Los dos integrantes del Partido Obrero (PO) detenidos por el corte de vías del ferrocarril Roca, que el jueves pasado derivó en graves disturbios en la estación Constitución, se negaron a responder las preguntas del juez federal de Quilmes, Luis Armella, durante la declaración indagatoria. Los militantes Omar Esteban Merino y Jorge Hospital se encuentran imputados por los delitos de extorsión en concurso real con interrupción a los medios de transporte. Más temprano, el dirigente del PO Néstor Pitrola y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, cruzaron acusaciones.

En tanto, seguían prófugos Eduardo Belliboni y Miguel Morales, otras dos personas a los que el magistrado pidió la detención por el mismo hecho. El juzgado federal de Quilmes informó que la División Roca de la Policía Federal Argentina y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), siguen realizando tareas "para lograr recabar más prueba de los hechos investigados y para identificar a los restantes autores" del corte.

En la mañana, el dirigente del PO apuntó al Gobierno por la detención de dos militantes por cortar las vías en la línea Roca. Además, consideró que al Ejecutivo "le va a ser muy difícil" presentar pruebas que involucren a su partido en los incidentes del jueves en Constitución. Por su parte, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, afirmó que esos hechos "están armados" y "no son casuales", y responsabilizó al Partido Obrero de "ser funcional" a los mismos.

Pitrola se quejó por la detención de dos trabajadores efectivos del Ferrocarril Roca y afiliados al PO, Jorge Hospital y Omar Medino, mientras desde el Gobierno "están tramitando la excarcelación de los asesinos" de Mariano Ferreyra, el militante muerto en octubre pasado.

Respecto a las declaraciones de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, que anunció que presentará pruebas en contra del PO, Pitrola sostuvo: "Le va a ser muy difícil. Una patraña de ese tipo ya la tuvimos con Aníbal Fernández, y hay un juicio que se está tramitando. El dijo que nosotros éramos los culpables de los sucesos de Haedo (ocurridos en noviembre de 2005)".

"Un juicio en el que le va muy mal, nunca pudo presentar ninguna prueba porque no había nadie nuestro allí. Lo mismo va a pasar con Constitución. Ha habido un presupuesto de investigar al PO, es una persecución política", prosiguió Pitrola en diálogo con radio Mitre.

Consultado respecto de si los incidentes de Constitución estuvieron "armados", el dirigente respondió: "Esta vez, sí. Ha habido muchas rebeliones por el problema de los trenes, en la mayoría de los casos ni siquiera por problemas gremiales sino del desastre del sistema ferroviario. Pero es la impresión que tenemos en este caso".

"Nos dan aliados a (el ex presidente Eduardo) Duhalde y no sé cuántas cosas. Acá hay una lucha que viene de meses y meses, con más de 40 audiencias en el ministerio de Trabajo" para exigir el pase a planta permanente de un grupo de trabajadores tercerizados, indicó. Según Pitrola, "empujaron a esta gente a las vías por no cumplir, no pasar los tercerizados a planta. No empezaron a cobrar la categoría mínima del convenio ferroviario. Solamente en negro y una pequeña parte. Este Gobierno y este gabinete ha priorizado la alianza que tiene con Pedraza, Maturano y esta patota del sector ferroviario".

Pitrola agregó que "una foto del diario La Nación" muestra a "un delegado camionero conocido como 'Mono' Gómez de la empresa Urbano Exprés. Hay indicios de que había otros del mismo sector. Son otros los que tienen que dar explicaciones".

"El tema de la conspiración es fuerte. Yo digo que está armado, está provocado. Hay dirigentes de mi partido que están detrás de este tema. Hay punteros reconocidos que están detrás de este tema. Hay partidos como el Partido Obrero y otros trotskistas que son funcionales. Pareciera que fuera el Partido Obrero duhaldista", dijo por su parte el jefe de Gabinete.

Para el funcionario, el PO "juega con determinadas acciones que son solamente motivadas por determinados punteros ligados a Duhalde" y se preguntó "cuál es el beneficio de esas acciones que, multiplicadas por algunos medios de manera bochornosa, buscan hacer preocupar a la sociedad".

Fernández explicó que los hechos del jueves pasado se produjeron a una hora en la que hay "un pico de 60 mil personas por hora y (durante los incidentes) eran 200 o 250 personas provocando desmanes". "La secretaría de Transporte ya había aumentado la frecuencia del transporte automotor de forma tal de morigerar el conflicto. Se había buscado una alternativa que había resuelto la vida de los otros 59.800, y los 200 que se quedaron lo hicieron con la vocación de hacer daño", indicó.