Casi sin discusión, las universidades nacionales aceptaron percibir y repartirse fondos millonarios provenientes de un empresa resistida por su impacto ambiental: la minera La Alumbrera, una empresa que –según la Justicia Federal en una causa aún abierta– ha incurrido en el presunto delito de contaminación peligrosa para la salud, por lo que uno de sus ejecutivos está procesado. Luego avalada por cada institución, la decisión del Consejo Interuniversitario Nacional de aprobar el ingreso a las arcas académicas primero de 50 millones de pesos y, ahora, de otros 36 millones generó malestar entre los numerosos investigadores de las propias universidades que hace tiempo vienen alertando sobre los riesgos de la explotación minera “a cielo abierto” que se expande en el país: “La Alumbrera es un proyecto que atenta contra el medioambiente. Al aceptar estos fondos, la universidad pública está dando su consentimiento a un emprendimiento que va contra los intereses del país”, dijo a Página/12 Abraham Gak, profesor honorario de la UBA y coordinador del Plan Fénix.

El yacimiento de oro y cobre Bajo La Alumbrera se ubica en el departamento catamarqueño de Belén y los derechos de su explotación le pertenecen a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (Ymad), ente compuesto por la provincia de Catamarca, el Estado nacional y la Universidad de Tucumán –el yacimiento fue descubierto por científicos de la casa, que en 1948 lo registraron a nombre de la institución–. Para explotar la mina, Ymad conformó en 1994 una unión transitoria de empresas con Minera Alumbrera Ltd., formada por corporaciones extranjeras: tras sucesivas compras y ventas, hoy son Xstrata Plc, de Suiza, Goldcorp y Yamana Gold, ambas de Canadá. La actividad empezó en 1997 y hoy se trata de la mina más grande del país, una de las mayores del mundo (ver “Los números...”).

Al menos desde 1999, pobladores y funcionarios vienen presentando reiteradas denuncias por la contaminación generada por derrames y filtraciones. La causa que más prosperó se inició con una denuncia de un ex director de Medio Ambiente de Tucumán, el biólogo Juan González, por los niveles de metales hallados en el canal DP2, donde desemboca el mineraloducto de La Alumbrera. En mayo de 2008, la Cámara Federal de Tucumán consideró que “se encuentra acreditada la existencia de contaminación ambiental en el canal de desagüe donde vuelca sus efluentes industriales la empresa Minera La Alumbrera” y procesó al vicepresidente de la firma, Julián Rooney.

Como pruebas, el expediente citó informes de impacto ambiental de la propia minera, pericias realizadas por la Gendarmería y estudios de la Secretaría de Ambiente de Tucumán. Además de un informe de la propia Secretaría de Minería de la Nación, que consigna según recordaron los jueces al procesar a Rooney que el canal DP2 “presenta concentraciones de sólidos totales disueltos, sulfatos y molibdeno (...), hierro, manganeso, arsénico y boro, superando los límites establecidos por la normativa aplicable”, por lo que “el impacto considerado es de carácter negativo, con un fuerte grado de perturbación y un alto valor ambiental”.

¿Por qué las universidades reciben fondos de esa empresa? Ymad percibe el 20 por ciento de las utilidades de la explotación de la mina. El 60 por ciento de ese monto se dirige a Catamarca y la mitad del otro 40 por ciento va para la Universidad de Tucumán; el resto se distribuye entre las demás casas de estudios nacionales, según dispone la ley 14.771. Por primera vez desde que la mina se puso en actividad, el año pasado llegaron al sistema universitario 50 millones de pesos. Y hace apenas algunos días llegó una segunda partida, por 36,8 millones. Antes de arribar a las casas de estudios, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el cuerpo que integran los rectores de todas las universidades públicas, debió acordar el reparto de los fondos.

“Los rectores nos limitamos a discutir la distribución que nos pedía el ministerio”, explicó el actual presidente del CIN, Darío Maiorana, consultado por este diario. “Eventualmente, las universidades podrían negarse a recibir los fondos, pero hay una responsabilidad derivada de la ley que los asigna”, argumentó otro rector. La principal discusión entre los rectores se centró en los montos correspondientes a cada universidad. Menor interés despertó la propuesta de unos pocos rectores, quienes pretendían definir un destino global para los recursos: finalmente, sólo se acordó “sugerir” que los fondos de la minera se aplicaran “a proyectos institucionales”, es decir, no a un mero refuerzo presupuestario para afrontar gastos corrientes.

Tras la resolución del CIN, entre fines del año pasado y los primeros meses de 2009 cada universidad fue aprobando en sus consejos superiores el ingreso a sus arcas de la partida inicial de La Alumbrera. En la UBA, por ejemplo, los 3,4 millones que le tocaban se aprobaron este año como recursos propios, sin debate alguno. Lo mismo ocurrió en la mayoría de las casas de estudios. En otras universidades nacionales, como las del Sur, Mar del Plata y la Patagonia (SJB), hubo mociones de rechazo presentadas por profesores y estudiantes, pero resultaron minoría. Las principales objeciones a la vinculación entre universidades y minería fueron planteadas por organizaciones sociales y, desde la comunidad académica, por los investigadores críticos del modelo de desarrollo vigente, extractivo y exportador de materias primas, avalado por el Estado y las grandes corporaciones.

“En el peor de los casos, las universidades deberían usar esos recursos para investigar seriamente las consecuencias de la explotación minera a cielo abierto, una forma de explotación que, a mi juicio, va a dejar sin agua potable a las poblaciones cercanas y que no es conveniente para los intereses del país”, dijo Abraham Gak. “Es inadmisible que las universidades acepten esos fondos –estimó Mirta Antonelli, profesora de la Universidad de Córdoba–. Los rectores no pueden ignorar la procedencia de estos fondos; de hecho, algunos lo conocen perfectamente, porque hay universidades que les venden sus servicios a estas empresas. Por otro lado, hay un aspecto ético involucrado, porque se trata de fondos cuya procedencia está judicializada por contaminación, que es un delito federal. Ahora se están haciendo cómplices todas las universidades.”