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Viernes, 18 de agosto de 2006

SOCIEDAD

En un bosque de Argentina

En lo que va del año, 52 mujeres adolescentes han desaparecido, la gran mayoría vivía en el Gran Buenos Aires. La búsqueda se dificulta por la falta de recursos –humanos y tecnológicos– y los prejuicios que suponen a las chicas a gusto fuera de casa. Cómo impacta la trata de personas y la violencia de género en la suerte de estas niñas.

 Por Roxana Sandá

La promesa le brilló en los ojos con ese entusiasmo que últimamente sólo crecía si la alejaba de casa. Hacía tiempo había dejado de ser refugio natural: sus padres la envolvieron en un mundo bajo presión que a sus 14 años se le había vuelto difícil de soportar. “Vamos a Buenos Aires”, la apuró este año una persona en quien confiaba, con vínculos en Capital, propuesta de trabajo seria y alquiler de propiedad. “Cuando juntés algo de plata.” Lucila B. (un nombre ficticio para reservar su identidad) aceptó, pero en clave de fuga. Huyó de su casa de Salta con algo de ropa y unas pocas cosas claras, sin sospechar siquiera que el destino final sería un edificio viejo de San Telmo, donde otras chicas de su misma edad y del mismo interior de este país son obligadas a prostituirse. El rostro de Lucila estuvo publicado en la página web de Missing Children hasta que sus padres lograron recuperarla meses atrás de una supuesta red de trata y tráfico de mujeres.

En lo que va de 2006, ya son 52 las adolescentes que encabezan el registro de chicos perdidos de esa organización, el 71% residente en provincia de Buenos Aires. La alarma recorre la cifra pero también la ausencia de estrategias institucionales para dar con el paradero de esas jóvenes. “La realidad es que no hay nadie que busque a un o a una menor”, advierte Lidia Grichener, de Missing Children. “Las comisarías demoran en tomar las denuncias de los familiares con el argumento de que esperen un poco porque ya van a volver, y se pierde un tiempo precioso. Y la otra gran falencia se da en los juzgados de Familia: muchas veces se escuchan cosas lamentables. Los padres suelen recibir datos de lugares donde pueden estar sus hijos o hijas y en los despachos judiciales les exigen la dirección exacta ‘para poder investigar’. Precisamente, falta personal que investigue y por lo general esto no se hace mientras no exista presunción de muerte o de un hecho delictivo concreto.”

Hay también un sello de género según los casos de chicos y chicas hallados fallecidos: al 30 de junio último, sobre 2175 denuncias recibidas, 1975 chicos aparecieron con vida y 29 fallecidos. Salvo algunas excepciones, en los registros históricos de Missing Children las muertes de varones ocurrieron por accidente o asesinato, en tanto que las mujeres fueron víctimas de femicidios tras ser violadas.

Johana, de 15 años, desapareció el 16 de diciembre de 2004 en Bahía Blanca y su cuerpo apareció una semana después. Un tío confesó que la había ahorcado y la enterró en un pozo. Luciana, de 15 años, desapareció el 16 de noviembre de ese año, también en Bahía Blanca, y su cráneo apareció a los diez días: fue asesinada por un vecino. Elizabeth, de 19 años, había desaparecido el 28 de septiembre de 2004 en Llavallol. Encontraron el cuerpo nueve meses después, atado a un árbol en un bosque de Lomas de Zamora. Claudia, de 17 años, desapareció de Bahía Blanca el 21 de noviembre de 2003. Su cadáver fue hallado al mes siguiente en un descampado, semienterrado con signos de ahorcamiento. María Victoria, de 13 años, desapareció el 18 de enero de 2003 en Córdoba. Su madre denuncióla desaparición, pero tiempo después fue detenida junto con su pareja acusados de la violación y el homicidio de la adolescente. El cuerpo apareció enterrado en un terreno cercano. Gisella, de 18 años, desapareció de Pilar el 26 de noviembre de 2000. Su cuerpo fue hallado el 3 de diciembre en el descampado cercano a una comisaría. Fue violada y asesinada.

En la Argentina no existe un registro nacional de la cantidad de chicos y chicas que se fugan a diario de sus hogares, sólo estadísticas recortadas por región, con mayor impacto en Capital Federal, donde las defensorías de menores dependientes de la Defensoría General de la Nación reciben, en promedio, siete denuncias diarias por fuga de hogar de adolescentes de entre 13 y 17 años. Por encima de esas ausencias sobrevuelan los fantasmas del maltrato, la falta de comunicación o el abuso, pero en muchos casos nadie sabe dónde están o qué pudo haber sucedido con sus vidas. “Y esto ocurre durante meses o años”, advierte Grichener.

“Creemos que las chicas tienden a pensar en las posibilidades que les brinda alguna persona para mejorar su calidad de vida, hasta que se dan cuenta del engaño. De hecho, llevamos registrados diez casos de adolescentes que fueron explotadas sexualmente, y otros de los que sospechamos pero no tenemos confirmación.” Por caso, al cierre de esta nota una de las operadoras de Missing Children atendió un llamado telefónico en el que informaron del allanamiento de un prostíbulo en Quilmes, donde explotaban a menores de edad de origen paraguayo.

En la Dirección General de Registro de Personas Desaparecidas bonaerense consideran la explotación sexual de menores como “uno de los flagelos” que creció en la provincia de Buenos Aires durante la última década, mientras que para el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Argentina integra “un circuito internacional del crimen” que administra un negocio de 12 mil millones de dólares anuales en la explotación sexual y laboral de personas, en su mayoría niños, niñas y adolescentes.

La trama desdibuja fronteras para diseñarles nuevos escenarios regionales a lo que Grichener refiere como “esa quita brutal de la cotidianeidad”: tres mil niños y niñas desaparecen cada día en Latinoamérica por secuestros, extravíos o trata y tráfico, según la organización Save the Children, que a fines de julio lanzó la red www.latinoamericanosdesaparecidos.org, para unificar datos de personas desaparecidas, en especial niños, niñas y adolescentes.

“Todo nuevo aporte es necesario, porque la problemática de los chicos perdidos encierra grandes vulnerabilidades pero también procesos institucionales demasiado lentos que deben agilizarse de alguna manera -apunta Grichener–. La información que debería cruzar desde los juzgados al Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas no está llegando. Aún existen denuncias de menores perdidos registradas en un juzgado y los expedientes de esos mismos chicos o chicas que fueron hallados duermen en otro juzgado.” En julio de 2003, cuando fue creado, el Registro de Menores Extraviados prometía ponerles fin a las infinitas fallas del sistema judicial, que en los tribunales de Familia se traduce en despachos sobrecargados de expedientes y una tecnología prehistórica. Tres años después, el capítulo siquiera comenzó a escribirse.

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