OPINIóN

Sobre la polémica reforma

 Por Rubén Giustiniani*

Al discutir la reforma pretendida por el oficialismo sobre la ley del Consejo de la Magistratura no debemos olvidar que este órgano es el encargado de seleccionar a los jueces y de administrar el Poder Judicial. De allí su importancia institucional. Precisamente por ello, la Constitución Nacional determinó una composición plural y equilibrada entre los distintos sectores que lo integran: jueces, abogados, académicos y políticos.

Este "equilibrio institucional" impide que por el número y el modo de designación de las representaciones políticas, la integración y el ejercicio de las competencias del Consejo queden a merced del predominio del Poder Ejecutivo, del Congreso, o de los partidos políticos.

La función del Consejo exige independencia en su conformación, y no la tendrá si se convirtiera en un organismo instrumentado política o partidariamente para subordinar el Poder Judicial al oficialismo de turno, tal como ocurrirá si se aprueba el proyecto impulsado por el oficialismo.

Con la composición propuesta, los representantes del poder político predominarán sobre los otros sectores. De un total de trece integrantes, siete serán políticos, tres jueces, dos abogados y uno académico.

Se podrá argumentar que los políticos no votarán corporativamente, como sí lo harían otros sectores, y se podrán dar cualquier otro tipo de opiniones de este tenor, pero la realidad se impone: predominará un sector sobre los otros, lo que viola la letra de la Constitución, sin discusión alguna.

Pero además, se beneficiará al partido oficialista que hoy tiene mayoría en ambas cámaras parlamentarias: designa y designará 5 consejeros (2 senadores, 2 diputados y un representante del PEN). Una cosa son 5 consejeros sobre un total de 20, y otra 5 consejeros en un cuerpo de 13 integrantes.

Para decidir la acusación de un juez, o aprobar las ternas de candidatos a jueces que se envían al Poder Ejecutivo, se requiere una mayoría especial de dos tercios.

Este porcentaje sobre 13 integrantes, significa 9 votos. Por lo tanto, alcanzará con los 5 votos oficialistas para oponerse o bloquear decisiones que requieran dos tercios. Es decir que el oficialismo será quien tenga la llave para nombrar o remover un juez.

Hoy, en el Consejo las decisiones son producto del consenso de los distintos sectores, lo que resulta natural del juego democrático. En cambio con la modificación propuesta, la decisión la tendrá un solo sector, el que responde al PEN.

Además, la modificación propuesta implicará el silencio a las voces distintas, ya que se termina con la representación de las segundas minorías, lo que demuestra un claro desprecio por la pluralidad y el disenso, así como la búsqueda de un pensamiento único.

La historia dirá si estamos ante una paradoja: en los noventa se permitió que la minorías integren el Consejo de la Magistratura, en el 2005 se los expulsa.

Con este proyecto se tira por la borda uno de los aspectos más favorables del Consejo: amortiguar la gravitación político-partidista en la designación y en el enjuiciamiento de jueces, lo que significó un salto de calidad institucional respecto al sistema anterior.

La integración que pretende el oficialismo no garantizará la independencia del Poder Judicial, sino que abrirá las puertas para designaciones a dedo, siendo sus beneficiados no los mejores jueces sino los mas serviles al poder de turno, transportándonos a los tiempos de "la servilleta".

La justicia es un servicio que debe ser preservado de los vaivenes del poder, ya que ella nos garantiza el goce de nuestras libertades y derechos.

Este proyecto, junto con la delegación de facultades propias del Congreso al PEN aprobadas por el oficialismo, los innumerables decretos de necesidad y urgencia dictados por el presidente Kirchner, la sanción ficta y automática de la renegociación de varios de los contratos con las empresas de servicios públicos, nos permiten presumir que el partido de Gobierno desprecia el debate y el disenso. En definitiva, desprecia instrumentos fundamentales del sistema democrático y la forma republicana de gobierno.

*Senador nacional del Partido Socialista.

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