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Sábado, 19 de noviembre de 2011

Costos y debates

Como siempre a fin de año, corre el reloj para renovar la Ley de Patrimonio, mientras queda en claro que el derrumbe va a ser pagado por los vecinos y no por quienes descuidaron su trabajo.

 Por Sergio Kiernan

Una de las peores penas del patrimonio porteño es la indefensión legal. La total convicción del actual Gobierno de la Ciudad de que todo edificio protegido es un lote desperdiciado para su industria favorita. Por eso, llegando fin de año, vuelve siempre el mismo problema, el de renovar la única que ley que frena la piqueta.

La 2548 creó el llamado procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial, que frena la destrucción automática, por ventanilla, de todo lo construido antes de 1941. Fue una medida de urgencia, de crisis, que le entregó excesivo poder a un ente perfectamente desconocido llamado Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, cuyo funcionamiento resulta de lo más improvisado y cuestionable.

Pero pedirle al macrismo que invierta en un ente regulador en serio es como pedirle que reglamente la Ley de Patrimonio (la 1227) o regule la industria de la construcción. Con lo que hay que conformarse con lo que se tiene y defenderlo, y por eso cada noviembre se vuelve a debatir la 2548, que siempre fue aprobada a última hora y en la última sesión del año.

Este martes se vio lo que opina la industria de la construcción sobre el sistema de protección en la reunión de asesores de la Comisión de Planeamiento de la Legislatura. La industria estaba representada a través de una de sus instituciones más confiables, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, CPAU. A falta de un lobista, había dos: Cristina Fernández y Graciela Novoa, que estaban muy cómodas sentadas a la mesa de los asesores, privilegio que no tuvo ningún otro invitado o vecino, que los había variados y todos de pie, sin sillas.

Las lobistas del CPAU rozaron lo insólito en sus ataques a dos proyectos que molestan, el de ampliar el Area de Protección Histórica 1 y el de renovar la ley 2548. Por ejemplo, afirmaron muy sueltas de cuerpo que hay 32.000 edificios catalogados, cifra que sería una utopía, pero que no es exacta ni remotamente. Fernández afirmó cosas como que tanta casa catalogada es la razón por la que Buenos Aires está degradada, porque masas de vecinos dejan caer sus propiedades para cuerpear la protección.

Como Fernández y Novoa tienen su trayectoria en patrimonio, la conclusión es que el CPAU las mandó a decir estas cosas. Novoa es, por ejemplo, coautora de la base de datos de edificios patrimoniales porteños del Centro Gis, institución que tendrá curiosidad en saber por qué anda hablando pestes del patrimonio. Fernández es autora del proyecto de restauración del Museo Etnográfico de la calle Moreno. Ambas fueron funcionarias municipales, en el área de patrimonio, ganaron contratos, dan clases. ¿Habrán tenido un cambio de convicciones radical? ¿O simplemente será que ahora que trabajan para el CPAU dicen lo que dicen?

Los proyectos para renovar la 2548 este año son tres. Uno es de Martín Hourest y otro de Patricio Di Stefano, que básicamente se limitan a renovar la ley. El tercero, que apareció el mismo martes en la mesa, es de Eduardo Epszteyn y amplía el plazo a dos años. Epszteyn avisó que no quiere complicar las cosas ni que nadie use su proyecto alternativo para embarrar la cancha o demorar las cosas. El martes hay nuevamente reunión y se espera atención perfecta de ONG y vecinos para ver qué pasa.

El derrumbe

Otro tema que se debate en la Legislatura es el derrumbe en la calle Bartolomé Mitre, donde cada vez queda más claro que el gobierno porteño admite cierto grado de culpa y que los ciudadanos vamos a pagar el pato, literalmente y al contado. Como pasa siempre que hay un derrumbe o un accidente, el gobierno súbitamente se transforma en, digamos, la administración de Amsterdam y reacciona con una velocidad rara de ver. El sábado pasado unos vecinos de la calle Garay llamaron al 147 porque una excavadora estaba golpeándoles las paredes al cavar los cimientos de un edificio. Ahí ocurrieron tres verdaderos milagros: les contestaron el teléfono, les enviaron inspectores en minutos y esos inspectores cerraron la obra aunque no era evidente que hubiera peligro. El celo llegó al nivel de crear un gran despliegue en la placita Dorrego cuando se cayó una estantería en un restaurante. Era una estantería grande, pero en lo cotidiano resultaría imposible lograr que alguien venga por eso.

Pero más allá de estas cosméticas que pasarán con los días, nada indica que el macrismo vaya a hacer algo de fondo. Simplemente les va a pagar a los vecinos por el accidente y por lo perdido, que es todo en varios casos, y no va a hacer en serio nada que afecte a su verdadera base, las empresas de la construcción. El proyecto que presentó Martín Hourest para ayudar a los damnificados da una idea de la cuenta que pagaremos los porteños y no la empresa que causó el derrumbe.

Hourest propone expropiar el edificio y otorgar a cada propietario una suma de dinero “suficiente para la compra de otra unidad funcional de condiciones similares” a precio de mercado. El convenio con estos vecinos incluye que la Ciudad pague comisiones y escribanos, y un subsidio de hasta 50.000 pesos para reemplazar los objetos perdidos en la catástrofe. Quienes alquilaban recibirán además el equivalente a seis meses del último alquiler. Todos tendrán que renunciar por escrito a hacerle juicio a la Ciudad. Este mucho dinero ¿será recuperado con el seguro de la constructora?, ¿o con las multas que le hagan pagar?

Para quien considere exagerado pensar que el macrismo protege a la industria de la construcción como a nadie, vale recordar el informe de la Administración de Riesgos de Trabajo, que indicó que en nuestra ciudad se detectaron 833 obras sin plan de seguridad, de las que 50 ya tenían los cimientos cavados y 15 fueron clausuradas de inmediato por el nivel de riesgo. Un detalle revelador es que hubo 5000 denuncias, pero el gobierno porteño sólo atendió 71 casos.

Encuentros

Hubo dos reuniones recientes sobre temas de patrimonio. Una fue el 11 del 11 del 11, un viernes que según los cabalistas podía hasta ser el fin del mundo, pero resultó apenas calurosa. En el auditorio de la Asociación de Abogados de Buenos Aires se habló de derrumbes, leyes sin reglamentar, chicanas oficiales y la vasta placidez con que el macrismo deja hacer, y por tanto la necesidad de movilizar recursos para amparos y demás judicializaciones de la agenda patrimonial. La audiencia eran abogados interesados, que escucharon a la secretaria de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural porteña, Mónica Capano, al asesor del diputado Nenna Manuel Ludueña, al arquitecto Jaime Sorín, al editor de este suplemento y a tres abogados fogueados en la temática, Pedro Kesselman, Guillermo Blousson y María Carmen Usandivaras. Los presentes entendieron al vuelo la situación y ya están trabajando para crear en la ABA un grupo que ayude a defender el patrimonio.

El otro encuentro fue mucho mayor, con un público que llenó la vieja sala de representantes en la Manzana de las Luces. La Jornada de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad sobre Patrimonio Arquitectónico y Cultural fue abierta por la defensora Alicia Pierini y por uno de sus adjuntos, Gerardo Gómez Coronado, y tuvo sus momentos polémicos. Pierini arrancó hablando de la ley 2548, que protege en particular bienes creados antes de 1941 y en la que ella se considera “comprendida en las generales de la ley”. Gómez Coronado siguió destacando la tarea de las ONG y plantear ideas como que la identidad barrial tiene sustento físico en edificaciones concretas, en paisajes construidos. “El desarrollo no se puede llevar puesta a esta historia”, remarcó el adjunto.

En los dos paneles hablaron Mónica Capano, los diputados Silvina Pedreira, Patricio Di Stefano y Sergio Abrevaya, nuestro columnista Facundo de Almeida, el presidente de la SCA Enrique García Espil, el director del Plan Estratégico, Andrés Borthagaray, la directora general de Patrimonio e Instituto Histórico porteño Liliana Barela, la directora de la Comisión de Planeamiento de la Legislatura Bárbara Rossen y la directora de Patrimonio rosarina, María Laura Fernández Milani. Como se verá al leer esta lista, hubo chispazos.

Los mayores los causó Barela, la única funcionaria del Ejecutivo de la Ciudad que aceptó presentarse. Barela lucía un nuevo peinado con trencitas a lo Bo Derek, pero lejos de relajarse estuvo implacable. Su tema fue la imperiosa necesidad de que los vecinos y las ONG no se metan más en temas de patrimonio, idea que la llevó a decir frases notables. Una fue que el pueblo sólo gobierna a través de sus representantes, que lo que vale “son los votos” y que hay que escuchar “a los que legislamos”. Lo curioso es que Barela es una funcionaria nombrada, con lo que no es ni representante, ni votada, ni legisladora, aunque sí es historiadora, como se ocupaba de subrayar cada vez que el público reaccionaba. Pese a que se dedica, teóricamente, a velar por el patrimonio de la ciudad, Barela considera que “tiene tanto derecho el que quiere vivir en una casa con jardín como el que quiere hacer negocio”. A la hora de las preguntas, Barela fue protagonista y recibió durísimas críticas de los vecinos presentes.

El segundo panel era el de arquitectos y terminó con un cruce entre García Espil y Rossen. El presidente de la Sociedad Central de Arquitectos está últimamente tomando cada oportunidad que tiene para hacer lobby contra la preservación y esta vez dijo cosas casi Barelistas, como que nadie sabe nada de patrimonio fuera de la Facultad de Arquitectura.

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