SANTA FE › DEMORAS DE LA UNL PARA CUMPLIR CON EL FALLO JUDICIAL QUE LE ORDENABA INVESTIGAR EL GRADO DE TOXICIDAD DE AGROQUíMICOS QUE SE USAN EN SANTA FE

El tiempo que pasa es salud que huye

El magistrado que ordenó los análisis es el mismo que falló en San Jorge a favor de las denuncias de vecinos linderos a campos que eran constantemente fumigados en forma terrestre y aérea. Todos habían manifestado algún tipo de trastorno de salud en sus familias.

 Por José Maggi

La Universidad Nacional del Litoral se tomó más de tres meses para contestar una medida judicial que le ordenaba analizar "el grado de toxicidad" del glifosato y otros agroquímicos, pidiéndole al juez interviniente que le especifique qué tipo de análisis y sobre cuáles agroquímicos deberían concretarse. De paso le advirtió al magistrado que "recién entonces la Universidad podría contestar si está en condiciones de hacer la pericia". La respuesta no cayó bien el juzgado de San Jorge, cuyo titular intimó a la UNL a cumplir en tiempo y en forma con el dictamen, cuyo plazo expira en dos meses.

Se trata del ya famoso fallo de San Jorge, gestado a partir de la denuncia de varios vecinos de un barrio lindero con campos, que sufrían los efectos de las fumigaciones aéreas y terrestres. El magistrado, después de comprobar la graves afecciones -entre otras de la hija de la denunciante que sufría fuertes ataques de asma luego del paso de avionetas fumigadoras, ordenó una zona libre de fumigaciones con todo tipo de agroquímicos en una zona de 800 metros en derredor del barrio. El juez Tristán Martínez también invirtió la carga de la prueba y la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe al confirmar el fallo en diciembre de 2009 le otorgó a los Ministerios de Salud, Producción y Agricultura, seis meses para conjuntamente con la UNL relevar el grado de toxicidad de los agroquímicos más utilizados.

Qué dicen los documentos enviados por la universidad

El documento enviado por la secretaria administrativa de la UNL María de los Milagros Denner esta fechado el 9 de junio y reza ".. a los fines de poder contestar si esta Universidad se encuentra en condiciones de realizar la pericia solicitada se deberian requerir datos precisos respecto de cuáles son los productos sobre los que la pericia debería expedirse acerca de su 'grado de toxicidad' ya que tanto del oficio recibido como de la copia de la sentencia adjuntada al mismo no surge con precisión cuales son estos productos. Asi mismo debería hacerse saber que el plazo de seis meses otorgado para realizar la pericia podría resultar exiguo para la realizacion de los estudios que se requieran".

Por si quedaban dudas, el escrito también se permite recordarle al juez que "la presidenta Cristina Fernández creó en el mes de Enero de 2009 la Comisión Nacional de Investigación para que estudie la problemática causada por agroquímicos y que dicho organismo produjo a través del Comité de Etica del Conicet y el Consejo Científico Interdisciplinario ad hoc un análisis vinculado al estudio de los efectos del Glifosato y sus formulados sobre la salud humana y el ambiente".

El documento fue firmado por el ingeniero Daniel Scacchi, director Cetri Litoral y por el ingeniero Eduardo Matozo Secretario de vinculación tecnológica, y enviado a la directora de Asuntos Jurídicos de la UNL María Silvia Gómez Bausela, quien que a traves de Denner se lo reenvió al juez de San Jorge. Lo curioso también es que Scacchi Matozo lo enviaron el 12 de mayo a sus superiores, que demoraron un mes en girarlo al juez. Bastante displicencia para un tema que se discute a diario en toda la provincia.

Quién va a hacer los análisis

Resulta curiosa la respuesta de la UNL sobre la posibilidad de concretar allí sus estudios: entre sus especialistas está Rafael Lajmanovich, un investigador que ya tiene realizado un estudio sobre el impacto del glifosato en embriones anfibios. El especialista reconoció ante Página/12 en su edición del 11 de mayo que no había sido consultado hasta ese momento sobre las pericias. La orden judicial llegó a la Universidad el 15 de marzo.

El nombre de Rafael Lajmanovich se vuelve recurrente para cualquiera que se introduce al mundo de los agroquímicos en Argentina. Investigador del Conicet, doctor en ciencias naturales y profesor titular de ecotoxicología en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), de perfil muy bajo, y reacio a la prensa. Lajmanovich comenzó a investigar los efectos de los químicos agrarios hace trece años, cuando el monocultivo comenzaba a creer geométricamente y pocos hablaban del glifosato, el endosulfán y otros productos básicos de los agronegocios. En esa nota el científico advertía que no había que reducir el debate sobre agroquímicos a un solo producto (el glifosato) y afirmaba que el debate debía incluir a todos los sectores involucrados, "en especial a los pobladores locales, en muchos casos rehenes de un modelo productivo poco sustentable". En esa oportunidad alertó también sobre las consecuencias del modelo agropecuario, confirmó los efectos nocivos en los anfibios, llamó la atención sobre la falta de estudios en humanos, echó sospechas por la falta de información en la sociedad, denunció la primacía de la rentabilidad por sobre el ambiente y la salud, y aportó una mirada crítica al accionar del mundo académico y científico.

Qué dice el fallo

La resolución de primera instancia del juez Tristán Martínez fue apelada por la Provincia de Santa Fe y la Cámara, en un fallo de diciembre último, confirmó el pronunciamiento de primera instancia.

Así, la Cámara estableció la prohibición de fumigar ya sea terrestre o en forma aérea y en los límites señalados. "Tal prohibición lo será por un plazo de seis meses contados desde que quede firme la presente, lapso en el cual el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la Provincia deberá presentar al juez un estudio conjuntamente con la Universidad Nacional del Litoral en el área que estime el mismo pertinente acerca del grado de toxicidad de los productos identificados al postular y si por los mismos es conveniente continuar con las fumigaciones o no".

Asimismo, indicó que "el Ministerio de Salud efectuará durante igual lapso un estudio en los barrios comprometidos que permita discernir si durante ese período, las posibles afecciones que se denunciaran disminuyeron o no. Fecho lo cual y conforme el resultado obtenido, el Sr. Juez a cargo se expedirá sobre si corresponde continuar con la prohibición o bien adoptar una decisión distinta".

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El fallo de San Jorge invertía la carga de la prueba y debían probar que no eran tóxicos los agroquímicos.
 
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