SANTA FE › NUEVA JORNADA DEL JUICIO ORAL POR LOS ASESINATOS DE CAMBIASO Y PEREIRA ROSSI

Lo que se sabía desde el primer día

El ex juez rosarino que estuvo a cargo de la primera investigación, el abogado de la familia Cambiaso y dos peritos declararon ayer en una intensa audiencia en el tribunal federal, donde se juzga a doce represores, entre ellos Bignone y Patti.

 Por Sonia Tessa

Jorge Eldo Juárez era juez de instrucción en 1983, cuando Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi fueron secuestrados en el bar Magnum, en la mañana del sábado 14 de mayo. "De allí los llevan con gran aparatosidad, dos o tres vehículos, varias personas", recordó el ex magistrado ayer frente al Tribunal Oral Federal número 2. Varias horas después, los cadáveres aparecieron en un camino de tierra cerca de Lima, en provincia de Buenos Aires, y la versión oficial fue que había habido un enfrentamiento. Juárez supo desde el principio que eso era mentira. "Intentamos buscar las evidencias, porque era propio de la lógica, la psicología y la experiencia que no era posible que alguien fuera capturado con gran aparato y después apareciera tiroteándose, era ilógico. Algunos datos me indujeron a pensar que era la propia fuerza de seguridad", recordó ayer en la audiencia más intensa desde que comenzó el juicio oral y público con doce imputados, entre ellos el ex presidente de facto, Reynaldo Bignone, y el ex comisario Luis Patti. Aunque sólo los ex militares Pascual Guerrieri y Rodolfo Rodríguez están presentes en la sala. Sentadas en el público, Ethel y Gladys Cambiaso, las hermanas del militante secuestrado, siguieron atentamente los testimonios en el juicio por el que pelearon durante 32 años.

Juárez hizo las primeras investigaciones. "Vinculé las dos causas, y declaré la incompetencia territorial", relató. Si bien la decisión fue apelada, la Cámara de Apelaciones confirmó el envío a otra jurisdicción. La causa quedó en manos del juez de San Nicolás, Juan Carlos Marchetti. Juárez recordó con nitidez que al menos en uno de los cuerpos, la autopsia había constatado el paso de corriente eléctrica antes de la muerte. "Costaba conseguir testigos", rememoró Juárez en una declaración que reconstruyó los pasos dados en la justicia provincial. "No era un robo común, no hubo pedido de rescate", subrayó.

También recordó el Fiat 1500 robado a Jorge Alberto López y devuelto en Rosario días después, con varios kilómetros recorridos. "Leí en el diario que López dijo que tenía 150 kilómetros, pero tenía 370 kilómetros y además, habían llevado el Fiat de uno de los fallecidos hasta el escenario del hecho", dijo el ex magistrado en su enumeración de las razones que lo llevaron a vincular el secuestro con las fuerzas de seguridad. "Era una privación de la libertad, no había dudas, por el movimiento, el uso de los vehículos, las armas y los testimonios, que hablaban de movimientos entrenados. Todo sonaba a una organización". Juárez inspeccionó el galpón de Ovidio Lagos y Biedma, donde otros testigos dijeron que habían pasado los secuestradores con sus víctimas antes de ir a Buenos Aires. El mismo Juárez recibió amenazas "fuertes" que lo obligaron a estar con custodia policial durante ocho meses.

Teoría falsa

Otro de los testigos de ayer fue Víctor Corvalán, que fue el primer abogado de la familia Cambiaso. Corvalán contó que en 1983 lo había contactado Augusto Conte, del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) para pedirle que tomara el caso. "Se sabía desde el primer momento que este hecho había sido cometido por parapoliciales o grupos clandestinos que estaban en relación con las fuerzas de seguridad", dijo el abogado penalista, quien recordó la "teoría falsa de un enfrentamiento armado en cercanías de Lima". "Esto no respondía a ninguna lógica. El ingeniero Cambiaso era militante del peronismo, creo que se llamaba Intransigencia (en verdad, era Intransigencia y Movilización). Había estado haciendo trámites electorales pocos días antes, de manera que estaba a disposición de las autoridades. Era inconcebible pensar en un enfrentamiento armado", dijo el profesional, quien recordó la ardua tarea para conseguir testigos, y cómo algunos eran renuentes a salir del anonimato.

Pocos meses antes de las elecciones nacionales de octubre de 1983, el miedo estaba presente. "Hubo un testigo muy valioso, que fue muy renuente a dar su nombre. El nos relató con mucho detalle la presencia en el lugar de un furgón color azul aeronáutico, un Mercedes Benz modelo 608, de los frontales", hizo memoria ayer Corvalán. Una noche, cuando salió de su estudio, en Montevideo y Balcarce, vio un vehículo idéntico estacionado sobre Montevideo, enfrente de una oficina del "Servicio de Inteligencia". "Lo asocié inmediatamente", contó Corvalán.

Del testigo anónimo, alguna vez llegaron a conocer el nombre. Al salir de los Tribunales de San Nicolás, Comte develó la identidad de su testigo a los periodistas que los esperaban en la puerta. Al día siguiente, Corvalán recibió el llamado de un colega, propietario de la tienda La Favorita. "Me contó que tenía un empleado muy asustado, porque habían caído a su casa con un Falcón verde buscándolo, y habían amenazado a su familia. Cuando me dice el nombre, era un homónimo de nuestro testigo. La descripción física no coincidía, pero lo fueron a buscar", contó el abogado ante los jueces Omar Digerónimo, Beatriz Baravani y Jorge Benegas Echagüe.

Amenazados

El propio Corvalán sufrió intimidaciones. "Nosotros veníamos siendo amenazados en forma telefónica, pero nunca se lo conté a mi familia, incluso, un periodista me dejó entrever que yo estaba colaborando con Montoneros", contó el abogado durante la audiencia y continuó: "Un día, fuimos a una reunión de APDH, salimos con el doctor Piñero, que por ahí me dice: 'nos viene siguiendo un auto'. Evidentemente, esa noche estuvieron operando porque a la mañana cuando voy a llevar a mis hijas al jardín, me encuentro con que las cuatro gomas del auto estaban reventadas a cuchillazos. Y en mi estudio, en la chapita que tenía mi nombre, alguien la había sacado y le había inscripto "QEPD" (Que en Paz Descanse)".

En 1983, los policías acusados fueron Patti, José Spataro (también imputado en esta causa) y Rodolfo Diéguez. El juez Marchetti decidió su prisión preventiva y descreyó de la versión oficial, pero antes de la asunción de Raúl Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983, decidió el sobreseimiento provisorio. "Algo había pasado con Marchetti que no era el mismo de antes", estimó Corvalán en la audiencia. Para el abogado, tanto las torturas constatadas como la distancia de los disparos demostraban que Cambiaso y Pereira Rossi "fueron fusilados".

Los peritos

En una audiencia intensa, también declararon el anátomo patólogo Pedro Laguens, que se refirió a las marcas de picana eléctrica en los cuerpos, de manera genérica, y reconoció una pericia realizada en 1983, en la que constataba que Pereira Rossi había sufrido tortura.

Uno de los momentos más álgidos de la audiencia fue cuando el perito balístico Roberto Weichber respondió a las preguntas del fiscal Adolfo Villate. "Me molesta cuando mis contestaciones pueden resultar evasivas, créame que no lo son", dijo el oficial policial que realizó la pericia balística en la causa de 1983.

En una audiencia que tuvo de todo, ayer se presentó un testigo que no había sido citado. Miguel Angel Capobianchi fue ayer a los Tribunales Federales en lugar de su hermano Carlos. "El no sabe nada de lo sucedido en este hecho. El único que sabe soy yo", dijo el testigo espontáneo. Y aseguró que conocía a uno de los imputados, Walter Pagano, quien le había dado trabajo. Después del pataleo de las defensas, se decidió que el testimonio se escuchará más adelante, cuando se diluciden cuestiones procesales. Por las dudas, Pagano --que sigue el juicio en una habitación contigua-- se sentó en la sala de audiencias. También los PCI Carlos Sfulcini, Juan Cabrera y Ariel Porra siguen el juicio en el mismo edificio, mientras Patti y Bignone lo hacen desde Buenos Aires y Carlos Lucena y Luis Muñoz desde sus lugares de detención. Spataro y Ariel López están eximidos de participar de las audiencias por el Tribunal.

La última testigo fue la médica forense Virginia Creimer, quien leyó las autopsias y otras pericias y las analizó, con una sólida exposición, sobre la forma en que impactaron los proyectiles de Itaka que mataron a las víctimas. En los dos casos, consideró que no les dispararon estando adentro del auto, por la falta de sangre en el interior del vehículo y los impactos de los perdigones sobre el cuerpo. Sobre los rastros de tortura en el cuerpo de Pereira Rossi, dio una clase sobre las marcas que deja la picana en la piel, y aseguró que, por algunos signos descriptos por el anátomo patólogo que hizo la pericia original, las torturas fueron poco antes del asesinato.

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Gladys Cambiaso, hermana del militante secuestrado, al ingresar al Tribunal.
Imagen: Andrés Macera
 
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