SOCIEDAD › DERECHOS. AñOS DE DEBATE POR EL LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EN SANTA FE.

El alto precio de conocer

Decenas de proyectos aún permanecen en estudio en la Legislatura provincial. Unos que proponen un acceso total a la información pública, y otros que ponen límites a ese derecho, como los proyectos de los senadores del justicialismo que hablan del "legítimo interés". La discusión no es menor, porque saber qué pasa, estar informado permite a los distintos sectores sociales construir su visión del mundo y de la sociedad en la que viven sobre la base de las cuales tomar decisiones.

 Por Alicia Simeoni

La ley que permita conocer la información que poseen los tres poderes del Estado provincial es desde hace años motivo de pujas, discusiones y numerosas iniciativas que pretenden, en unos casos dar lugar al derecho de acceder a la información pública, y en otros restringir el que es uno de los pilares fundamentales de la profundización democrática. Varios proyectos elevados por legisladores de distintas bancadas -y aun el que en su momento envió el ex gobernador Jorge Obeid-, se encuentran desde hace años con el escollo puesto por el bloque de Senadores Justicialistas que con distintas expresiones intentó, y continúa en esa línea, introducir condicionamientos cuestionados desde los más amplios sectores. Se señala y se objetan las restricciones al derecho, que terminan negando el sentido de una ley en la materia. Saber, conocer qué pasa, estar informado permite a los distintos sectores sociales construir su visión del mundo y de la sociedad en la que viven sobre la base de las cuales tomar decisiones. Ante las trabas en la Legislatura provincial, el gobernador Hermes Binner, anunció la próxima firma de un decreto que permitirá el ejercicio del derecho en el ámbito del Poder Ejecutivo, pero a la vez señala que se requiere de la ley provincial. El titular del bloque de senadores justicialistas, Ricardo Spinozzi, a cargo del espacio político donde estuvo la restricción más fuerte y que ahora exhibe una postura más suavizada, pero limitativa al fin, habló con Rosario/12. Esta última exigiría, de convertirse en ley, que quien pide información deba decir en calidad de qué y para qué lo hace, además de tener que pagar el arancel correspondiente, principios que niegan el sentido de una norma en la materia. Opinión del diputado de la UCR, Hugo Marcucci (ver aparte) sobre la iniciativa anunciada por el gobernador Binner.

El gobernador Binner habló con este diario en relación con el anuncio que poco tiempo atrás hizo acerca del decreto que en poco tiempo ﷓así lo dijo﷓, firmará para que sea posible contar con un instrumento que permita acceder a la información pública. Este instrumento tendrá validez sólo para el Poder Ejecutivo provincial. De todas maneras Binner fue contundente cuando marcó que "sería mucho mejor una ley en la materia", que no portara la condición que la invalidara y que negara la esencia del derecho que se pretende proteger, el de los interesados -sujeto universal- en conocer información que está en la órbita de cualquiera de los tres poderes del Estado.

Pero la posibilidad de contar con esa ley sigue siendo difícil -siempre se habla de una norma sin restricciones- porque desde el bloque de Senadores del Partido Justicialista permanece una postura limitativa que ya no invoca la cuestionada condición que dice que quien quisiera conocer información que se encontrara en las áreas de los poderes provinciales -organismos centralizados y descentralizadas y empresas privadas que prestaran servicios para el estado santafesino-, debería acreditar interés legítimo. Las restricciones están formuladas de todas formas a través de lo que más abajo expresa el senador Ricardo Spinozzi

Binner recordó los proyectos que de manera sucesiva fueron aprobados por la Cámara de Diputados y que perdieron estado parlamentario 'a manos' del bloque de senadores justicialistas y con quien fuera el jefe del espacio del PJ., Raúl Gramajo Benavídez, aquel hombre que sostenía que la democracia tiene sus límites. Así pasaron muchas iniciativas. Dos veces perdió estado parlamentario el proyecto del entonces diputado Carlos Favario (PDP), al que luego siguieron otros, el del ex del gobernador Jorge Obeid -quien tampoco pudo con Gramajo-, y los que plasmaron los legisladores Hugo Marcucci (UCR), Gabriel Real (PDP), Danilo Kilibarda (PJ).

Hermes Binner se comprometió cuando todavía era candidato -así como lo hizo Rafael Bielsa (FpV), Silvia Gómez (PH), Alicia Tate (UCR), Carlos Blanco (PO), y Alejandro Parlante (MST) y a través de un video que contenía las entrevistas que hizo el Sindicato de Prensa Rosario, a impulsar las iniciativas que contemplaran los que se consideran estándares o condiciones internacionales para los textos legales que consagren el derecho de conocer información que corresponda al ámbito de lo público. El actual gobernador dijo a Rosario/12 que el decreto que firmará antes que termine el año es parte de ese compromiso. El cree que si se da la posibilidad de preguntar sobre distintos temas de las gestiones de gobierno "habrá también una baja en la ansiedad y en la desconfianza que puede sentir alguna parte de la ciudadanía, tal vez por desconocimiento. Se dará cuenta que si se quiere mostrar, es porque también se sustenta una gestión con transparencia".

-Para que un derecho pueda ejercerse necesita ser conocido, pero además en los distintos estamentos en los que existe ley en la materia, -tal el caso del Poder Ejecutivo Nacional a través del decreto 1172, firmado por el presidente Néstor Kirchner y las ciudades de Buenos Aires y Rosario, por citar sólo dos ejemplos- la realidad muestra que hay pocas solicitudes. ¿Considera que deben hacerse campañas de difusión acerca del derecho a saber, con la idea que se conozca y se lo ejerza?, se le preguntó a Binner.

-Sí, pero creo que la gente no tiene tanto interés en la información sino mucho más en que se resuelvan sus problemas. Pero si no existe el derecho de acceder a la información pública -que por otra parte en nuestro gobierno puede ejercerse con sólo consultar-, se genera una situación de duda, de sospecha. No comparto ninguna postura restrictiva como la que significa tener que decir para qué se pide la información. Todo eso hace que haya tomado la decisión de elaborar un decreto que lo haga posible para el ámbito del Poder Ejecutivo y esto será para antes de fin de año.

-Hay que adaptar estructuras y preparar recursos humanos que canalicen las consultas...

-Eso es indudable, hay que pensar en una 'ventanilla' donde generar la respuesta. Hay que preparar una estructura que permita responder en tiempo y en forma.

Desde el Bloque de Senadores del Partido Justicialista, Ricardo Spinozzi da un panorama que no permite imaginar una mejora de la situación actual, ya que explica el sostenimiento de la media sanción dada el año pasado a un texto limitativo que contraría las recomendaciones internacionales de numerosísimas organizaciones, entre ellas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de su Declaración de Principios.

Spinozzi sostiene el texto y contenido aprobado por el Senado el 18 de octubre de 2007 "donde -dice- se incorporan notables avances que hacen a la transparencia, la interacción entre el gobernante y los ciudadanos y la simplificación de los trámites a los fines de que todos y cada uno de los santafesinos tengan la posibilidad cierta de llegar, sin mayores complicaciones, a la totalidad de los documentos legales que hacen a la administración del Estado".

El titular del bloque del PJ también habla de las "profundas discusiones" sobre la forma que debe tener una legislación en el tema y asegura que es interés del justicialismo "que de una vez por todas este instituto tenga sanción definitiva, para hacer más corto y sencillo el camino". Entonces explica que la media sanción del 2007 dice con claridad que "toda persona tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información pública de los entes y órganos" que se mencionan en el artículo 3°, tales "la administración pública centralizada y descentralizada, entes públicos no estatales y corporaciones regionales que tengan como fuente de recursos el aporte del estado provincial, entes autárquicos, empresas y sociedades del estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el estado provincial, las municipalidades o las comunas tengan participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias, del Poder Legislativo y Judicial en cuanto a su actividad administrativa y del Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y Ministerio Público Fiscal".

Ricardo Spinozzi recordó además que la media sanción que dieron los senadores justicialistas al proyecto alcanza a los entes privados, con o sin fines de lucro que posean información pública" y "en el caso del Poder Legislativo cada Cámara lo incorporará a su respectivo reglamento" para que no queden dudas sobre el amplio alcance de la propuesta. El jefe de los senadores del PJ aclaró a este diario que "insistimos en el párrafo que cita que 'toda persona' puede peticionar la información que desee, ya que muchas jurisdicciones provinciales y aún municipales, como por ejemplo la ciudad de Rosario, circunscriben esa chance a personas físicas o jurídicas, sólo con domicilio legal en el ámbito de actuación".

Corresponde dos observaciones sobre lo manifestado por el senador Ricardo Spinozzi, ya que él no invocó los que, desde distintos sectores de la sociedad y desde la propia Cámara de Diputados, se ven como restricciones al derecho: se trata del artículo que fija que quien solicita información en poder del Estado debe indicar "el motivo de su solicitud, informando si se trata de fines periodísticos, académicos, científicos, benéficos u otro que expresamente determine la reglamentación" y el que fija el arancelamiento de los pedidos. Los dos planteos de exigencia niegan el que debe ser el espíritu de una ley en la materia, puesto que los gobernantes deben rendir cuentas de sus actos y proporcionar la información que solicite un sujeto universal. El cobro por brindar respuesta también tiene el valor de un escollo, cuando se trata de una de las condiciones fundamentales de la vida en democracia, o más justo es decir, que se corresponde con la profundización democrática.

También y para evitar confusiones corresponde decir que la ordenanza Nº 7249, ley para la ciudad de Rosario, de noviembre de 2001, fue modificada en dos oportunidades en el año 2005 y está destinada a "...toda persona" que tiene "derecho, de conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno" a pedir y a que se le brinde la respuesta respectiva. En ningún momento se habla del domicilio que tendrá el solicitante ni se limita el beneficio a quienes viven en la ciudad de Rosario.

Spinozzi, por último, sostiene que se alienta la sanción final de una ley de acceso a la información pública, a través de la participación en audiencia pública de ONGs., entidades representantivas de los trabajadores de prensa, medios de comunicación y quienes estén interesados en el tema.

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Una marcha del Sindicato de Prensa de Rosario para que se apruebe el acceso a la información pública.
 
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