CIUDAD › LA POLíTICA DE DERECHOS HUMANOS DEL GOBIERNO SANTAFESINO

El debate en la Cámara de Diputados

Rosario/12 accedió a la versión taquigráfica de la sesión en la Cámara baja donde se polemizó sobre las declaraciones del integrante del Equipo de Antropología. Lo que sigue es un resumen de las posiciones de diputados identificados por su compromiso con los derechos humanos.

 Por Horacio Vargas

El 27 de julio, Rosario/12 publicó una entrevista a Miguel Nieva, del Equipo Argentino de Antropología Forense, donde señaló la falta de apoyo político y económico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe. La réplica no se hizo esperar. Primero lo hizo Rosa Acosta, la subsecretaria de Derechos Humanos, quien parece haber decidido abandonar el bajo perfil; después el gobernador Hermes Binner lanzó una frase célebre: "Hablen con el ministro". Y Héctor Superti, que se destaca por esquivar a los medios con elegancia, redujo la polémica a una cuestión de transparencia administrativa como exige la burocracia: Nieva nunca pasó a retirar el cheque oficial porque no presentó factura. El 31 de julio, en el recinto de la Cámara de Diputados, legisladores oficialistas y opositores, se hicieron eco de lo reflejado por este diario. La versión taquigráfica de esa sesión ﷓de la que se publican hoy los párrafos más salientes﷓ da cuenta de un debate que sigue abierto.

Lucrecia Aranda: "Esto no es un grupo de amigos, no es una reunión en la esquina, esta es la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Los debates son políticos, no son personales. El fondo del tema es que era tan urgente la invitación (a Nieva), era tan inmediata la garantía de los derechos humanos en la Provincia de Santa Fe y la posibilidad de llegar a los juicios de verdad y justicia por los crímenes de la dictadura, que tomarse unos días más o unos días menos, para recibir a una persona que tiene una opinión o una visión justificada, legítima, prácticamente hacía peligrar el orden institucional de la República. No podíamos tomarnos el tiempo en la Comisión de reunirnos, de ver, de decidir cuando lo citábamos, como lo invitábamos, cuál era el tema. No, no hubo posibilidad de nada, hubo que salir a denunciar rápidamente por los medios porque en el momento en que la diputada (Saldaña) lo plantea ya tenía pautada la nota con Rosario/12. La intencionalidad política era el escándalo público y la mala suerte de no haber podido comprometer mi presencia en la Comisión le dio la excusa justo a la diputada para poder hacer un escándalo político de un tema que no existía en realidad, porque en ningún momento la Comisión se negó a recibirlo (a Nievas) y nunca lo pudo tratar. Entonces, el fondo político ¿cuál es?, ¿cuál es la preocupación? ¿La defensa de los derechos humanos? O la preocupación es hacer de esto un motivo para atacar la gestión del Frente Progresista. Creo que es clara que esta es la intencionalidad política".

Claudia Saldaña: "Lo que quiero manifestar con respecto a esto ﷓escuché muy atentamente a la señora diputada﷓, es que si queremos ayudar y no escuchamos, cómo vamos a hacer, porque este malestar que nos anoticiamos en el diario y previamente Nievas vino y me cuenta su preocupación, que no la habíamos hecho pública, que fue el día lunes de la semana anterior, es entrevistado casi una semana después y él hace estas declaraciones. Lo que sí digo es que hay un gran malestar y me parece que no es patrimonio de ningún partido político la cuestión de los derechos humanos sino que tiene que ver, y más cuando estamos refiriendo a estas causas por delitos de lesa humanidad, con el conjunto de los ciudadanos. Los testigos están muy preocupados, yo estuve en reuniones con ex presos políticos sobrevivientes también y cuento con la colaboración de ellos. Estuve en reuniones con Hijos, tanto de Santa Fe como de Rosario y la verdad que esta gestión está demostrando una parálisis que preocupa por la proximidad que tienen los juicios, por lo tanto, si no tenemos las pruebas contundentes y no aceleramos esto, no estamos hablando de un miércoles a otro, estamos hablando de que ya pasaron siete meses de gestión. En consecuencia, se me ocurre, que nosotros tenemos la obligación de que las cosas se empiecen a hacer o por lo menos se continúe el trabajo que se venía haciendo y que salgamos de esta parálisis porque no estamos aportando pruebas concretas. Esto es muy serio y muy preocupante; no solamente porque no está el trabajo del equipo de Antropología Forense sino porque, precisamente, los propios testigos lo dicen, que no saben nada del programa de protección a testigos. Esto les genera muchas dudas porque están recibiendo amenazas. Jamás voy a poner un tema de estas características por encima del partido, es más, no defiendo la gestión pasada, soy antirreutemista, por lo tanto no acato al partido, sino que tengo principios humanistas y cristianos. Simplemente, me involucré en esta cuestión porque creí que era necesario hacerlo. Por lo tanto, creía que la Comisión podía recibirlo para escuchar y así poder ayudar y, de alguna manera, encaminar esto en lo que creo que están faltando acciones concretas para dar garantías a los derechos básicos".

Raúl Lamberto. "Nos llama la atención que la primera información y sin quitar méritos técnicos al miembro de Antropología Forense, el hecho de tener condiciones técnicas no da derecho a imputaciones como las que se hicieron. Yo no soy partidario del pensamiento único; pero sí creo que las cosas deben tener límites, tener regulaciones, porque, evidentemente, no se puede en base a un eslogan hacer todo una política. Cuando se hacen estas imputaciones, como lo que hace Nieva, hay que verificar si es cierto o no es cierto.

Quiero aclarar que la presencia de antropólogos forenses no se hace porque alguien quiere hacer una investigación; se hace por pedido de los jueces. En este caso, el Ministerio Público Fiscal remite actuaciones, Cementerio Público de Barrancas, Juzgado Federal Nº 1, Provincia de Santa Fe, pide participación de Antropología Forense, y pide, a través de un oficio, después de firmar los gastos, el monto de $ 1.400. Eso se hace el día 27 de mayo de 2008. En fecha 25 de junio de 2008 el órgano provincial emite el cheque, se le avisa al señor Nievas; el señor Nieva nunca lo retira, la razón, evidentemente, será una razón de él, nunca lo retira, pero en cumplimiento de un oficio judicial, la Provincia, cinco días antes de que se hicieran las excavaciones correspondientes había emitido el cheque, y estaba a la orden del señor Nievas para ser retirado.

En otra declaración, el señor Nieva dice: "Bueno, en realidad el cheque apareció después que hice un trabajo, pero no era correcto cobrarlo", etcétera. Yo no puedo introducirme en el accionar objetivo o subjetivo del señor Nieva. Desde el punto de vista de la Administración Pública, a la cual se está criticando, cinco días antes de que se hicieran las excavaciones en el cementerio de Barrancas, la disposición de fondos del Gobierno estaba.

A su vez, se plantea que se tuvo que trasladar con medios propios. En realidad, yo tengo un informe día por día de ida y regreso, con que medios se trasladó el señor Nievas y salvo un día que fue el primero, que regresó con el vehículo de Pedraza, jefe técnico del Ministerio, el martes fue con vehículo del Juzgado Federal, el tercero fue con el vehículo de Pedraza, el cuarto con el vehículo de la Secretaría de Derechos Humanos y el quinto con el vehículo del Juzgado Federal. Se está determinado que hubo apoyo y asistencia del Juzgado Federal, de la Secretaría de Derechos Humanos, inclusive del asistente técnico del Ministerio en forma personal, que evidentemente está absolutamente comprometido con estos temas. A su vez, el señor Nieva agrega que hubo que comprar dos féretros, dos cajones para hacer sepulturas y que estos fueron aportados en forma personal por la diputada Alicia Gutiérrez. Yo estoy en condiciones de decir que eso tampoco es cierto, y que ha sido la Municipalidad de Rosario la que procedió a dar cumplimiento a esta obligación. Nosotros no creemos que esta denuncia, en los términos efectuados por Nieva, involucre una política de derechos humanos de esta Administración.

Antes, la Secretaría de Derechos Humanos funcionaba en base a la provisión de fondos a tres fundaciones y esas fundaciones terminaban contratando o efectuando los pagos. Algunos pueden entender que es una buena política, nosotros creemos que no es una buena política. Entendemos que no se puede seguir jugando a que una noticia periodística coloque el debate de algo tan sensible como es este tema para la opinión pública y que nos sumemos sin tomar los recaudos necesarios para saber, exactamente, cuál es la realidad para abordarlo. No se puede creer que porque alguien no cobró el cheque que tenía asignado por la Provincia no hay política de Derechos Humanos".

Alicia Gutiérrez. "Creo que acá hay una voluntad política de muchos, no digo de todos, pero de muchos de los integrantes de los partidos, de que haya en verdad justicia y condena para los represores. Y aquí, dentro de muy pocos meses, tendremos juicios muy importantes, el juicio a Brusa, el juicio a algunos de los represores de la Seccional IV, de la ciudad de Santa Fe, la causa Feced en Rosario, etcétera. Entonces, andar agitando de que hay malestar en los querellantes y en los patrocinantes con respecto a lo que está actuando la Subsecretaría de Derechos Humanos, es una canallada. Porque desde hace dos meses, aproximadamente, prácticamente cada 15 días hay reuniones de querellantes y de abogados patrocinantes con la Secretaría. Se modificó el decreto, que todavía está vigente y que se va a firmar en estos días, que el Gobierno anterior había establecido, que había un programa de protección para testigos conducido, nada más ni nada menos, que por las TOE, y que los sicólogos iban a ser los sicólogos de las TOE. Imagínense qué seguridad tenemos los querellantes si iban a ser las TOE las que nos iban a proteger, a custodiar y, encima, iban a ser nuestros sicólogos si necesitábamos ayuda sicológica. Este era el proyecto del gobierno anterior, que es lo que pretendemos modificar que, junto con los querellantes de los organismos de los derechos humanos, es lo que se modificó y que está a la firma del señor Gobernador.

Creo que aquí hay una intencionalidad política muy clara en todo esto, creo que el señor Nieva podrá declarar lo que quiera, pero si detrás de ello no hay alguna, digamos ilustración de este tema por parte de algunas diputadas y diputados, este tema hubiera quedado como una declaración más del señor Nieva. El tiene derecho a declarar lo que quiere pero con ciertos límites, obviamente no faltando a la verdad. Sí hay que admitir que cumple una función muy importante el Equipo de Antropología Forense, como lo ha cumplido a lo largo de todos estos años en la Provincia. Directamente, ese programa que existía durante al Gobierno anterior, nunca se aplicó. Ahora, va a haber un nuevo decreto y ya está en funcionamiento un nuevo Programa de Protección de Testigos. Entonces, me parece que debemos dejar de escuchar fantasmas en este sentido y ponernos a trabajar todos, pertenezcamos al partido que pertenezcamos".

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El 31 de julio, la Cámara de Diputados se hizo eco de una nota publicada en Rosario/12.
 
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