La modificación introduce el obligado cumplimiento de un "déficit estructural máximo" -que entrará en vigor en 2020- y su aprobación abrió una fuerte polémica en el país ya que fue introducida en la Constitución sin que se celebrase el referéndum que reivindicaban los "indignados", la izquierda y los sindicatos por considerar que introduce un principio neoliberal. La consulta popular no era obligatoria por ley en este caso y los partidos contrarios a la reforma no lograron reunir el número suficiente de diputados y senadores para forzarla.

El acto tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela, la residencia oficial del rey, y estuvieron presentes el presidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, junto a los máximos representantes del poder Legislativo y del Judicial.

Sólo en una ocasión se había tocado la Carta Magna aprobada tres años después de la muerte del dictador Francisco Franco: en 1992, por orden del Tribunal Constitucional para adaptar la ley al Tratado de Maastricht.

Entretanto, se informó que el déficit del Estado español cayó un 11,5 por ciento hasta agosto y se situó en 30.867 millones de euros, un 2,8 por ciento del producto interior bruto. "El proceso de reducción (de déficit) se encuentra en la senda prevista y correcta", manifestó el secretario de Estado de Hacienda,

Juan Manuel López Carbajo.