SANTA FE › ECOS DE LA CLAUSURA DE LA IMPRENTA DE UN DIARIO DE SAN LORENZO

Voces por la libertad de prensa

La clausura de la imprenta de El Observador la ordenó la municipalidad y el Concejo de San Lorenzo. En esta nota opinan Horacio Verbitsky, Norma Morandini y Damián Loreti de la UBA.

 Por Alicia Simeoni

"...No pueden clausurarse las imprentas ni secuestrarse sus elementos, como instrumentos del delito mientras dure el proceso" dice el artículo 11º de la Constitución santafesina. Ese artículo puede haber sido violentado con la clausura que la Municipalidad de San Lorenzo hizo de la sede en la que se imprime el diario El Observador, un hecho que continúa reuniendo expresiones de preocupación, de parte de especialistas en la materia y quienes entienden como un derecho humano la libertad de pensamiento y de expresión. El columnista de Página/12 y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Horacio Verbitsky dijo a Rosario/12 que lo ocurrido "sienta un precedente peligrosísimo que hay que resistir porque es inadmisible que por vía de inspecciones municipales se ejerza presión sobre los medios". También expresó su preocupación coincidente con la expresada días atrás por el Sindicato de Prensa Rosario, la diputada nacional Norma Morandini, integrante de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación.

El cierre de la imprenta de El Observador -acto por el que ya se presentó un recurso de amparo ante la jueza Civil y Comercial de la 1ª Nominación sanlorencina Gladys Silvia López- operó de inmediato como imposibilitador de su salida desde el miércoles pasado.

La imprenta fue clausurada por la Municipalidad de la vecina ciudad a las 3 de la mañana del miércoles, tal como puede leerse en la tradicional faja utilizada con ese fin. También desde la dirección de mail de la oficina de prensa municipal salió un correo electrónico dando cuenta de la postura de la Asociación de Entidades Periodísticas Sanlorencinas (Adepsa, en formación) en apoyo de la clausura de la sede del periódico que hace 7 años se edita en San Lorenzo y desde alrededor de 5 que sale como diario, de lunes a sábado. Poco después desde la misma procedencia de prensa municipal y con la indicación de 'mensaje erróneo' la Dirección de Comunicación Social de la Municipalidad aclaraba que el correo no había sido enviado por la repartición oficial sino "por un colega" al que se le había facilitado el uso del correo electrónico y que por error lo envió a toda la lista de contactos oficiales.

La clausura podría ser considerada como el cierre de una de las voces de la oposición y tanto es así que el 17 de julio pasado y con la firma de los concejales del justicialismo y del Frente para la Victoria, Leonel Bechara Baladí, Cristian Narváez y Roque Caballero, se dirigió una extensa nota al presidente del Concejo Deliberante (Frente Progresista) Leonardo Raimundo en la que se refieren a la publicación que dirige Andrés Sharretta como un 'pseudo periódico' que "tiende a sembrar dudas sobre las conductas públicas a través de la difamación, que hace uso y abuso sistemático de agresiones y ofensas subjetivas y de mala fe".

La Municipalidad sostiene que el Concejo Municipal dio la orden de proceder a esa clausura por la minuta de comunicación que firma también el presidente del cuerpo, Leonardo Raimundo, en la que se habla de investigar las acciones que se desarrollan en el galpón situado en calle 9 de Julio 1176, donde funciona la imprenta. La minuta solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que constate las actividades comerciales y/o industriales que se realizan y si cuentan con la respectiva habilitación. El proyecto fue presentado por el interbloque del justicialismo y del Frente para la Victoria.

La diputada Norma Morandini, integrante de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación dijo a Rosario/12: "Creo que hay libertad para decir que la libertad está amenazada y en casos como éste, donde hay una clausura hacia la imprenta donde se hace el diario se trata de un atentado sutil a la libertad". Morandini consideró que cuando "las cosas no se hacen abiertamente obligan a las suspicacias. Aquí no hay un cierre directo porque la redacción permanece abierta, pero de hecho la publicación no sale". Morandini agregó que en la Comisión de Diputados se reciben denuncias "todo el tiempo acerca de los medios que cumplen una función de contralor público del poder político... Hay que tener en cuenta -dijo- que el poder de la prensa deviene de la expresión de la opinión pública y cuando hay un medio al que se le impide la salida se atenta contra la libertad de expresión".

Para Verbitsky la clausura de la imprenta de El Observador sienta un precedente "peligrosísimo y que hay que resistir porque es inadmisible que por vía de las inspecciones municipales se ejerza presión sobre los medios".

Desde otro lugar el profesor de Derecho a la Información y a la vez vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Damián Loreti, expresó a este diario que la medida, en referencia a la clausura de la imprenta, "podría afectar el artículo 11º de la Constitución provincial, el 14º de la Constitución Nacional y el 143º de la Convención Interamericana de Derechos Humanos" cuando habla de que no debe restringirse con medidas directas ni indirectas la libertad de expresión. Loreti citó también un fallo ﷓al que se conoce como 'La Nación SA﷓ de la Corte Suprema de Justicia por el que se declaró inconstitucional una clausura dispuesta por la DGI sobre las oficinas administrativas del medio. "No se trataba ni siquiera de la redacción o de la imprenta sino de la administración y se valoró que se trataba de una afectación al normal desarrollo a la libertad de prensa aun cuando se trataba de un proceso terminado", dijo Loreti.

El artículo 11º de la Constitución santafesina dice en un párrafo que "... La prensa no puede ser sometida a autorizaciones o censuras, ni a medidas indirectas restrictivas de su libertad. Una ley especial asegura este derecho y define y reprime los abusos que por medio de ella pueden cometerse. En tanto esta ley no se dicte, los abusos que importan delitos comunes según el Código Penal, son castigados conforme a éste, sin perjuicio de la obligación de resarcir los daños causados. No puede clausurarse las imprentas ni secuestrarse sus elementos, como instrumentos del delito, mientras dure el proceso".

Compartir: 

Twitter
 

La intendenta Mónica de la Quintana, defiende la medida. "Se trata de un hecho administrativo y nada más", aseguró.
Imagen: Gentileza diario El Ciudadano.
SUBNOTAS
 
ROSARIO12
 indice

Logo de Página/12

© 2000-2020 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.