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Efectos del huracán Tognoli

Entretelones del caso que no sólo terminó con el jefe de policía de la provincia, sino que minó el esquema oficial de seguridad y dejó con pocos argumentos al gobierno para barajar y dar de nuevo. La cautela de la oposición y las escuchas que aún no se conocieron. El largo brazo del narcotráfico.

 Por Leo Ricciardino

La deflagración que produjo la revelación del diario Página/12 que terminó con la salida del jefe de Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, acusado de vínculos con el narcotráfico; dejará secuelas por mucho tiempo. No sólo por el escándalo que para cualquier administración supone haber designado a un alto jefe policial que aparece en escuchas telefónicas y se lo constata alertando a un narcotraficante de que lo están siguiendo fuerzas federales; sino también porque revela un escenario novedoso para la provincia. La novedad no pasa por el dato de la corrupción en la fuerza sino por la escala y la profundidad de los mismos.

Cuando al gobierno de Hermes Binner y al de su sucesor Antonio Bonfatti se los acusó durante mucho tiempo de tener dificultades para "conducir a la policía"; parecían críticas durísimas a la gestión sobre todo a la hora de mitigar los efectos del flagelo de la inseguridad que encabeza los reclamos sociales. Pero esto es otra cosa, esto es de lo que se empezó a hablar en Rosario hace poco tiempo, de los asesinos a sueldo en las calles eliminando a rivales en el delito a plena luz del día. La primera reacción oficial pareció ser que la situación formaba parte de lo que se llama delitos complejos, que generalmente no impactan en el ánimo de la población porque las víctimas mortales de esa sociedad violenta, no son honrados comerciantes muertos en un asalto sino otros narcotraficantes en disputa de los territorios.

A ese análisis le faltaban varias partes que ahora salen a la luz. Cuando se empezó a visualizar el grado y volumen del negocio de la droga en Rosario, cuando el pus apareció en la superficie, se comenzó a sospechar hasta dónde llegaba hacia abajo el iceberg. Hoy se ve que la punta va muy profundo y que no sólo pone a pibes de los barrios humildes en riesgo. Hoy se sospecha del blanqueo, de inversiones, de un entramado que vincula estudios jurídicos, contables y algunas otras oficinas con despachos policíacos. Una suerte de metástasis que se dejó crecer y que produjo varios millonarios en pocos meses.

El gobierno de la provincia no cree en una intervención civil temporaria para ordenar los mandos y ejercer un férreo control policial. "Esa salida no existe, la tropa no va a obedecer a nadie que no tenga uniforme", dijo a este cronista una alta fuente de la gestión socialista. Se adivina también una cierta tensión en el gobierno de Bonfatti entre aquellos que tuvieron y tienen en mente nuevas recetas, distintos paradigmas sobre la seguridad con otros que se ven permanentemente tentados a repetir esquemas que pueden conformar a la gente por un corto tiempo. El diputado bonaerense Marcelo Saín -creador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que con sus escuchas tumbó a Tognoli- hacía saber en las últimas horas por las redes sociales que "hay que dejar de andar dando conferencias de prensa por procedimientos policiales de cuarta y armar una Agencia Federal de Seguridad Compleja", y también: "Lo de Santa Fe demuestra que cuando hay una intervención policial federal seria, los resultados son eficaces en la lucha contra el narco". Bueno, es posible que no se haya escuchado concretamente a Saín, pero ahora se sabe que el gobierno santafesino se prepara para anunciar una Agencia de Seguridad para Delitos Complejos que saque a la policía tradicional de temas sensibles.

Los efectos del "huracán Tognoli" sorprendieron a la propia oposición política en la provincia que tuvo que salir a sopesar sus declaraciones. Era de tanta gravedad el tema de consulta de la prensa que diputados y senadores de la oposición no se animaron a sobrecargar las tintas. Más allá del instinto de preservación política que muchos han desarrollado, la situación demuestra claramente que existe una preocupación estructural por el tema que excede el corto plazo y pone a todos los dirigentes en obligación de dar respuestas, aunque con distintos niveles de responsabilidad, por supuesto.

Ni la justicia federal se salvó de las esquirlas. Por qué tal juez subrogante no firmaba la orden de detención de Tognoli ni los allanamientos que pedía la fiscal. ¿Por qué el magistrado titular tardó tanto en librar la captura y si lo hizo fue no sólo para fuerzas federales sino también para las provinciales que hasta ayer presidía el propio buscado? Decenas de interrogantes, una densa trama alrededor de una caso que sacudió el corazón de la Casa Gris.

Hay algo, en las alturas del poder santafesino, que sigue molestando a los funcionarios del más alto nivel: ¿Por qué la PSA o alguien de quienes la conducen desde el poder civil no avisó al gobierno de Santa Fe qué clase de jefe habían puesto al mando de la fuerza y le habían confiado las armas de la provincia para combatir al delito?, ¿por qué filtrar la información a través de un diario?. Muchas pueden ser las respuestas, algunas pueden incluir las sospechas de que ese proceder sólo pondría sobre aviso al jefe policial sospechado y nada más.

El día antes de que se conociera públicamente el escándalo de la investigación de la PSA contra el comisario Tognoli, el Concejo Municipal de Rosario había votado un proyecto de declaración presentado por el concejal Osvaldo Miatello (PJ) cuyo texto es casi premonitorio: "Los detalles de las operaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria contra el narcotráfico en nuestra ciudad, que se dio conocer a partir de valientes investigaciones periodísticas, superan cualquier guión cinematográfico. Es necesario que la justicia federal esclarezca en forma total esta causa", y destaca que es "necesario acompañar la actitud de periodistas que han posibilitado que la ciudadanía tome conocimiento cabal de la forma de operar del narcotráfico y sus posibles vinculaciones con quienes deberían combatirlo". La referencia es para la causa por drogas que terminó con el procesamiento de nueve personas tras los allanamientos que había desarrollado la PSA en Rosario.

Y este es otro dato que incomoda a la administración Bonfatti que se pregunta por la verdadera colaboración de las fuerzas federales en la lucha contra el narcotráfico en la provincia. Dicen "hubo sólo dos procedimientos de la PSA en nuestra zona y uno de ellos termina con el jefe de la Policía", queriendo hacer ver que no hubo una actividad permanente de la fuerza federal en Rosario y que por otro lado se alimentan las sospechas políticas, competencias entre las fuerzas y muchos otros ítems que dan para la imaginación y la conspiración.

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