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Viernes, 5 de septiembre de 2014

A LA VISTA

CUERPO MARCADO

En la provincia de Buenos Aires se aprobó una ley para que las personas que viven con VIH, entre otros grupos, accedan gratis al transporte. Qué alcances tiene la definición de lo que la mirada estatal entiende por “personas vulnerables” y los límites estigmatizantes de la buena voluntad.

 Por Gustavo Pecoraro

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó una ley presentada por la diputada del Frente para la Victoria Lucía Portos que otorga acceso gratuito a los servicios de transporte de pasajerxs (urbanos, interurbanos y de larga distancia de empresas que operen regularmente en dicha provincia) previo trámite de un carnet de identificación que será válido por seis meses y renovable. Según consta en la ley, el alcance es para las personas “Enfermas de VIH; con tuberculosis; en tratamiento de hemodiálisis, o con patologías oncológicas de tratamiento prolongado de más de tres meses” (sic). Quienes quieran acceder a este beneficio deberán presentar una certificación sobre su tratamiento firmada por el médico que lo atiende o por el jefe de servicio del hospital al que concurre, que luego será presentada ante organismos oficiales, que extenderán el carnet.

En los fundamentos se expresa que “esta iniciativa legislativa va en sintonía con un conjunto de medidas llevadas adelante tanto por el Estado nacional como por el Estado provincial que tienden a la integración y la inclusión social, con especial énfasis en la atención y ampliación de los derechos de los sectores más vulnerables”. También viene a sumarse a los beneficios de las “personas con discapacidad”, quienes pueden acceder al transporte gratuito (entre otros beneficios) a instancias del Certificado Unico de Discapacidad (CUD). En la Ciudad de Buenos Aires existe una ley similar de enero de 2008 –la Nº 2596 Ley de Transporte Gratuito– para “pacientes enfermos de sida (sic), tuberculosis y patologías oncológicas de tratamiento prolongado”.

Valen algunas reflexiones. Esta positiva iniciativa queda corta.

En principio porque no se entiende que habiendo ya leyes similares en distintas ciudades no se logre aún una ley nacional que beneficiaría por ejemplo a personas que se van de sus ciudades o pueblos buscando el trato anónimo de los grandes hospitales en las grandes ciudades, para que el médico que te recete el Ritonavir no sea el mismo que encuentres en el bar del club el domingo.

Una buena corta idea

El armario pesa más en las provincias, en las ciudades pequeñas, en los pueblos. Y el armario no es sólo debido a la orientación sexual o la identidad de género de las personas.

A veces se migra a las despersonales urbes para evitar el juzgamiento, o simplemente para buscar mejor atención, como ocurre con las embarazadas viviendo con VIH que se atienden en la sala 16 del Hospital Muñiz, única en todo el sistema público de salud de la Ciudad de Buenos Aires para atención exclusiva de mujeres (en el resto de los hospitales se las interna en salas generales).

Por otro lado, y hablando de vulnerabilidad social, las personas viviendo con VIH (no enfermos de sida como una y otra vez describe la ley con una redacción como mínimo antigua) ¿son más vulnerables por ejemplo que las personas trans marcadas en su mayoría por la precariedad laboral y social? (según un informe elaborado por la Fundación Huésped y ATTTA la precariedad laboral es una de las características que afecta a esta población, aunque a partir de la sanción de la Ley de Identidad de Género haya aumentado la búsqueda de trabajo en el ámbito formal y que 3 de cada 10 mujeres trans y 6 de cada 10 hombres trans retomaron la búsqueda del mismo). ¿Y más vulnerables que las personas migrantes que habitan las villas, u otros sectores sociales marcados por la falta de trabajo o las bajas condiciones habitacionales?

Haciendo números

En Argentina, según datos oficiales de la Dirección de Sida y ETS del Ministerio de Salud de la Nación, hay 134.000 personas que conviven con VIH, de las cuales 43 mil están en tratamiento. Casi el 70 por ciento de esas personas recibe la medicación gratuitamente. La mayor parte se concentra en las grandes urbes como Buenos Aires, las regiones más pobladas del conurbano bonaerense, Córdoba o Rosario. Por lo que podemos inferir –sin generalizar– que ciertas condiciones básicas sociales están aseguradas. Según el Estudio nacional sobre la situación social de las personas viviendo con VIH en la Argentina elaborado por Mario Pecheny, del Instituto Gino Germani, y colaboradores, “...los principales problemas socioeconómicos de las personas viviendo con VIH no difieren de los que afectan a grandes sectores de la población en general: pobreza, desocupación, precariedad laboral e insuficiencia de ingresos, problemas habitacionales e inadecuada alimentación como consecuencia de los tres primeros”. Entonces, sin criticar el beneficio, como no sería correcto criticar la distribución gratuita de medicación, me pregunto si el corte que propone la ley no debería ser más amplio y correrse sólo del diferencial médico para abarcar al que contemple la falta de trabajo o vivienda, por mencionar dos vulnerabilidades.

Haciendo preguntas

¿Vivir con VIH convierte a una persona en un discapacitado? ¿En una persona más vulnerable que otra que por ejemplo no tiene trabajo o vive en una villa sin agua corriente?

¿En qué nos convierte –finalmente– identificarnos como vulnerables o discapacitados?

Las dudas llegan incluso a los médicos y representantes de los programas provinciales de sida: “Hay quienes están en desacuerdo con otorgar certificados de discapacidad, ya que no necesariamente el vivir con VIH-sida es sinónimo de portar algún tipo de discapacidad. Incluso consideran que esto no haría sino sumar atributos desacreditantes (los asociados a las discapacidades) a las situaciones estigmatizantes que ya afrontan cotidianamente las personas que viven con VIH”.

Hay factores clínicos que debilitan la salud, pero también hay otros que incluyen la pobreza y la inseguridad alimentaria o habitacional, la precariedad laboral, la falta de oportunidades educativas, la exclusión social o la desigualdad de género, etcétera.

Enfrentar una enfermedad que puede atentar contra nuestras vidas no debería ser una marca en las personas que convivimos con el VIH. Esta ley aprobada en la provincia de Buenos Aires es una buena y corta idea. Su voluntad reparatoria me genera dudas sobre qué somos realmente las personas viviendo con VIH para quienes legislan. Y sobre qué somos para las demás personas. Lejos de ir corriendo a pedir ese carnet, lo primero que se me ocurre es alejarme de cualquier etiqueta que me coloque en inferioridad de condiciones con respecto al resto de la gente. Pero por otro lado extiendo la mirada a esos sectores que siguen pareciendo invisibles hasta en correctas medidas como esta ley, y que siguen esperando la integración y la inclusión social.

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