Desde Santa Fe

El ex subsecretario de Seguridad Comunitaria, Enrique Font, fue acusado en las Cámaras de Senadores y Diputados por una supuesta denuncia que consideró a los legisladores del PJ y el Pro que rechazaron su pliego en la última Asamblea Legislativa como partícipes de un "toma y daca" y vinculó a cuatro de ellos -las diputadas Alejandra Vucasovich, Silvia De Césaris y Marcela Aeberhard y el senador Joaquín Gramajo-, con "grupos narcopoliciales" que operaron con ese objetivo. Gramajo le planteó a Font una cuestión de privilegio, solicitó que lo citen a "ratificar o rectificar" las acusaciones y anunció que si se ratifica enviará todos los antecedentes al fiscal de turno y se despojará de sus fueros para que sea investigado por la justicia. El pedido pasó a la comisión de Asuntos Constitucionales que resolverá el jueves que viene. Mientras que en la otra Cámara, el diputado Héctor Acuña consideró "un bochorno y una vergüenza" que Font "levante el dedo" y "nos acuse de ser socios de los narcotraficantes" y desafió al bloque del Frente Progresista a rechazar "estas aberrantes imputaciones antes de que tengamos que interpelarlo" en la Presidencia.

Los senadores y diputados del PJ reaccionaron ante una nota del periódico digital Redacción Rosario publicada el 3 de mayo -el mismo día de la Asamblea Legislativa que rechazó el pliego﷓, que atribuyó a Font ser "el pato de la boda de las tensiones gobierno﷓oposición en la Legislatura y de las disputas internas del PJ", considerarse víctima de un presunto "toma y daca" en el habrían participado los 41 legisladores que no lo votaron y acusar a Vucasovich, De Césaris, Aeberhard y Gramajo de militar en "espacios sensibles a incidencias y operaciones de grupos narcopoliciales".

Ayer, ocho días después de la publicación y tras los planteos de Gramajo y Acuña en ambas Cámaras, el portal publicó una desmentida a medias: atribuyó la denuncia sobre el presunto vínculo de los cuatro legisladores "con grupos narcopoliciales", ya no a Font, sino a una fuente anónima "que transitó largamente la Legislatura". Pero nada dijo sobre el "toma y daca" que -según el ex funcionario﷓ "prima en la Legislatura".

Gramajo fundamentó la cuestión de privilegio contra Font en el artículo 51 de la Constitución de la provincia ("Ningún miembro de ambas Cámaras puede ser acusado, perseguido o molestado por las opiniones o los votos que emita en el ejercicio de sus funciones"), solicitó que sea votada sobre tablas y se cite a declarar al ex funcionario el miércoles que viene. El planteo tomó por sorpresa a sus colegas de bloque que acordaron el pase a la comisión de Asuntos Constitucionales y una preferencia para votarla en la próxima sesión, el jueves. De entrada Gramajo dijo que si Font ratifica sus dichos pedirá que los antecedentes sean enviados al fiscal de turno y se despojará de sus fueron para que sea investigado. "Esto no es un agravio a los legisladores, es un agravio al cuerpo", afirmó.

Dos senadores del Frente Progresista, Felipe Michlig y Germán Giacomino, ambos de la UCR, se solidarizaron con Gramajo. "Coincido totalmente que se lo cite a Font para que ratifique o rectifique esos dichos, porque si no queda que cualquier persona puede decir cualquier cosa de cualquier legislador y siempre se nos pone en tela de juicio. El bloque del Frente Progresista se solidariza con usted y esperamos un dictamen para la próxima sesión", le dijo Giacomino.

Gramajo agradeció el gesto, pero insistió que el agravio no era sólo para cuatro legisladores acusado. Y volvió a leer una frase que el sitio digital atribuyó a Font: "Lo que prima es el toma y daca en la Legislatura".