Desde Santa Fe

La querella unificada pidió ayer condenas de 20 a 11 años de cárcel para cinco de los siete imputados en el juicio al grupo de tareas que operó en la III Brigada Aérea de Reconquista. Los abogados Lucila Puyol e Iván Bordón solicitaron 20 años de prisión para el jefe de la patota, Danilo Sambuelli; 19 años para el ex interventor militar de la Unidad Regional IX de Policía, Jorge Alberto Benítez; 15 años para el ex jefe del Departamento Informaciones (D﷓2), Carlos Nickisch y once años para dos subalternos de éste, Horacio Machuca y Arnaldo Neumann. Hoy, seguirá el alegato de los fiscales Martín Suárez Faisal y Roberto Salum que completarán los cargos a los otros dos acusados: Eduardo Luque y Rubén Molina y alegarán por todas las víctimas, alrededor de 40, entre ellas las hermanas Griselda y Luisa Pratto, martirizadas por la violencia sexual de los represores que se juzga por primera vez en la provincia como delito de lesa humanidad. Griselda fue secuestrada cuando era una niña de 16 años y cumplió los 17 como esclava sexual en un centro clandestino y Luisa tenía 23, estaba embarazada de siete meses -de un bebé, luego apropiado﷓ y sufrió violaciones hasta dos años después de su secuestro. "Es necesario visibilizar estos delitos como delitos autónomos de la tortura porque son violaciones a los derechos humanos con la particularidad que están dirigidas a las mujeres en su condición de tales", dijo Puyol.

El tiempo de los alegatos arrancó con Puyol y Bordón, en representación de seis sobrevivientes que se constituyeron como querellantes: Elvira Dieringer, Alejandro Córdoba, Raúl Pintos, Silvio Iznardo, Adolfo Maggio y Osvaldo Marcón. Acusaron por secuestros, torturas y vejámenes a cinco de los siete integrantes de la patota y pidieron condenas rigurosas: 20 años de prisión a Sambuelli, 19 a Benítez, 15 a Nickisch y once años a Machuca y Neumann. "Por la crueldad demostrada por los autores de los hechos, su falta de arrepentimiento, su negativa a colaborar. Por su insistencia cuando dicen que nunca dieron ni recibieron una orden ilegal. Por todo esto, debe aplicarse el máximo rigor de la ley, reservado para los casos de extrema gravedad", afirmó Bordón. Y comparó la escala penal con la que el mismo Tribunal Oral -con otros integrantes﷓ aplicó en el juicio al ex juez Víctor Brusa y el grupo de tareas que operó en Santa Fe.

"Señores jueces -planteó Bordón-, los juicios se han demorado mucho tiempo. Por Eduardo Sartor y Nélida Esquivel, que fallecieron sin ver justicia. Y por todas las víctimas, pedimos justicia".

Puyol dedicó un capítulo de su alegato a "la violencia sexual en centros clandestinos que se juzga por primera vez en la provincia como delito de lesa humanidad". Mencionó el caso de su representada, Elvira Dieringer, quien padeció el acoso de los represores en el secuestro y los traslados. Y señaló el martirio de las hermanas Pratto, que padecieron el terror y el estigma, hasta de sus más cercanos. "Luisa lo dijo claramente en el juicio, que hasta su familia le cerraba las puertas. Le decían: 'Por favor, Luisa, andate, no nos comprometas'", recordó la abogada.

"Griselda Pratto fue secuestrada a los 16 años, de la casa de Luisa, en febrero de 1977. Ella había ido a Reconquista a ayudar a su hermana con sus hijos pequeños y un embarazo de siete meses. La torturaron durante días en la III Brigada Aérea, en los pechos, en la vagina, en las axilas", recordó Puyol. "Una noche la subieron a un auto, la llevaron a otro lugar y la violaron. Lo dijo en el juicio: fueron Sambuelli, Nickisch, Neumann y el cabo Estofaretti (que no está entre los imputados). Ella dijo que 'Sambuelli tenía el poder, que podía hacer con ella lo que quisiera'", remarcó.

Y agregó: "También su hermana, Luisa Pratto, sufrió violaciones. Su esposo, Rubén Maulín, estaba detenido, tenía un niño de dos años y medio y una beba de 9 meses y estaba embarazada de siete meses. Sufrió abusos y violaciones en su domicilio durante dos años. Y además, le robaron lo poco que tenía para alimentar a sus hijos".

Puyol cerró entonces con un fallo de la Cámara Federal de Mendoza sobre la violencia sexual como delito de lesa humanidad. "Algunas de las formas de violencia sexual son la violación, el abuso y la amenaza de abuso. Es necesario visibilizar estos delitos como delitos autónomos de la tortura porque son violaciones a los derechos humanos con la particularidad que están dirigidas a las mujeres en su condición de tales", concluyó.