CIUDAD › SOBRE LAS PRESIONES A ALUMNOS EN LA CAUSA VIGIL

También con los niños

 Por Lorena Panzerini

Los testimonios en el marco de la causa que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil durante la última dictadura militar, revelaron que los alumnos del complejo eran utilizados para "investigar" las actividades de sus padres y familiares. El caso más emblemático es el de Celina Duri, hija del entonces presidente de la Comisión Directiva, Antonio Duri, que fuera obligado a renunciar y luego fuera secuestrado y torturado en la Jefatura de Policía de Rosario. Ramón Telmo Alcides Ibarra, alias "Rommel" -integrante de la patota de Feced, que en la Vigil actuaba como asesor pedagógico-, indagó a la niña de 11 años durante horas, intimidándola con un arma arriba del escritorio. Ante ello, el fiscal instructor de la causa, Gonzalo Stara, confirmó a este diario que "esta práctica encuadra en los extremos previstos por la ley penal para configurar el delito de tormentos"; y recordó: "En el caso particular de Celina Duri, ya hemos pedido que se indague a Telmo Ibarra". Al mismo tiempo, fueron recuperados los expedientes penales de la Justicia provincial con investigaciones en torno a la administración de los bienes de la Vigil, en el marco de la causa que investiga el delito económico.

Los "coincidentes" testimonios de ex directivos y ex empleados de Vigil que pasaron en el último mes por los Tribunales Federales fueron resultado de la última ronda de declaraciones prestadas ante el fiscal Stara, de los que "cada día hay nuevas hipótesis a investigar". Los abogados patrocinantes de los ex directivos querellantes en la causa confirmaron que se esperan más declaraciones hasta el 15 de febrero próximos.

Los relatos dan cuenta que Celina no fue la única niña indagada. Directivos de la institución, empleados y maestras, muchas de las cuales renunciaron porque eran "constantemente amenazadas", hablaron de la situación posterior al secuestro de los miembros de la Comisión Directiva. "Lo que no se sabía era el calvario de la gente que se quedó en la escuela" durante la intervención de 1977, relató el abogado Marcelo Scalona sobre los empleados que "aguantaron" unos meses más, pero luego comenzaron a ser secuestrados y perseguidos. "Se habla de niños, algunos de ellos hijos de directivos, que eran indagados. Todos reconocen a Telmo Ibarra como el que hacía esto", aseguraron los abogados querellantes de los directivos y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Ibarra está acusado como uno de los responsables del saqueo, quema y destrucción de los ochenta mil libros que contenía la biblioteca del edifico de la Vigil, en Alem y Gaboto. También participó de la venta de los locales, bienes y terrenos que eran propiedad de la Biblioteca por un total de 10 millones de dólares. Antes de pasar a disponibilidad en 1998, se desempeñó como jefe de la División Informaciones de la Unidad Regional II.

La acusación de que los alumnos de la escuela de los tres niveles del complejo Vigil eran rehenes de los personeros del estado terrorista que la intervinieron, fue confirmada por el fiscal de la causa. Al respecto, Matilde Gatti, de la APDH, indicó que "recién se están conociendo estas situaciones angustiantes para quienes las relatan, por lo que no sabemos de qué chicos en particular se habla, porque sería bueno que ellos testimonien al respecto".

Por su parte, Scalona señaló: "Hay una enorme coincidencia sobre el modus operandis premeditado y bien despectivo de ir llevándose todo, echar a la gente e ir reemplazándola. Cuando había que nombrar nuevos cargos docentes no lo podía hacer la directora de la escuela, ni la Comisión Directiva y se fueron abandonando todos los criterios educativos de la Vigil, los anexos y todo el proyecto".

El 25 de febrero de 1977, una "comisión normalizadora" a cargo del Capitán de Corbeta, César Molina, con apoyo de fuerzas armadas de la policía, ingresaron a la sede de la Biblioteca Vigil prohibiendo el acceso a los directivos. En marzo, la Comisión Directiva fue obligada a renunciar, y en abril asumió como interventor el Coronel del Ejército retirado Sócrates Alvarado. Dos meses después, comenzó el secuestro de los miembros de la ex comisión directiva y el saqueo.

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