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Viernes, 25 de octubre de 2013

EDUCACION

Nueva tecnología, viejos vicios

Sin anuncios ni campaña previa, el Gobierno de la Ciudad puso en marcha un nuevo método de inscripción on line para escuelas públicas. De manera “automática” se conocerá qué colegios están disponibles para cada aspirante. La asignación de vacantes ya no estará en manos de un equipo docente sino “del sistema informático” (¿como el buscador de Google?). La norma, entre otras cosas, viola la Ley de Educación, que ampara a las familias en su derecho de elegir institución. La Justicia tiene una semana para frenarla. El libro de quejas está que arde.

 Por María Mansilla

Otra que Según Roxi. Hasta la semana que viene la Justicia tiene tiempo de apaciguar la taquicardia que el gobierno municipal desató en miles de madres porteñas, padres porteños, maestros y maestras, abuelos, madrastras, supervisores y tantos otros actores y actrices que satelitan el mundo de la escuela. Todo comenzó a principios de octubre, cuando se anunció la nueva forma de inscripción virtual. Funcionará, desde el 4/11, para todos los niveles.

¿Y el problema?

Como si fueran pasos de minué, adelantan:

1. Ingresá a buenos aires.gob.ar/inscripcionescolar o llamar al 147.

2. Realizá tu selección de colegios.

3. Recibirás en tu correo la información con la vacante asignada.

La letra chica explica que automáticamente aparecerán cinco instituciones, que los interesados pueden agregar tres más y luego rearmar esa lista poniendo adelante las que más les interesen (léase: las que soñaste para tus hijos, después de meses y dilemas que tomó llegar a la decisión, que da tres contra cinco). Luego, “el sistema te indicará la escuela y fecha en la que deberás presentarte con la documentación necesaria para validar la información”.

Pero en el Reino del Revés nadie baila con los pies. Para UTE y Ctera, la medida es el mensaje. Por eso se presentaron este miércoles ante el defensor general de la Ciudad pidiendo judicializar el caso. Rechazan esta modalidad, argumentan que es discriminatoria (las privadas no entran en la norma), desalienta la inscripción en sectores de bajos recursos económicos, despersonaliza el vínculo escuela-familia, profundiza la brecha digital, fomenta la educación privada y la religiosa, no garantiza la transparencia de la asignación de vacantes (en los Normales, por ejemplo, se hacía por sorteo y de manera presencial), es negligente por no haberse comunicado antes y con la precisión necesaria. Los aspirantes a primaria conocerán el resultado el 9 diciembre. Nivel inicial y secundario no sabrán de su destino hasta el 20 de febrero.

La educación prohibida

Eduardo López, referente de UTE (Unión de Trabajadores de la Educación), es docente en primer año de una nocturna de Soldati que tiene maternal para los hijos de sus alumnas. Cuenta a Las 12 que es común que se acerquen a charlar con él algunas abuelas para consultar cómo anotar a sus hijas (y a sus nietos). Esta vez lo miraron abatidas cuando el profe les explicó el nuevo paso a paso. López enumera otros casos de familias que además de sentir en jaque este derecho quedan presas por la cantidad de repreguntas sin respuesta: las ensambladas, cuyos hijos tienen distintos apellidos (¿se elegirá por nombre o domicilio?, ¿podrán cursar en el mismo lugar?). Mellizos cuyos progenitores prefieren que vayan a colegios diferentes. Madres trabajadoras que necesitan que les quede cerca de la casa de la abuela.

Porque las madres y los padres tenemos la obligación de mandar a los chicos y chicas a la escuela, y también la posibilidad de decidir a cuál. Lo ampara la Ley de Educación: en el artículo 128 establece el derecho a elegir la institución “cuyo ideario responda a sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas”.

En UTE le tienen fe a la Justicia. Les dio la razón al frenar la línea “0800 contra la intromisión política en las escuelas” y cuando el PRO pidió a los docentes “que llevemos a las comisarías la lista de estudiantes que reclamaban mejoras edilicias”, cita López. Esta gestión tiene su historial en relación con la educación pública. Según las cifras más recientes de la ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), en lo que va de 2013, de los $ 255.963.179 disponibles para hacer mejoras edilicias en instituciones estatales, el GCBA usó el 30 por ciento. En el área de Gestión Privada, con un presupuesto mucho más alto ($1.647.824.941) ejecutaron el 55 por ciento. La ACIJ iza la bandera también al denunciar “discriminación estructural” por la falta de oferta de escuelas con jornada completa en el nivel primario en los distritos más pobres, violando así el derecho a la igualdad de oportunidades y a la educación.

Al dar saber les das el alma

Una de las madres que acompañaron la denuncia de la UTE en la Defensoría fue Alicia Tantardini. Su hija ya termina 7°, y anda por ahí orgullosa con el italiano que aprende en el Mariano Acosta. Como lo personal es político, Tantardini pidió explicaciones hasta en el Ministerio. “¿Por qué me tengo que tomar la molestia de poner un dedo en el teclado si mi hija ya es alumna? Vivo en Caballito, pero quiero ese lugar por su heterogeneidad y por su especialidad. No me resisto a las nuevas tecnologías, pero esto mismo, de forma on line, lo pueden hacer los docentes; les están quitando autoridad. Así, vamos camino a las escuelas de San Luis o Chile.”

En otro lugar de Buenos Aires, Inés Martín, coordinadora pedagógica, se reunió con sus compañeras a leer el nuevo método. Les sobraron dudas. “¿Todas las familias que habitan barrios vulnerables (entendidos como zonas de acción prioritaria) tendrán acceso a una computadora y dominarán los rudimentos para realizar esta ‘selección de escuelas’? En nuestro espacio pensamos una estrategia colectiva: poner netbooks a disposición y hacer el acompañamiento solidario docente en el trámite virtual”, cuenta la ex directora del jardín del Barrio Ejército de los Andes.

También está el caso de esta cronista, madre debutante de niño a punto de ingresar a la primaria. Llegué a esta fecha esperando la famosa fecha de inscripción, esquivando la paranoia de mis pares: ¿Y si no conseguís vacante? ¿No hiciste preinscripción en una privada? ¿Por qué no te gusta la doble jornada, ¡si de 7.50 a 17 pasa volando!? Resignada al metrobús, planeaba aprovecharlo y “anotarnos” en un Normal ubicado a 30 cuadritas de casa. El Plan B, también público, era la Escuela Rawson; por referencias pedagógicas pero también, a decir verdad, porque cuando me colé en una kermés me gustó el espíritu de la gente de la cooperadora y porque la estrella de la fiesta fue una nena que tocaba chacarera con el violín (además de la magnolia de la entrada, de la Iglesia de los Navegantes enfrente y de la plaza de San Telmo ahí nomás). ¿Ahora tendremos que ir con la mística a otra parte? (Nunca tuvimos Plan C. Tengo ganas de llorar.)

“Está en juego un elemento de la filosofía política. Y es que la educación requiere de la hospitalidad, y eso se materializa cuando el chico de 5 años y su familia entran a mirarla, a verla, a escucharla –interviene Patricia Redondo, master en ciencias sociales con orientación en educación, profesora de la UNLP–. ¿Qué necesita la madre? Que le calme alguien la ansiedad, saber qué tamaño tiene la puerta del colegio, qué bruja la va a abrir, si tiene ventilador, cómo es el baño, si hay biblioteca. Los padres o quienes cumplan esa función buscan saber cuáles son las percepciones corporales, qué pasa en ese lugar donde dejarán a sus hijos para aprender. Así, con estos sistemas, vuelven la carga sobre la familia: vos elegiste, pero sin elementos para decidir. Anotarlos no es un trámite. Es un acto de inscripción en una institución educativa, un acto de inscripción en términos sociales, culturales, políticos.”

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