El Máximo Tribunal salió a responder a las versiones sobre los contactos entre su presidente, Ricardo Lorenzetti, y representantes del Poder Ejecutivo, y a la denuncia de la diputada Elisa Carrió sobre un "pacto" entre ambos poderes por el fallo que declaró la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La declaración fue difundida a través del Centro de Información Judicial (CIJ) y lleva la firma de Lorenzetti, Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Carlos Fayt.

"Las reuniones entre representantes de poderes del Estado forman parte de la actividad normal de la República, y no tienen por objeto la discusión de las soluciones a adoptar por el Tribunal en las causas sometidas a su jurisdicción", afirmaron los jueces, quienes remarcaron que es el Presidente del Tribunal quien lo representa en esas instancias. El comunicado remarca que Lorenzetti "informa al cuerpo colegiado de todas sus gestiones, las que siempre han sido ratificadas por el pleno".

Anoche el diario Perfil, a través de su sitio web, se rectificó y expresó que el presidente de la Corte no habló con el secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini sobre la Ley de Medios, tal como había informado el domingo, sino que esa charla fue sobre formas de combatir el narcotráfico. El medio dijo, a partir de un pedido de aclaración de Lorenzetti, que fue un "malentendido" la publicación de esa información y argumentó que el error se produjo por un paréntesis mal utilizado en la entrevista realizada por el director del diario, Jorge Fontevecchia.

En tanto, la Corte destacó en su comunicado que "desde que se consolidara en su actual composición" el Tribunal aportó "ingentes esfuerzos para fortalecer las instituciones de esta República" y "ha sostenido la independencia del Poder Judicial con firmeza, tanto en sus sentencias como en su posición institucional".

Además, a pesar de reconocer que "la democracia necesita de un debate robusto de los actos estatales", lo que incluye a las sentencias judiciales que pueden ser "ampliamente criticadas por la opinión pública y los medios de comunicación", los ministros remarcaron que no contribuyen a ese debate "los ataques dirigidos a los miembros del Tribunal cada vez que una decisión de esta Corte no satisface las expectativas de algún sector de la opinión pública".