OPINIóN

Una política de Estado

 Por Vildor Garavelli y Marta Felperín*

El editorial publicado por el diario La Nación del día 23 de noviembre de 2015 y titulado "No más venganza" dice, con respecto a los Juicios de Lesa Humanidad, que el nuevo gobierno elegido el 22 de noviembre de 2015 debe "terminar con la mentira de los 70" y que "las ansias de venganza deben quedar sepultadas para siempre". La sociedad ha reaccionado de inmediato repudiando la misma, en primer lugar los propios trabajadores del diario, todo lo cual es auspicioso.

Al respecto entendemos que se hace necesario realizar algunas precisiones:

1-Que el citado Diario no es la primera vez que trata de condicionar la política de los gobiernos entrantes sobre el tema de los juicios a los responsables de los delitos cometidos durante el terrorismo de estado tipificados como de lesa humanidad. Ya lo había hecho con Néstor Kirchner en 2003 y lo hace ahora con Mauricio Macri. La respuesta del primero fue contundente, la del segundo se limitó a decir que es un tema del Poder Judicial. La experiencia indica que los juicios sólo pueden llevarse adelante como política de Estado en la que estén involucrados los tres poderes. La propia Corte ha impulsado la creación de una Comisión Interpoderes para acelerar los juicios y coordinar aspectos de infraestructura.

2- Es necesario precisar que los procesos judiciales en cuestión no son actos de "venganza" como sostiene La Nación. Por el contrario y tal como lo ha dicho el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti, "este proceso, pertenece al contrato social de los argentinos", agregando que "no hay ni puede haber limitaciones respecto de los juicios de lesa humanidad en curso. La Corte ha declarado la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, así como de los indultos, y por lo tanto no puede haber nuevas amnistías; nuestro sistema constitucional no lo permite" (Página/12, 12/09/2012).

3- Si bien los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández han sido quienes han impulsado con mucha fuerza la realización de los juicios, es necesario advertir que la Corte Interamericana de DDHH en el año 1992 había ordenado al Estado Argentino investigar los crímenes cometidos durante la Dictadura, sancionar a los responsables y reparar a sus víctimas. Además, previo a 2003 había más de medio centenar de altos jefes de las Fuerzas Armadas detenidos por decisión judicial, entre ellos los máximos jefes de la primera junta golpista, Jorge Videla y Emilio Massera. La nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida fue dictada por la justicia federal dos años antes, debido a la persistencia de los organismos defensores de los derechos humanos, que nunca consintieron la impunidad de esos graves crímenes.

4- Otro tema que plantea el Editorial de La Nación es "la persecución" (como la llama) contra magistrados judiciales en actividad o retirados, la cual a su entender debe terminar. De concretarse tal anhelo, se dejaría afuera a la responsabilidad civil durante la dictadura. Contrario a ello, el propio Presidente de la Corte ha dicho que "el Poder Judicial se debe mirar a sí mismo, hacer una autocrítica de su rol institucional en aquellos tiempos, y un juzgamiento de las conductas individuales" (Página/12 citado).

5- Por ello es nuestra opinión como Centro de Estudio e Investigaciones de Derechos Humanos que posiciones como las sustentadas por el Editorial analizado deben ser rechazadas ya que su objetivo es ir en contra del proceso de memoria, verdad y justicia que la sociedad argentina se ha dado como política de estado. Por el contrario, será nuestra obligación velar porque los tres poderes del Estado Nacional, así como los Estados Provinciales, mantengan dicha política y aporten, cada uno desde sus competencias, los elementos necesarios para llevarla adelante.

*Director y secretaria Académica del Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos "Dr. Juan Carlos Gardella", Facultad de Derecho de la UNR.

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