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Sábado, 19 de marzo de 2016

A la Justicia por las tierras

Las ONG de la campaña Buenos Aires No se Vende pidieron un amparo para frenar la audiencia pública del 29. El problema es la opacidad de la ley de venta de terrenos, la falta de información y de números concretos.

 Por Sergio Kiernan

El larretismo parece estar proponiéndose como una etapa superior del macrismo, una que quiere privatizar en serio la ciudad que gobierna. Lo que el actual presidente hizo fragmentariamente, más como tendencia natural a favorecer los negocios de “su” industria, Horacio Rodríguez Larreta lo está pensando como una política de Estado, la única que se le conoce. El actual jefe de Gobierno porteño piloteó el proyecto de creación de una Agencia de Bienes, Sociedad del Estado, con el poder de vender cualquier propiedad de la Ciudad al norte de la Avenida San Juan. Como ya existen la Corporación Sur y la Corporación Puerto Madero, con iguales poderes en sus zonas, la Agencia de Bienes completa el instrumental para liquidar la propiedad pública y abrir muchos, muchos lotes a las torres y los desarrollos especulativos.

La Ciudad es rica en propiedades, con lo que la escala del negocio futuro es realmente grande. Buenos Aires no sólo tiene miles de edificios y casas que por una razón u otra –impuestos impagos, falta de herederos– quedaron en su propiedad, sino que es dueña de la tierra de muchas instituciones nacionales y privadas. Esto es una herencia de los tiempos, previos a la reforma de 1994, en que la Capital era gobernada por el presidente vía un intendente gobernado a dedo. Por eso, tantísimas instituciones federales están asentadas sobre tierras municipales, cedidas o prestadas en comodatos diversos. Desde que se capitalizó Buenos Aires y se dibujaron sus actuales límites, en 1881, la municipalidad compró campos enteros para trazar un nuevo tejido urbano, con lo que los terrenos nunca faltaron.

Que la Nación y la Ciudad estén en manos de socios políticos permite ahora negocios que antes eran imposibles. No es difícil imaginar la respuesta del gobierno kirchnerista a la noción de echar al Tiro Federal para hacer torres en sus quince hectáreas... pero Mauricio Macri guarda un silencio complaciente. Con lo que la lista de lotes a abrir es potencialmente enorme y la consecuencias para nuestra ciudad realmente graves. Es que en ningún momento se habla de abrir necesarios parques o plazas, de crear espacios públicos: siempre se planea construir.

Esta verdadera emergencia ciudadana resultó en un llamado a la acción bajo el nombre de Buenos Aires No Se Vende, que reúne a la Asociación Civil Vecinos de Belgrano, a Basta de Demoler, la Asociación por la Justicia Ambiental y al Observatorio del Derecho a la Ciudad, entre otros grupos vecinales. El nuevo grupo-paraguas está difundiendo esta temática, repartiendo información y ligando ventas diversas en la Ciudad, como para que todos entendamos qué se viene. Así, resulta que al mismo tiempo se habla de crear un “Centro de Innovación” en el Tiro Federal, que según parece es más hoteles y oficinas que laboratorios, venderle la Casa Amarilla a Boca para otro estadio, privatizar de una vez el Design Center, dejando un muñón para el Centro Cultural Recoleta, concesionar terrenos en la Costanera, vender terrenos en el Dorrego y privatizar el subsuelo de la plaza Houssay, entre muchos otros curretes.

Ante semejante ofensiva, el flamante grupo decidió recurrir a la Justicia para frenar el avance de las ventas. Resulta que la creación de la Agencia inmobiliaria necesita de una ley de doble lectura. La primera fue en la ya tradicional “sesión ómnibus”, la última del año en la que siempre se pasan en el malón diversos negocios, que fue el 3 de diciembre. Pero para poder votar el proyecto de nuevo hay que hacer audiencias públicas, la primera llamada para el 29 de marzo próximo. Las organizaciones vecinales acaban de presentar un amparo ante la Justicia porteña para que esta audiencia se posponga.

El pedido ante el juzgado en lo contencioso, administrativo y tributario 12, que preside la jueza María Soledad Larrea, se basa en la completa opacidad del proyecto presentado. La audiencia se convocó solamente con el texto de la ley, que no informa mucho sobre los objetivos de la futura Agencia. Por ejemplo, ni siquiera se sabe exactamente cuántas propiedades se transfieren al nuevo ente, ni con qué criterios se los podría vender o se los tendría que conservar. En ninguna parte hay algo remotamente parecido a un informe social, económico o ambiental, ni se habla de la densificación o la infraestructura de proyectos que sí se conocen, como el del Tiro Federal. Ni siquiera se aclara qué se va a hacer con los dineros recaudados.

Los demandantes explican, con toda razón, que semejante convocatoria es una “parodia” del mecanismo de democracia participativa que originó las audiencias públicas. Se supone que los vecinos pueden hacerse escuchar ante sus legisladores y darles información sobre temas específicos que les interesan. La desinformación del proyecto de ley realmente hace imposible semejante cosa.

Non gratos

Para dar una idea del rechazo que despierta estos proyectos de venta, basta visitar reuniones como la que organizaron desde la Asociación Civil Vecinos de bajo Belgrano el once de marzo. El primer indicio es que la reunión fue en el salón de los Scouts de la parroquia Santiago Apóstol: cuando el párroco te presta el salón... El segundo indicio fue que el encuentro estaba patrocinado por el consejo consultivo de la Comuna 13 y había sido convocado con fuerza por todas las ONG de la región metropolitana norte. La tercera es que simplemente ya no cabía más gente en el salón.

Los momentos de entusiasmo se vivieron cuando el presidente del Tiro Federal simplemente desmintió a Larreta, que había dado a entender que todo estaba conversado con la comisión directiva de la entidad. El hombre hasta anunció que van a ir a la justicia para que no los desalojen. Mientras hablaba, se repartían printers de una pantalla del gobierno porteño que anunciaba, en inglés, la “oportunidades de inversión” en los terrenos, sin mención del supuesto centro de novedades y proyectos. Como la página fue borrada de la página del gobierno, el printer servía de prueba de lo que se planea. Luego fue muy aplaudido Miguel Pato, un especialista en territorios que contó que había asesorados proyectos de uso de nuevas tierras en algo así como 26 países. Pato, nacido en Belgrano, subrayó que tantísimos proyectos salen mal lporque no se insertan en alguna estrategia urbana y que en general no le dejan ni siquiera dinero a la ciudad, como ocurrió con el caso de Puerto Madero. Pato fue muy aplaudido cuando definió este tipo de negocios como “típicos de empresarios berretas y aprovechadores”. En la misma línea habló Sergio Abrevaya, presidente del GEN porteño, ex presidente del Consejo Social Económico y ex legislador porteño, y por tanto conocedor de cómo se arman este tipo de leyes.

Pero lo más fuerte fue la ola de repudios concretos que se presentaron y fueron aprobados por aclamación. El primer palo fue para la Sociedad Central de Arquitectos, que públicamente colabora con el proyecto. Los vecinos no podían creer que una entidad pública de especialistas se comprara la venta de terrenos así tan fácil, con la idea de darle “trabajo” a alguno de sus miembros y cobrar el fee de organizar algún concurso. Peor les fue a los 44 diputados porteños que votaron el 3 de diciembre a favor de la ley. Colectivamente, el bloque entero del PRO, diez diputados del FpV y los legisladores Cerruti, Ibarra, Muñoz, Form y Palmeyro fueron repudiados y declarados personas non gratas en el barrio. Un diputado que se abstuvo fue declarado “personaje dudoso” y sólo serán admitidos los diputados que votaron en contra: Bergel, Bodart, Campagnoli, Camps, Del Corro, Ferraro, Ferreyra, González Gass, Gorbea, Nosiglia, Oliveto Lago, Possi, Arce y Vero.

Para politizar el tema, se discutió llamar a una consulta ciudadana sobre la conformación de la Agencia y la venta de tierras. Resulta que buena parte de los 44 legisladores que dieron el sí en la votación no se reelegían, con lo que tenían que arreglar conchabos o modos de vida a futuro, por no pensar en lo peor. La idea es usar ese raro mecanismo constitucional que permite enmendarles la plana a los legisladores y obligarlos por la fuerza a escuchar la voluntad ciudadana. El proceso, se explicó, arranca con una masiva campaña para juntar firmas.

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Imagen: Leandro Teysseire
 
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