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Domingo, 15 de febrero de 2004

RESEñA

Contradicciones

Que parezca un accidente
EL ESTADO FRENTE A LA PROTESTA
SOCIAL. 1996-2002
CELS

Siglo XXI Editores
Buenos Aires, 2003
294 págs.

 Por Esteban Magnani

Lo de Kosteki y Santillán fue un verdadero accidente. Eso es lo que parece plantear el balance publicado por el CELS sobre la relación entre la protesta social y el Estado en los últimos años. El accidente fue que sus asesinos, a diferencia de lo que ocurre cotidianamente en nuestro país, fueron prolijamente registrados por una cámara. Esta vez la versión oficial sobre un enfrentamiento interno entre piqueteros no pudo prosperar y se desnudó un fragmento de una violación sistemática a los derechos humanos que llega hasta el asesinato. Al leer El Estado frente a la protesta social. 1996-2002, publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), queda claro que la violación de los derechos humanos no es una rareza. En sus 25 años de trabajo, esta ONG ha ganado experiencia para comprender que la justicia no puede aislarse del contexto social si quiere seguir siendo eso, justicia; como ellos dicen: “Los derechos humanos resultan ilusorios cuando no existen mecanismos de control”. Su equipo multidisciplinario de cerca de 50 profesionales (abogados, sociólogos, psicólogos y más) dan un apoyo integral a las víctimas de violaciones a los DD.HH. y a sus familias para verificar que la ilusión sea realidad.
Al ritmo del crecimiento de la desocupación y la indigencia, la sociedad cambió, pero buena parte de los jueces se negó a aceptarlo e intentó darles a los excluidos un lugar en el interior del sistema: la cárcel. Ante la falta de respuestas desde el mercado, el patetismo de los políticos y la falta de alternativas, policías y jueces hicieron de cuenta que aquí no pasaba nada inusual y salieron a combatir el hambre esgrimiendo las viejas leyes sobre “libre tránsito”, “propiedad privada” o “defensa del orden público”, como si con eso alcanzara. Como no hay ninguna ley que condene explícitamente a piquetes o cacerolazos, debieron forzar leyes y utilizar artículos pensados para otras realidades. Para confundir más las cosas, el Estado tuvo respuestas caóticas e imprevisibles, basadas en la coyuntura de la protesta; por eso, como dice el libro del CELS, “los planes sirvieron para apagar las protestas y al mismo tiempo las legitimaron”. En este cóctel de palos, planes, muertos y supervivientes, los cortes de ruta, única alternativa al hambre, aumentaron año tras año y en los primeros 6 meses del 2002 llegaron a 268. Las detenciones y juicios también aumentan con cadencia de rutina.
En el recorrido histórico que propone el CELS, que parece pensado sobre todo para abogados, los autores desmenuzan la gran cantidad de cuestiones técnicas legales que se discuten en los juicios a quienes protestan. Su equipo analiza (y destruye) buena parte de los argumentos a los que apelan los defensores de un estado de derecho que en la práctica, con la mitad de su población bajo la línea de indigencia, hace agua por todos lados. Algunos fallos recientes que castigan la protesta social, fomentan el discurso conservador de que cortar una ruta es una violación a los derechos de los ciudadanos honestos y no un acto político basado en el derecho de la libre expresión (por no decir el instinto de supervivencia). Es que, aclaran, el espacio público no es sólo para circular, como nos quería hacer creer la dictadura, sino que también es un lugar de reunión y discusión. El análisis minucioso de muchos casos símbolo, como el de Kosteki y Santillán, y otros menos conocidos que se dieron en prácticamente todas las provincias, plantea la contradicción de un sistema judicial y unas fuerzas de seguridad que se ensucian las manos al servicio de poderes económicos y unos legisladores paralizados que no aciertan a encontrar una solución a la desocupación. Perdidos en el medio, los manifestantes saben que expresar sus reclamos encierra un peligro potencial y prácticamente la pérdida de sus derechos ciudadanos, pero carecen de alternativas. El balance de estos últimos años que hace el CELS y sus propuestas a futuro dejan en claro que la represión a la protesta social no es un accidente sino que es una manifestación de un sistema que ya no sabe qué hacer (ni legal, ni políticamente) con los problemas que él mismo genera.

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