El cantero central de calle Oroño estuvo colmado de gente que esperó la sentencia en el mediodía otoñal. Prisión perpetua para Ramón Díaz Bessone, ideólogo del terrorismo de estado en la Argentina, de 86 años, así como para José Lofiego, el Ciego, temido torturador en el Servicio de Informaciones. Los dos recibieron la máxima pena por homicidio calificado en concurso real con privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos agravados. El anuncio liberó los gritos de alivio, las lágrimas de alegría, los abrazos esperados durante 28 años. El resto no estaba acusado de homicidio en esta elevación parcial de la megacausa que investiga lo ocurrido en el principal centro clandestino de detención de la región. A Mario Marcote, el Cura, le correspondieron 25 años. "Asesino, asesino", gritaron los presentes cuando la jueza Beatriz Baravani de Caballero leyó su pena. Ramón Vergara, el Sargento, la "sacó barata": 12 años, mientras José Scortecchini recibió una sanción aún menor, sólo una década. Los gritos de bronca se repitieron. Fue absuelto Ricardo Chomicki, acusado por las querellas de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. De nuevo hubo silbidos y abucheos.

El Tribunal Oral Federal número 2 revocó las excarcelaciones, y determinó que las penas se cumplan en prisiones comunes del Servicio Penitenciario Federal. Así provocó un aplauso, pero hubo quejas cuando se leyó que en el caso de Díaz Bessone dependerá de su estado de salud.

"Sabor a poco" fue una de las frases más pronunciadas por los sobrevivientes y testigos de la causa, nacida bajo el nombre de Feced en febrero de 1984, en los tribunales provinciales de Rosario. "Nos hubieran gustado condenas más rigurosas, porque ellos gozaron de la libertad durante todos estos años", dijo con una lógica implacable Elsa Chiche Massa, madre de la plaza 25 de mayo, que a sus 87 años volvió a su casa en el colectivo 144 tras escuchar la sentencia en la primera fila de la sala de audiencias, con su pañuelo blanco y fotos de desaparecidos.

Con la disidencia parcial de Jorge Venegas Echagüe, el Tribunal --que completa Otmar Paulucci-- rechazó las denuncias por falso testimonio hacia testigos y víctimas que efectuó la jueza Laura Cosidoy, defensora oficial durante la última dictadura militar y acusada de complicidad con el terrorismo de Estado. Paulucci votó en disidencia en las acusaciones de asociación ilícita, delito que igual les cupo a los cinco condenados.

La sentencia conocida ayer corresponden a delitos de lesa humanidad cometidos contra 93 víctimas. Es sólo la primera parte de la megacausa que investiga el funcionamiento del SI, donde se estima que pasaron clandestinamente más de 2000 detenidos políticos. En la segunda parte habrá 16 imputados (que incluyen a los condenados ayer) por muchos más casos.

Los abogados querellantes subrayaron el valor de las sentencias obtenidas. Jessica Pellegrini, de la Liga y Familiares, consideró que "algunas" condenas estuvieron "a la altura de las expectativas". "Lo de Díaz Bessone es muy importante, después de las chicanas de sus abogados para separarlo de la causa. Lofiego es otro emblema. Y el resto, lo vamos a pelear. A Vergara y Scortecchini se les van a sumar otros delitos en la segunda parte de Feced, y se conseguirá la máxima condena", dijo la abogada, quien subrayó que "esperaban" la absolución de Chomicki y enfatizó: "Los delitos están probados, tenemos que seguir acusándolo".

Que uno de los máximos jerarcas de la última dictadura militar, que tuvo a su cargo la zona 2, haya recibido su primera condena fue el dato más señalado. "Díaz Bessone es uno de los ideólogos del terrorismo de estado, que casi se nos escapa (debido al pedido de declararlo inimputable que hizo su abogado defensor, Gonzalo Miño). Tuvo su primera condena del país, y eso es motivo suficiente para celebrar", consideró Ana Oberlin, abogada de Hijos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Leticia Faccendini, de la querella de la Liga y Familiares, fue elocuente. "El genocida se va a morir condenado", dijo la profesional.

El público mezclaba a luchadoras históricas como Alicia Lesgart, Ana Moro, Inés Cozzi y Silvia White, de las primeras que participaron en las investigaciones del terrorismo de Estado en Rosario, junto a jóvenes militantes políticos que agitaban sus banderas partidarias, con integrantes de Hijos y de otros organismos.

Las lágrimas brotaban de los ojos. Cuando Josefina Victoria Tossetto González --hija de Rut González, desaparecida, una de las víctimas de esta causa-- salió de la sala de audiencias, sus ojos grandes estallaban en llanto. "Se quedó corta la justicia, como en general se queda corta con nosotros. Pero esto es una inyección, un reconocimiento a tanta pelea de tantos años, a tantas víctimas que sobrevivieron a la represión pero murieron sin ver la justicia", dijo la joven que brindó un testimonio estremecedor en el juicio. Josefina, la Tana, recordó a la Abuela de Plaza de Mayo Darwiña Galicchio y a Fidel Toniolli, entre los que hicieron posible la condena de ayer.

Para Nadia Schujman, secretaria de Derechos Humanos de la provincia y abogada querellante de Hijos, lo más importante es haber logrado que Díaz Bessone fuera condenado. "Son muy importantes estas primeras condenas. La de Díaz Bessone demuestra que hubo un plan sistemático de represión ilegal que no distinguió entre policías y militares. Aunque no se puede dejar de reconocer que nos parecen bajas las penas para Scortecchini y Vergara. Si tuviéramos el sistema que rige en otros países, donde se acumulan condenas, deberían haber sido condenados por más de 100 años", apuntó la abogada.

El abogado de Hijos, Lucas Ciarnello Ibañez, consideró que "de los seis imputados, a tres les dieron lo que habíamos pedido. Pero las condenas demuestran que estos juicios no son políticos. El poder judicial es imparcial y eso echa por tierra lo que dicen los acusados, que afirman estar condenados antes de empezar".

Distintas generaciones se agolparon frente al televisor que mostraba a la magistrada leyendo el veredicto. Los acusados estuvieron presentes, menos Díaz Bessone que por razones de salud siguió la última parte del juicio desde su casa. Adentro de la sala de audiencias, además de las Madres y algunos querellantes, estuvo el gobernador Antonio Bonfatti, el ministro de Justicia Juan Lewis y el de Gobierno, Rubén Galassi. El ex gobernador Hermes Binner, y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Angélica Gastaldi, le dieron el valor histórico a la lectura de la sentencia, sentados entre el público. El secretario de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo, Julio Piumato, llegó desde Buenos Aires. Afuera, sobre la vereda de Oroño, en un costado, la intendenta Mónica Fein seguía la lectura frente a otro televisor, acompañada por el secretario de Gobierno, Fernando Asegurado. Frente al escenario, en medio de los militantes, el diputado nacional del Frente para la Victoria Agustín Rossi también dijo presente.

Toda enumeración corre el riesgo del olvido. Muchos artífices del juicio terminado ayer, que lucharon durante años contra la impunidad, no llegaron a escuchar la sentencia. A los ya mencionados se suman el sobreviviente Eduardo Tortuga Nassini, la abogada Delia Rodríguez Araya, Cecilia Nazabal, las Madres Nelma Jalil y Esperanza Labrador, Rubén Naranjo, Angel Seggiaro, entre otros tantos. Ayer estuvieron rondando por bulevar Oroño, como recuerdos imborrables para sus compañeros.