunos de los casos de abortos no punibles que se conocieron en los últimos diez años:

2 Z. P. es una joven deficiente mental y epiléptica, que tenía 18 años en 1999, que quedó embarazada por una violación. El juez Roberto Muratore dijo que, como en este caso el aborto no era un delito, no era necesario que él diera su autorización, pero rechazó dictar una sentencia que obligara al Estado a practicarle el aborto. Mientras que los médicos del Hospital Santojanni, de la ciudad de Buenos Aires, se negaron realizarle la intervención. Finalmente, Z. P. tuvo un aborto espontáneo.

3 También en 1999 una joven autista y con síndrome de Down fue violada por el concubino de la madre. El caso no llegó al sistema de salud público. Sin embargo, el juez Guillermo Atencio intervino y sentenció que la realización de cualquier tipo de aborto –incluso los no penados por la ley– eran inconstitucionales.

4 Miriam era una adolescente –de 14 años– que fue violada por su padrastro y llevaba adelante un embarazo que ponía en grave peligro su salud, otro tipo de aborto no punible según el artículo 86 del Código Penal. Pero el 24 de noviembre del 2003, el juez José Luis Ares, de Bahía Blanca, no le permitió realizarse el aborto terapéutico porque consideró que “(el embarazo) no representa un riesgo para la salud mental de la futura madre”. ¿Qué será la salud mental? Miriam tenía 14 años y el cuerpo de una nena de 11, según describió la defensora oficial Graciela Cortazar, se negaba a comer, le manifestó al magistrado su intención de suicidarse y llegó a suplicar de rodillas que la dejen abortar. Ni el magistrado ni el director del Hospital José Penna, de Bahía Blanca, Alberto Taranto, escucharon la voz ni de la nena ni del Comité de Bioética del hospital que sí había recomendado el aborto. En la sentencia quedó dado por cierto el abuso sexual y que “la menor, como consecuencia de lo expuesto, sufre un estado depresivo, con angustia, ansiedad, tristeza, pérdida de apetito y ha manifestado su intención de suicidarse si no le permiten interrumpir el embarazo”. No fue importante.

5 En Jujuy, Josefina, de 12 años, fue violada y embarazada por su padre –detenido por la Justicia por esa violación fehacientemente comprobada–. Su mamá le pidió al juez Luis Ernesto Kamada la autorización para practicarle un aborto. Pero el magistrado decidió –como relató Marta Dillon en su nota “¿La vida de quién?”, el 1º de julio del 2005, en Las 12– que “(para la niña) la profunda angustia tendría en alguna medida oportunidad de ser debidamente tratada y eventualmente superada. Nada de ello sería posible para la persona por nacer”. No la dejaron abortar. Ah, le prometieron –también– un par de subsidios.

¿Será justicia? ¿Será?

Brasil

Por un servicio de salud pedagogico

Por Roxana Sanda

Fátima Oliveira, escritora y dirigente feminista brasileña, autora de la novela La hora del Angelus –que recrudeció el año pasado su histórico enfrentamiento con la jerarquía católica–, hace foco en la violencia que el juicio moral impone: “Para la mujer que quiere abortar es muy difícil andar con la cabeza erguida en su medio, sobre todo en culturas sociales con un discurso religioso muy fuerte, que sobrevaloran la maternidad”.

–¿Qué ocurre con el acceso al aborto en los servicios especializados de los hospitales de Brasil?

–El aborto constituye una importante causa de discriminación y violencia institucional contra las mujeres en los servicios de salud, que se traduce en las demoras en su atención, la falta de interés por escucharlas y la discriminación explícita en palabras y actitudes condenatorias. El Hospital de Clínicas de Minas Gerais, donde trabajo, atiende los abortos previstos por ley, como en casi todos los países de América latina, en caso de estupro o si está en riesgo la salud de la gestante. Sin embargo, siempre digo que la mujer que llega al hospital debe estar acompañada para garantizar que reciba un trato humanizado, porque la discriminación contra ella va desde los porteros hasta el médico que vaya a atenderla.

–¿Esta violencia está asociada a algún caso en particular?

–Ocurre tanto con víctimas de violencia sexual como en casos de aborto incompleto. Porque no basta con tener el servicio correspondiente o la presencia de profesionales dispuestos a realizar la intervención. Para que las prácticas abortivas previstas en la legislación funcionen es necesario bregar por un servicio de salud de carácter pedagógico, educativo, que desmoralice los planteos de la Iglesia católica.

–¿Cuál es la realidad de los servicios de aborto que funcionan en los hospitales brasileños?

–Recién avanzados los setenta, los movimientos feministas lograron que el tema involucrara a la sociedad, hasta que en 1985 la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro aprobó el proyecto de ley que aseguraba una red pública de salud de acceso al aborto. Pero esto se concretó cuatro años después, con la creación del primer servicio público para atender casos de aborto no punibles en el Hospital de Jabaquara, en San Pablo. En la actualidad funcionan unos sesenta, y si bien la Iglesia no puede impedir que existan, dentro de las maternidades los médicos del equipo de aborto son llamados aborteros y discriminados por sus colegas. Son muchos los casos de médicos que llaman a la policía para denunciar a mujeres que llegan con abortos mal hechos o recurren a la Justicia para consultar por casos que se encuadran perfectamente en la ley.

–¿Cómo se plantean los escenarios de debate social y legislativos sobre todo este año, a meses de las elecciones presidenciales?

–En Brasil hay un debate muy polarizado y escasa conciencia desde los sectores de decisión, teniendo en cuenta que la mortalidad materna es de 260 por cada 100.000 nacimientos. Se calcula que de 1995 a 2000 fueron efectuados 10 millones de abortos, la mitad de los partos del mismo período. La criminalización del aborto encuentra adhesiones multitudinarias en celebraciones como el día del no nacido, una estrategia mundial de la Iglesia. Pero tambiéntiene sus arietes en el Congreso, con un centenar de legisladores conocidos como “la bancada de Dios”. La frutilla de la torta es la principal candidata presidencial de la oposición, feminista de izquierda, fundadora del Partido de los Trabajadores (PT), expulsada por oponerse a la política económica conservadora de Lula y antiabortista declarada: la senadora Heloísa Helena Lima de Moraes, del Partido Socialista y de la Libertad (PSOL). En un debate por la despenalización del aborto dijo que “no hay nada más primitivo que el aborto”. Aunque cueste creerlo, los más activos oponentes contra el derecho al aborto son los “petistas” ligados a la Iglesia. Ese es el escenario actual.

–¿Cómo están parados los movimientos de mujeres y la intelectualidad feminista de Brasil frente a esta circunstancia?

–Con arrogancia. La cuestión del aborto se está convirtiendo en una discusión entre nosotras. Todas esas ideas de avanzada no logran acercarse a la sociedad. Es necesario evaluar otras formas de acercamiento y alianzas.

Nicaragua

“Los medicos reaccionarios tienen mucho poder”

Por R. S.

Santo Domingo, el patrono de la ciudad de Managua, sale todos los 1º de agosto a celebrar su festividad. Mide unos quince centímetros, pero lo cargan más de 100.000 personas que durante diez horas mezclan hasta el desmayo bailes callejeros y ron. Por pequeña y para que destaque, a la figura del santo la enmarca una gran corona de flores. Ahí, sobre la testa sagrada, asoma la leyenda “sí a la vida, no al aborto”. En Nicaragua, con 5,3 millones de habitantes, la mortalidad materna es de 250 por 100.000. Se calcula que entre 1995 y 2000 se practicaron unos 191.000 abortos ilegales y en el mismo período murieron 2232 mujeres por causas vinculadas con el embarazo y el parto, 165 por abortos mal realizados. “El Estado no quiere ver que las prácticas abortivas no se hacen en condiciones adecuadas, que casi la mitad de la población conoce los lugares donde se practica el aborto, que una de cada cuatro personas conoce a una mujer que abortó, y la gran mayoría sabe que el principal riesgo del aborto en estas condiciones es la muerte de la gestante”, relata la tocoginecóloga argentina y dirigente feminista Ana María Pizarro Jiménez sobre ese país donde trabaja hace 25 años, su lugar de exilio tras cuatro años de cárcel como presa política durante la última dictadura militar, por su militancia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba. En la actualidad reparte su tiempo entre la coordinación regional de la Campaña por la Despenalización del Aborto en América latina y el Caribe, y la dirección del centro alternativo de salud SI Mujer (Servicios Integrales para la Mujer), que fundó en 1991 y asiste las demandas de adultas, adolescentes y niñas.

–¿Qué sucede con el aborto en Nicaragua?

–Está considerado como un delito en el Código Penal, donde se inscribe en el capítulo de Delitos Contra la Vida. Se penaliza con cárcel para las mujeres y para quienes les brindan la atención. Sin embargo, ese mismo código permite el aborto terapéutico hace más de 130 años, aunque no establece para qué fines ni en qué circunstancias puede aplicarse.

–En la actualidad, ese país discute la reforma del Código Penal. ¿Cómo se está abordando la cuestión del aborto terapéutico?

–El debate público aparece muy polarizado. Pero tanto el código anterior como el actual en discusión no establecen para qué causas se puede aplicar el aborto terapéutico, lo dejan a decisión de un comité formado por tres facultativos. Y, por supuesto, no toma en cuenta temas relacionados con los derechos de las niñas y los efectos del abuso sexual.

–¿Cuál es hoy la actitud de los médicos frente a los casos de aborto que se les presentan en los hospitales?

–Generalmente desde la propia dirección se niega a tramitar el aborto, o sea, decidir quién realizará el procedimiento. Por supuesto, hay médicos reaccionarios con mucho poder dentro de los servicios. Los y las más jóvenes no piensan igual, pero al no tener poder de decisión, generalmente se callan.

–En el caso de la niña nicaragüense a la que se le practicó un aborto hace dos años a pesar de las decisiones judiciales en contra, la Iglesia quiso excomulgar a todas las personas relacionadas con la operación y el gobierno amenazó con iniciar acciones legales a sus padres y a la clínica.

–El aborto fue realizado por tres facultativos en cumplimiento estricto de la ley y con el permiso expreso de los padres, además de la solicitud de la propia niña. Un grupo de los autodenominados “provida” inició un juicio que tuvo veredicto rápido: la Fiscalía General de la República dictaminó que no hubo delito porque se aplicó la ley en todo el procedimiento. La jerarquía católica excomulgó a los padres de la niña y a todos los que participamos activamente defendiendo sus derechos, pero al violador nunca lo mencionó, aunque es habitual que condenen a la víctima y a quienes ayudan a salvar su vida, y no al victimario. Por mi parte esto no implica desconsuelo alguno, soy atea gracias a mi papá, al que le debo una gran dosis de salud mental.

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