Además del CELS, participaron referentes del Movimiento Nacional Campesino Indígena, la CTA, el Movimiento Evita, Curas en Opción por los Pobres, el Instituto del Conurbano de la Universidad de General Sarmiento, el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, la Defensoría General de la Ciudad y la Coordinadora de inquilinos de Buenos Aires, entre otras organizaciones.

En la conferencia se resaltó la relación que existe entre las dificultades del acceso al suelo, la tierra y la vivienda y otro tipo de conflictos sociales que generan violencia y exclusión. Javier Goldín, de la Red Habitar, apuntó que la falta de regulación por parte del Estado "deja huérfanos" a los sectores populares que se vuelven más vulnerables frente a los mercados informales. “Pueden decidir no atenderlos, pero los pobres en algún lado tienen que vivir”, afirmó.

Raúl Fernández Wagner del Instituto del Conurbano (UNGS) subrayó la necesidad de incorporar medidas similares a las que existen en Brasil, con impuestos progresivos al suelo ocioso y una prescripción adquisitiva reducida a 5 años. Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena, Victoria Gauna sostuvo que “de la función social de la propiedad depende que el campesinado siga existiendo en la Argentina”.