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Sábado, 21 de julio de 2012

Ciento por ciento

Mientras crecen los repudios por la remoción de Mónica Capano, el Caap vuelve a autorizar absolutamente todas las demoliciones que le pidan.

 Por Sergio Kiernan

El golpe del macrismo para terminar de liquidar toda oposición institucional a las demoliciones y capar la ley de patrimonio sigue haciendo ruido. Como se sabe, el jueves pasado el PRO presentó un proyecto para cambiar los miembros de una entidad que ahora vuelve a ser sello de goma, la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad. Entidad conjunta del Ejecutivo y el Legislativo, la Comisión no servía más que para que sus titulares y miembros editaran libros y tuvieran tarjeta con escudito, y su secretaría general era tradicionalmente reservada a la oposición. La sinecura se transformó en algo real cuando fue nombrada al frente la kirchnerista Mónica Capano.

Capano es formada en literatura y es profesora de latín, anda cargada de libros de acá para allá, escribe y bien, y siempre hace tres o cuatro cosas a la vez mientras piensa en qué más puede hacer. Al frente de la Comisión descubrió que la entidad tenía un asiento en ese otro sello de goma que recibió poderes y ahora volvió a ser un sello de goma, el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales. Y ahí se enteró de las cosas que hacía el tal Caap...

El Consejo era, literalmente, un cuartito en el Mercado del Plata donde se reunían sus miembros –los que iban– a “asesorar” al ministro de Planificación, ahora de Desarrollo Urbano, en cosas de ladrillos viejos. Su rol solía cerrarse en dar excusas para demoler o dar letra para proyectos “culturales”, sus decisiones no eran vinculantes y francamente nadie le daba demasiada bolilla. De hecho, su eminencia gris era Susana Mesquida...

Todo esto cambió recién asumido Mauricio Macri con la explosión patrimonialista, que tomó por sorpresa a su flamante gobierno. El PRO puso los votos para la primera ley de protección del patrimonio, propuesta por la entonces diputada Teresa de Anchorena, que protegía en principio todo lo construido antes de 1941. El Caap pasaba a tener la decisión primera sobre los pedidos de demolición, aprobándolos o enviando el caso a la Legislatura para su eventual catalogación. De golpe, el Consejo tenía poder, sus decisiones sí eran vinculantes y las consecuencias muy concretas, en dinero y patrimonio perdido. El cuartito, sin embargo, siguió siendo el mismo, como Mesquida.

Aquí entra Capano, asombrada por los criterios con que se dejaba demoler, la total reluctancia a frenar los negocios, la simpatía orgánica a “la industria”, el abuso constante de términos como “carga potencial” y la indiferencia de fondo al patrimonio. Capano empezó a decir que no, discutir, convencer, animar a otros. Y empezó a revisar la chapucería con que se hacían cosas que tienen valor de actos de gobierno. Por ejemplo, que el titular formal del Consejo, el director general Antonio Ledesma, nunca fue siquiera a una sesión. Ni una. O que el Consejo inventara “barridos” no autorizados por la ley o aceptara “reconsideraciones” que no tienen asidero ni en los reglamentos. Mientras llegue el incumplimiento de los deberes de funcionario, Capano se dedicó a discutir estas libertades.

Por supuesto, el Consejo autorizó una amplísima mayoría de demoliciones, con lo que era apenas un fastidio menor para los socios del macrismo. Pero Capano hacía ruido y había que acallarla. Primero fue el ministro de Cultura, Hernán Lombardi –cuyas representantes en el Consejo votan contra el patrimonio con entusiasmo y bronca a quien las critique– que intentó ahogar económicamente la Comisión, aunque ni siquiera fuera plata suya. Luego amagaron reemplazar a Capano. Finalmente, hubo que invertir fuerte.

Eso ocurrió el jueves pasado, en la sorprendente sesión de la Legislatura. En la lista de temas a tratar sobre tablas, sin debate, aparece un proyecto para nombrar nuevas autoridades y miembros de la Comisión. El texto había entrado por mesa de entradas la noche anterior, no había pasado por ninguna comisión, ni siquiera la de Labor Parlamentaria, y venía firmado por la macrista Lía Rueda, que preside la Comisión de Cultura, y por los diputados Raffo y Basteiro, de Proyecto Sur.

Ver la transcripción de la sesión es inolvidable: a los gritos, violenta, arbitraria, con votos que partían hasta al bloque cofirmante, y truculenta hasta con los insultazos borrados (los taquígrafos de la Legislatura cuidan las formas). El resultado fue sacar a Capano y poner a un obediente Ricardo Pinal Villanueva en su lugar.

La lista de repudios a esta transparente maniobra es larga: el ex decano de la FADU Jaime Sorín, el historiador Milcíades Peña, miembros y comisiones de cultura de todas las comunas porteñas, Basta de Demoler, Proteger Barracas, SOS Caballito, las ONG de La Boca, Boedo y Floresta, los Amigos del Lago de Palermo, el defensor adjunto del Pueblo porteño Gerardo Gómez Coronado, Irene Karakachof, el ambientalista Manuel Ludueña, los Vecinos de La Cuadra, el Centro por la Cooperación, la Asociación de Abogados de Buenos Aires y una interminable lista de personas y personalidades, incluyendo la cantante y diputada porteña Susana Rinaldi, cuyo texto se publica aparte.

Es llamativo que lo que fuera un sello de goma despierte semejantes repudios y solidaridades. Y es notable cómo el PRO vuelve a pagar costos políticos para proteger al sector económico al que le debe tanta lealtad. Pero no sólo lo paga por eso, la remoción violenta de Capano es una ofensiva contra el Frente para la Victoria gestada desde comienzos de mes, que incluyó trucos como pedir a diputados diversos nombres de asesores para “una comisión de temas patrimoniales dentro de la Comisión de Cultura”. Algunos de esos asesores terminaron como vocales de la nueva Comisión, laderos de Pinal.

¿Y por qué aparecen esas firmas apoyando a Lía Rueda, y luego aparecen votos hasta de bloques que votaron divididos? En la Legislatura señalan la coincidencia de que súbitamente, entre el viernes de la semana pasada y los primeros días de ésta, se desbloquearon varios contratos para asesores de los diputados que pusieron el voto. No parece ser el caso del diputado Pablo Bergel, de Proyecto Sur, que le mandó una carta a Capano explicando que no fue a la sesión porque estaba enfermo, pero que se disculpa porque su bloque “promovió o posibilitó esa desgraciada decisión”.

Donde la noticia cayó muy bien fue en el Caap, donde se libraron de una enemiga. Susana Mesquida y su socia de facto Graciela Aguilar hasta hacían bromas de que se merecen un aumento de sueldo. Mesquida, empleada municipal de décadas, tal vez lo necesite, pero Aguilar tiene una curiosa carrera privada de arquitecta... dedicada al patrimonio contra el que vota en el Consejo, un tema que merecerá un estudio detallado.

El verdadero festejo fue que en la reunión de este martes el Caap volvió a votar en contra de todas, absolutamente todas las protecciones patrimoniales. Hubo un ciento por ciento de aprobación a los pedidos de demolición de privados, gracias también a la nueva representante de la Comisión de Planeamiento de la Legislatura Ana Pusiol y al del CPAU Juan Manuel Urgell, especialistas en gestión ambiental y en empresas inmobiliarias, respectivamente.

Dos alegrías

Por suerte, no todas son lágrimas. Proteger Barracas comunicó una alegría, de las pocas que tenemos los porteños en estos días. El decreto 1113/2012 convierte en “Monumento Histórico y Artístico Nacional” a la iglesia linda de Santa Felicitas, en Isabel La Católica al 500, justo enfrente de la vandalizada –por el gobierno porteño– plaza Colombia. Santa Felicitas es de 1873, pero está cargada de historia como pocos edificios de esta ciudad. Por un lado, fue erigida como capilla privada de lo que era todavía una estancia en recuerdo de Felicitas Guerrero, viuda joven asesinada por un enamorado despechado, y todavía hoy tiene el anómalo estatus de ser una iglesia con escala urbana pero no ser parroquia.

Y por otro lado es una obra de nuestro primer arquitecto, Ernesto Bunge, que estudió en la Real Escuela de Artes de Krefeld y en la Real Academia de Arquitectura de Berlín, en Alemania. No extraña, entonces, que el edificio sea una pieza muy lograda de neogótico en el estilo romántico alemán, con esculturas también alemanas y un notable órgano restaurado hace una década. Las pinturas interiores cubren completamente techumbres y muros, jugando con los vitrales, y siguen en buen estado gracias a una restauración del maestro Augusto Juan Fusilier de la década del sesenta.

Santa Felicitas guarda además un tesoro urbano que ya debe ser único en Buenos Aires y probablemente en Argentina. Al ser capilla privada no sufrió los vaivenes de la moda como otras iglesias y, por ejemplo, nunca fue electrificada debidamente. Hay algún cable por ahí y por allá, con lámparas improvisadas, pero el edificio tiene en su lugar lo que quizá sea el último sistema más o menos completo de iluminación a gas. ¿Qué tal restaurarlo y poder mostrarnos cómo se veía el mundo con esa luz?

Y ya que hacemos preguntas, ¿cuánto más tardará la manoseada restauración de los bronces del mástil en la plaza, justo enfrente del templo? El gobierno porteño dijo que andaba pidiendo presupuesto para las masivas piezas que tiene tiradas en el barrio del parque Tres de Febrero desde hace más de un año.

Otros que también festejan son los del pueblo viejo de Liebig, en Entre Ríos, gente que vive en un raro tejido urbano, el de un pueblo planificado alrededor de lo que fuera una enérgica planta industrial. Liebig nació en 1863 para fabricar extracto de carne y carnes enlatadas, maravillas de la tecnología victoriana que llegaron a todos los rincones del mundo (en la India todavía puede pedirse, en algún pueblo, un “liebig” en lugar de viandada). El lugar fue minuciosamente planificado y fue el primer pueblo argentino en tener tendido completo de luz eléctrica, red de agua corriente, sanitarios en todas las casas y hasta una planta de hielo.

Quien lo visite hoy se encontrará con un centro de grandes cuadras de vago aire criollo, una central con galería perimetral, y un barrio de casas para el personal jerárquico que parece un conjunto de chacras suburbanas con un gran fondo compartido en el que ya creció un bosquecito. Todo esto, más la planta industrial, el balneario y el centro deportivo acaba de ser proclamado por el gobernador Sergio Urribarri como lugar histórico-cultural de la provincia. Con lo que todos los edificios, privados y públicos, su contenido, instalaciones y mobiliario pasan a ser controlados por la secretaría de patrimonio de la provincia.

Gran idea: Liebig es un lugar único en el país, está pegado a Colón y tiene un potencial turístico importante, previa restauración.

La torre fatal

En temas de arquitectura comercial argentina, la historia se repite y repite, como farsa y también como papelón. Es el caso de esta humorada salida del Auto CAD de alguien que entró a la FADU alguna vez soñando ser un creador. La mala broma está en Coghlan, donde se acaba de anunciar un “emprendimiento” llamado Palacio Roccatagliata, una supertorre en dos volúmenes que sobrepasa por mucho las alturas del lugar y que deja a la linda quinta de los Roccatagliata reducida a una maqueta. Y, conociendo estos emprendimientos, a un ammenity.

El mal gusto del diseño queda más que destacado por la exageración del marketinero a cargo, que hasta diseñó un escudo de armas para el edificio. Está bien que los argentinos llamamos “palacio” a cualquier edificio grande, tal vez por falta de sinónimo o rechazo a frases como “hotel de ville”. Pero abusar del inflador para vender algo tan derivativo, ramplón y común...

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