CIUDAD › SUSPENDEN EL CONTROL A IMPUTADOS EXCARCELADOS

Por las demoras en los salarios

A fin de mes, la Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas (OMAS), que controla prisiones domiciliarias, prohibiciones de acercamiento y restricciones de imputados con causas en trámite, suspenderá los servicios que presta al Poder Judicial desde la entrada en vigencia del nuevo sistema penal. Es que si bien a fines del año pasado la Corte Suprema santafesina adelantó la "institucionalización" de la oficina (que era parte de un convenio), la incertidumbre del personal se renovó ante el atraso de sueldos; y aunque se les indicó que los contratos "están en marcha" en el Ministerio de Justicia provincial mientras se oficializan los cargos solicitados por el Poder Judicial al Ejecutivo , la cuestión presenta demoras. El personal se esperanza en la recreación de las condiciones para su continuidad.

La semana pasada, desde la OMAS ya habían decidido cerrar la oficina durante la feria judicial que comienza el lunes; y a principios de esta semana les llegó una nota de los co directores de la oficina, los camaristas Daniel Acosta y Alfredo Ivaldi Artacho, en la que se les indicó que ante "dificultades insoslayables" los servicios que actualmente prestan cesarán a partir del viernes 31 de julio.

A medidos de junio, los jueces penales dejaron de derivar causas a la entidad encargada de controlar que se cumplan prisiones domiciliarias, salidas laborales, prohibiciones de acercamiento, restricciones de libertad, internaciones y presentaciones periódicas de personas con causas en trámite. Hasta mayo pasado, la OMAS contaba con 243 legajos activos.

Ahora, las Oficinas de Gestión Judicial, el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público de Defensa y los juzgados de Sentencia deberán arbitrar los medios para realizar los controles; aunque se espera que la oficina pueda seguir funcionando, ya que los actores del nuevo sistema penal depositaron allí "mayor nivel de confianza".

La OMAS comenzó a funcionar en Rosario en febrero de 2013, a partir de un convenio con la Corte, financiada por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), en el relevamiento de los juzgados de Sentencia del sistema de conclusión de causas. Empezó como un proyecto piloto, con la idea de poder extenderlo a Santa Fe. Y desde que se puso en marcha, con tres profesionales a cargo, se habló de "resultados positivos".

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