las12

Viernes, 19 de junio de 2009

HASTA LAS URNAS

Público significa de [email protected]

Hay grupos para los cuales la calle no es sólo un lugar de paso sino el espacio donde diagramar sus estrategias de supervivencia: mujeres en situación de prostitución o trabajadoras sexuales y vendedores y vendedoras ambulantes saben de esto y saben cuáles son los riesgos de que la gestión de esos espacios quede a merced de políticas excluyentes. Por eso enviaron a las cabezas de las principales listas electorales de la ciudad una encuesta que sirva como guía a la hora de votar. Claro que ni los candidatos de Unión PRO ni de la Coalición Cívica aceptaron contestarla.

 Por Roxana Sandá

Abrir el debate como una gran caja de resonancia en plena campaña legislativa. Eso lograron esta semana las integrantesde la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) luego de presentar en la CTA los resultados de una encuesta a los diez principales candidatos a legisladores de la Ciudad, que sólo contestaron cuatro de ellos. Las Ammar no hallaron eco en el Partido Alianza Propuesta Republicana (PRO) ni en la Coalición Cívica y Social (CC) que optaron por silenciar cuáles son sus plataformas en temas de derecho al espacio público, policía metropolitana y zonas rojas. “Es una verdadera lástima porque luego son fuerzas que impulsan de forma central políticas sobre el espacio público que los electores no podemos conocer con anterioridad”, lamentó la secretaria general de la asociación, Elena Reynaga, en el debate “Espacio público: Código de Faltas y policía de la Ciudad”.

“No estamos en las mismas condiciones que hace quince años, cuando comenzamos a formarnos como organización –advirtió Reynaga–. Creíamos que ser pobres era no ser nada, pero hoy tenemos conciencia de clase y sabemos que el poder lo tenemos nosotras. Hagamos entonces una propuesta para ver cómo vamos a salir a pelear por nuestro derecho al espacio público.”

La premisa embarcó al secretario general de la CTA Capital, Fabio Basteiro, candidato por Proyecto Sur; a la legisladora Liliana Parada, del espacio Solidaridad e Igualdad (SI); al abogado Demián Zayat, de Ammar CTA; a la trabajadora Clarisa Gambera, representante de la Dirección de Niñez y Adolescencia de ATE; al integrante del Colectivo de Vendedores Ambulantes Senegaleses, Bara Sakho, y a la secretaria general de Ammar Capital, Jorgelina Sosa. Sin titubeos, concluyeron que el Código Contravencional es selectivo y discriminador. “Está orientado a perseguir a personas pobres, a migrantes, a manifestantes, a vendedores ambulantes, a minorías sexuales y a las trabajadoras sexuales. Es un sistema costoso y violento que coarta la libertad y nada aporta a resolver los problemas delictivos de esta ciudad”, describió Zayat.

“En esta ciudad, el ingreso per cápita es de 15.000 dólares. Sin embargo, en la zona sur viven 700.000 personas en estado de vulnerabilidad social. Macri está moldeando una ciudad de shoppings y mayor desintegración social confrontada a otra donde una de cada tres personas tiene problemas de vivienda y una de cada cinco padece emergencia habitacional. En 2008, más de 12.000 personas quedaron en la calle”, describió Basteiro.

Este diario consignó las respuestas de los candidatos Francisco Nenna (Frente para la Victoria FPV), Fabio Basteiro (Proyecto Sur), Alejandro Bodart (Movimiento Socialista de los Trabajadores MST) y Roy Cortina (Partido Socialista PS), con coincidencias que promueven un marco de contención para quienes desarrollan actividades económicas de subsistencia en la vía pública y una oposición unánime frente al Código Contravencional, observado como herramienta exclusiva de multa y castigo policial a los sectores vulnerables.

“El espacio público se convirtió en un territorio en disputa, con la imposición de dos modelos claros: uno para pocos, que excluye al otro”, sostuvo Clarisa Gambera, refiriéndose al cuadro de terapia intensiva en el que se encuentran niñas, niños y mujeres con déficit graves en salud y educación, según relevamientos de ATE. “En la actualidad unas 500.000 personas se encuentran en situación de déficit habitacional, de las cuales el 30 por ciento tiene menos de 14 años.”

Los puntos más oscuros del Código Contravencional que enumeró Zayat rodean a una herramienta maquillada de normativa para que la policía labre actas inservibles, “porque el 99 por ciento de las causas quedan archivadas”, confirmó. También se refirió al 0800 fiscal –creada por el fiscal general de la Ciudad, Germán Garavano–. “Una línea para que los ‘buenos vecinos’ denuncien a aquel que consideren raro o diferente. Todo esto se complementa con una política que no quiere trabajadoras sexuales en la calle sino en los boliches, ámbitos propicios para la explotación, la trata y las coimas.”

Reynaga se preguntó cómo será la futura policía de la ciudad, de dónde provienen sus integrantes, con qué capacitación cuentan. “El director del instituto que formará esa fuerza es nada menos que Daniel Pastor, reconocido por su oposición a los organismos de derechos humanos. ¿Será esta nueva policía contravencional más respetuosa? Los antecedentes de quien la está formando y las acciones que lleva adelante la Unidad de Control y Fiscalización del Espacio Público (Ucep) nos dejan serias dudas.”

A su turno, Liliana Parada planteó la urgencia de impedir “que se privatice el espacio público. Debemos echar mano de una primera etapa de resistencia y una segunda de organización. A este aparato represivo montado por el macrismo le está yendo bien porque hay una sociedad que mira para otro lado”. Parada eligió no utilizarlo a favor de su intervención, pero es preciso recordar que su madre fue atacada a patadas por un hombre el 13 de mayo último, en un claro acto intimidatorio que la legisladora vinculó con las denuncias realizadas por hechos de represión institucional en la ciudad.

“No somos una puta más ni una puta menos”, concluyó emocionada Jorgelina Sosa, que cerró el encuentro con un llamado de alerta. “Somos mujeres con derechos. Queremos que la sociedad se integre a nosotras. No contagiamos nada y no le vamos a contagiar el trabajo sexual. No queremos más asesinatos impunes en nuestro sector ni queremos que vuelvan a meternos presas cuando sacamos a nuestros hijos de las escuelas.”

En el aire quedaron demasiados interrogantes. “En la vía pública están prohibidas la oferta y la demanda. Sin embargo, ¿dónde están las actas policiales a la demanda? –reclamó Sosa–. Nos hostigan a todas, pero especialmente a las compañeras migrantes, que soportan toda clase de humillaciones.” Algunas mujeres presentes recordaron que “es común que la policía les diga frases como ‘agachá la cabeza porque no sos de este país’, o ‘sos mi sirvienta’.”

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Imagen: Daniel Jayo
 
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