En su declaración, el juez Adaro -ex ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos mendocino- consideró que Romano tuvo un "accionar no acorde a la investidura, ante las denuncias de violaciones, vejaciones, torturas y robos de bienes".

En la audiencia de ayer, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Hernán Luis Ordiales, había hecho una afirmación en la misma tónica, al sostener que el camarista sometido a juicio político fue "cómplice y encubridor del terrorismo de Estado y prestó colaboración fundamental a los represores" de la última dictadura cívico militar.

Romano huyó a Chile un día antes de que el Consejo de la Magistratura lo suspendiera para iniciarle juicio político, a fines de agosto. Fue declarado prófugo en el expediente donde está procesado en Mendoza como partícipe en 103 crímenes de lesa humanidad. El juez Walter Bento pidió su captura, aunque la dejó supeditada al proceso de remoción. Si el Jurado de Enjuiciamiento destituye a Romano, se activará la orden de arresto. A diferencia del juicio penal, el político se puede hacer en ausencia. La defensora que actúa en su nombre jamás tuvo contacto con él. Ni siquiera sabe si sigue en territorio chileno. Para dejar su postura a salvo dijo: “No tengo que coincidir con Romano para defenderlo”.