SANTA FE › ROSARIO/12 ACCEDIó AL INFORME FINAL DE LA COMISIóN INVESTIGADORA

El alzamiento policial de diciembre

El amotinamiento de hace un año fue "premeditado" y "organizado" y las vías elegidas para llevarlo adelante "estuvieron signadas por modalidades violentas, extorsivas e ilegales", según el informe que se presentará esta semana en la Cámara de Diputados.

 Por Juan Carlos Tizziani

Desde Santa Fe

El alzamiento policial de diciembre de 2013 fue "premeditado" y "organizado" y "las vías elegidas" para llevarlo adelante "estuvieron signadas por modalidades violentas, extorsivas e ilegales", según el informe final de la comisión investigadora que se presentará esta semana en la Cámara de Diputados, al que tuvo acceso Rosario/12. El presidente de la comisión, Maximiliano Pullaro, ya entregó a lo demás miembros un documento preliminar de más de 60 páginas que si tiene el visto bueno de sus colegas del justicialismo, sería tratado en el recinto en la próxima sesión, en febrero. Pullaro dijo que hubo "una logística nacional" porque después de una cumbre de sindicatos policiales que deliberó en

Río Gallegos, entre el 5 y 6 de diciembre de 2013, "estalló el conflicto" que luego se extendió a 21 provincias.

La comisión investigadora está integrada por doce diputados. Siete del arco peronista: Héctor Acuña, Eduardo Toniolli, Oscar Daniele, Oscar Urruty, Avelino Lago, Jorge Abello y Germán Kahlow; cuatro del Frente Progresista: Pullaro, Griselda Tessio, Alicia Gutiérrez e Inés Bertero y uno del Pro, Germán Mastrocola.

Pullaro elevó a sus colegas un dictamen con las "propuestas de conclusiones" que ahora deberá se tratado por el pleno. "Esperamos que los diputados del justicialismo lo aprueben", afirmó.

"En términos generales, hubo una logística nacional muy clara para armar lo que se llamó el paro policial", dijo el legislador. "En 21 provincias de la Argentina, los movimientos tuvieron el mismo 'modus operandi', la misma dinámica de llevar adelante el conflicto. Además de eso, hubo un hecho significativo y no menor, el 5 y 6 de diciembre se reunió el congreso nacional de sindicatos policiales en la ciudad de Río Gallegos, y después, se desataron los conflictos en todas las provincias". "En democracia, no podemos tolerar nunca más que pueda existir un paro policial que dejó a los ciudadanos en un estado anarquía pre estatal, que en muchos casos se tuvieron que armar para defender sus bienes y propiedad privada", apuntó.

En las "consideraciones finales", el dictamen revela que los policías que se plegaron al movimiento "incumplieron su misión fundamental de garantizar el orden y la paz social, omitiendo sus funciones básicas de prevención, represión e investigación de los delitos, jaqueando con dicho proceder, la integridad y los bienes de toda la ciudadanía santafesina".

"El retiro deliberado del servicio policial" significó "en algunos casos" un "retroceso a situaciones de anarquía pre estatal, donde rige el caos y el imperio de la ley del más fuerte", con la consiguiente "rotura de los lazos sociales, la pérdida del sentido de la autoridad pública y el quiebre de la confianza ciudadana en la policía ", agregó.

El movimiento policial "no fue pacífico", ni "legal", dice el informe. Al contrario, "fue premeditado y organizado". Y "no es cierto, como pretendieron exhibir algunos de sus organizadores, que las medidas de fuerza" hayan sido "expresiones espontáneas a modo de estallidos, que acontecieron casi naturalmente en distintos lugares".

Pullaro dijo que la comisión no citó a declarar al jefe de Apropol, Alberto Martínez, como lo había anunciado en el arranque, porque tampoco declararon otros policías imputados en una causa judicial por sedición, Fabricio Abasto, Claudio Patiño, Oscar Aguirres, Mauricio Pagani y Alejandro Zamaro. "Yo llevé la propuesta de citar a Martínez", dijo. "La conversamos. El criterio era convocar a los policías que están en disponibilidad porque fueron imputados (e indagados) en la causa judicial, pero ellos dijeron por escrito que no querían adelantar en un declaración testimonial su indagatoria ante la justicia federal. Martínez está citado en esa misma causa (para mediados de febrero), entonces entendimos que estaba en la misma situación y adoptamos el mismo criterio que consideramos correcto. No era que no queríamos citarlo. Y además, tampoco lo convocamos por la fuerza pública, que es una de las atribuciones de la comisión. Entendimos que no podíamos citar a uno sí y a los otros no, eso es todo", concluyó.

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La comisión investigadora está integrada por doce diputados provinciales.
 
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