Construcción

Rosario ha visto dinamizar su crecimiento a partir del año 2003 a través del denominado "boom de la construcción", que puede explicarse simplemente por un masivo aporte de capitales provenientes del verdadero boom, el del monocultivo de soja transgénica y sus enormes ganancias.

En consecuencia, el mencionado crecimiento no responde a la necesidad de cubrir el déficit de vivienda de la población. Se trata simplemente de un modo de invertir el dinero ganado por un sector, de una manera bastante segura y confiable. Esta situación ha sido impulsada también por un fuerte lobby entre las cámaras empresariales de la construcción y algunos Colegios Profesionales. En el camino, las presiones de estos sectores lograron vulnerar derechos colectivos.

Resulta a la vez interesante y preocupante ver cual ha sido el papel del Estado, quien se supone debe velar por el bien común, evaluar y regular la lógica de los negocios y planificar una ciudad para todos. En el debate del Código Urbano, el Estado Muncipal cedió a las presiones del lobby, abriendo paso a un crecimiento incontrolado y desmedido.

En el "Informe Final sobre los resultados de la Audiencia Pública" realizado en el 2007 por la Secretaría de Planeamiento, en el marco del debate por el nuevo Código, se planteó que en el debate de la norma resultaban de otra índole temas como transporte, infraestructura y servicios, escasez de espacios públicos, arbolado urbano, superficies permeables, uso racional de la energía, mitigación y adaptación al cambio climático. El ejecutivo municipal sostenía que la infraestructura y los servicios no eran temas a discutir en el marco de la modificación que consolidó el boom de la construcción en el área central, colapsando todos los servicios, hecho que es de público conocimiento.

En estos momentos el negocio ﷓-y el problema-﷓ se han trasladado a los barrios como Alberdi o Echesortu, donde el tema aún no está regulado.

En esta situación nos parece totalmente lógico y prudente esperar a examinar la norma a presentar, para que los ciudadanos puedan opinar como corresponde. Sin embargo, desde el gobierno se dice que lo correcto es seguir otorgando los permisos de demolición y construcción, ateniéndose "por ahora" a normas de 1967. Esto es, ni más ni menos que la política del hecho consumado.

La construcción es una actividad que genera trabajo para muchas personas y eso debe ser tenido en cuenta. Pero también debe saberse que no hay una sola forma de construir la ciudad futura.

Ingeniero Juan Salerno.

Miembro de Taller Ecologista.