21:30 › FUE CITADO A DECLARAR COMO IMPUTADO

El ex Jefe de la Prefectura Naval deberá dar explicaciones

Carlos Fernández, será indagado por las condiciones de detención del represor Héctor Febres, según ordenó la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.

Fernández será indagado por las "irregularidades detectadas en el lugar de detención de Febres", en una unidad de Prefectura en el Delta bonaerense. El ex titular de Prefectura deberá concurrir al despacho de la magistrada como imputado "en los próximos días", y allí se le expondrá de manera puntual "al menos tres delitos" por los cuales podría ser eventualmente procesado.

La jueza Arroyo Salgado amplió en los últimos días la declaración indagatoria de cinco miembros de Prefectura que cumplían funciones en el lugar de detención de Febres y están imputados en la causa. El represor de la ESMA fue encontrado envenenado con cianuro el 10 de diciembre pasado en la habitación de la base Delta de Prefectura donde cumplía prisión preventiva por delitos de lesa humanidad.

El crimen ocurrió poco antes de conocerse la primera sentencia en su contra en un juicio por secuestros y torturas que se llevaba a cabo en los tribunales federales de Retiro. Según adelantaron fuentes judiciales, la magistrada evalúatambién en estos días un pedido para citar a indagatoria al actual jefe de la Armada, Jorge Godoy.

En este caso particular se investigan privilegios de los que habría gozado Febres en viajes a dependencias del Arsenal Naval Azopardo, en la localidad bonaerense de Azul, entre 2003 y 2005. Los traslados se efectuaban en enero y febrero y tenían con motivo tratarlo de su diabetes "o necesidades invocadas por la misma fuerza vinculadas a la refacción de su lugar de detención", según la causa.

Pero a partir de la apertura de la causa por su asesinato, se encontraron pruebas como fotografías que indicarían que, en realidad, Febres veraneaba allí con su familia en condiciones de privilegio irregulares para una prisión preventiva.

La indagatoria de Fernández había sido pedida durante la feria judicial de enero por la fiscal de San Isidro Rita Molina y ya contaba con un reclamo anterior de organismos de derechos humanos. Las acusaciones se basan en que en la celda de Febres había DVD, teléfono celular, computadora y podía recibir visitas fuera de los horarios establecidos.

Actualmente, en la causa hay procesados dos prefectos como partícipes necesarios de homicidio en tanto que la esposa de Febres y sus dos hijos quedaron imputados por encubrimiento. La investigación de la magistrada está orientada a encontrar pruebas referidas a un crimen que buscaba silenciar al represor, quien habría estado dispuesto a dar datos sobre el robo de bebés en la última dictadura.

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