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Más allá de las especulaciones políticas entorno del Frente Progresista y su disputa con el PRO por las distintas porciones del radicalismo santafesino; en la provincia está la gestión. Y allí sí que el gobierno de Mauricio Macri parece trasladar esta tensión política a los actos de gobierno. En general, no se puede hablar quizás de una provincia "discriminada" porque todo el país se encuentra sin respuestas concretas ante el embate de una serie de políticas públicas de impacto directo sobre el bolsillo de la población. El ajuste neoliberal sin anestesia no reconoce fronteras, es parejo para todos. Por eso, serán los más de 20 mil clubes de barrio de todo el país los que se tengan que distribuir los 200 millones de pesos que anunció el gobierno para ayudarlos con el sideral incremento de las facturas de luz. Poco menos de 10 mil pesos para cada uno por esta única vez, cuando hay entidades que pasaron de recibir una factura de 6 mil pesos a una de 27 mil pesos. Menos que una gota de agua en un océano.

Casi la misma gota de agua que significaron los 25 millones de pesos que la Nación puso en Santa Fe para hacerle frente a un desastre hídrico que muchos ubican en torno de los 2.500 millones de dólares. O el mínimo descuento que obtendrán en su facturación las llamadas empresas electrointensivas de Santa Fe. Igual que el tope de 400 por ciento en la tarifa de gas residencial y de 500 por ciento para las industrias. Tal es el escenario, que encima deberíamos festejar este tope a un aumento obsceno.

Y si ese enorme esfuerzo de la población sirviera al menos para sostener puestos de trabajo o achicar en serio el déficit fiscal por el costo de la energía, podría hasta comprenderse. Pero ni una cosa ni la otra son verdad.

Santa Fe asiste con espanto al crecimiento casi semanal de empresas que comienzan a suspender personal. A Electrolux se sumó ahora Bambi, que piensa dar vacaciones por tres meses a 400 empleados por el desastre que está haciendo la combinación letal de ingreso irrestricto de importaciones de la "línea blanca", la caída estrepitosa en el mercado interno y el aumento desmedido en las tarifas.

Al cerrar el primer cuatrimestre, el panorama para los industriales de la provincia comenzó a quedar más claro. El incremento en el ingreso de productos extranjeros respecto del mismo período de 2015 es impactante. En línea blanca, entre 130 y 190 por ciento; muebles y sus partes, armario, sillas, entre otros, más del 200 por ciento; campanas de freno 40,66 por ciento; ruedas para remolques 10,43 por ciento; línea del calzado 20 por ciento; electrodomésticos 25 por ciento. "Son cosas que hacemos en Santa Fe", se lamentó el ministro de la Producción, Luis Contigiani. El funcionario le dijo a la prensa que fue a más de 10 audiencias en Buenos Aires para plantear puntualmente el problema que las importaciones están generando a la industria santafesina. De más está comentar cuáles fueron los resultados de esas reuniones en Capital Federal.

Por eso, la provincia y Fisfe presentarán en los próximos días un documento de propuestas concretas para defender estos sectores de la industria. La batería de propuestas abarca a la Aduana, normas técnicas o especificaciones de productos, ampliar el grado de integración de partes de origen nacional, exigir el cumplimiento de normas vigentes en la Argentina e incentivar el compre nacional, entre otras. La única esperanza de Contigiani es el secretario de Industria de la Nación, Martín Echegoyen. "Es una persona que entiende la problemática de cómo impactan las importaciones en la industria, que hay que trabajar en el corto plazo con la protección y en el mediano con hacerlas competitivas con Brasil, porque con China no hay parámetros. Pero para competir con Brasil hay que hacer muchas cosas antes, por lo menos que el combustible de la Argentina no sea el más caro de toda la región", dijo el ministro.

También esta semana se conoció un informe técnico que elaboró el equipo del diputado nacional Alejandro Ramos, que tiene datos certeros en materia de energía al haber participado desde el área de Transporte, del Ministerio de Planificación Federal durante el gobierno anterior. Ese informe revela que el Ministerio de Energía que conduce Juan José Aranguren estableció con la mayorista Cammesa la nueva programación del mercado eléctrico y en consecuencia la demanda que tendrán las distintas distribuidoras del país en el período mayo-octubre de 2016.

Este acuerdo incluye un ajuste del precio al que las distribuidoras compran la energía a Cammesa, que pasó a partir de febrero de este año desde 96 pesos el MW/h a 375 pesos el precio promedio de la energía comprada. Lógicamente, a ese mayor precio los distribuidores lo trasladaron a las facturas y ya lo pagamos los 14 millones de usuarios de todo el país.

La medida representa mayores ingresos para el Mercado Eléctrico por unos 2.147 millones de pesos más mensuales aproximadamente. En este punto, el informe Ramos se pregunta: ¿Quién se llevó esa renta?. La primera impresión es que el mayor precio sancionado cubría la mayor parte del sistema eléctrico y por lo tanto reducía el costo fiscal de los subsidios que aportaba el Tesoro.

Pero no es así. El Ministerio de Energía, por Resolución 41/2016, aumentó el precio del gas para la generación de energía eléctrica pasando de un promedio de 2,7 millones de dólares la unidad (MMBtu) a 5 millones de dólares. Es decir, un aumento del 80 por ciento. Con un consumo mensual promedio anual de 39 Millones de m3/día de gas para generación de electricidad, este mayor precio del gas significa un mayor costo de generación de energía eléctrica, casi 1.500 millones de pesos extra al mes para producir la misma energía.

También, se le aumentó la remuneración a los generadores de energía en promedio un 60 por ciento entre la remuneración por contratos y la remuneración por venta de energía en el mercado. Este aumento implica aproximadamente 1.900 millones de pesos más por mes en el costo para el Sistema Eléctrico.

El informe técnico del diputado Ramos concluye entonces en que los 2.147 millones de pesos más por mes que pagamos en las facturas todos los usuarios, no sólo que no cumplieron con el deseo fiscalista que predicaba el ministro de Economía Alfonso Prat Gay de reducir el "abultado déficit fiscal", sino que terminaron yendo a un grupo concentrado de productores de gas y generadores eléctricos, y devinieron en un efecto fiscal inverso donde el Estado deberá subsidiar aún más al sistema.