Aborto

Algunos medios se han hecho eco de las opiniones de la Iglesia Católica y han censurado la posición de los jueces que incumpliendo el articulado del fallo de la Suprema Corte han frenado la realización del acto quirúrgico acordado por efectores públicos.

Esto constituye una aberración jurídica, que viene reiterándose por intromisión de personajes que desde la básica oposición a la educación sexual rechazan desde el uso de los preservativos, a los métodos de planificación familiar, la píldora del día después y todo lo que implique la decisión personal de la mujer en defensa de su cuerpo.

Nadie puede negarle a los católicos su oposición al aborto, pero que quede claro que ninguna religión puede imponerle a toda la sociedad sus concepciones morales, religiosas y exigir que la justicia avale sus practicas, costumbres, posiciones, etc. En todo caso deberán ser sus militantes propios quienes difundan las mismas entre los que adhieran a ese culto.

Siendo una nociva costumbre la de generalizar y descalificar por ideologías, creo que en el marco de una democracia real y concreta, debemos partir del respeto a las diversidades, no imponer conductas ni identificar despectivamente a quienes piensan distinto, porque en el libre juego de las ideas se crece como sociedad, se madura y se logra el mejor clima de convivencia.

Si analizamos los hechos de pedofilia en la que incurrieron representantes del credo católico, los ocultamientos de los problemas de las homosexualidades detectadas entre los sacerdotes y los múltiples casos de corrupción de menores en que incurrieron algunos de sus miembros sin que las jerarquías pidan disculpas a las víctimas, tapando los aberrantes delitos y manteniendo cómplice silencio, con qué garantía moral pueden oponerse al derecho de la mujer a defender el cuidado de su cuerpo.

He tenido oportunidad de escuchar planteos de profesionales opositores al aborto que teñidos de una alta dosis de hipocresía ponen en riesgo de vida a las embarazadas por violaciones posponiendo el acto quirúrgico de interrupción y condenando a las mujeres pobres a deambular con sus problemas e inducirlas a prácticas abortivas clandestinas sin resguardos de asepsias adecuadas y sin apoyos profesionales médicos, al determinar las autoridades de la salud cumplir con los trámites judiciales que se le imponen por injerencia de terceros, interesados en complicar la situación de los efectores públicos.

Angel M. Contestí

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