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La introducción de prácticas profesionales obligatorias como requisito para graduarse está generando resistencia estudiantil en la universidad. Las carreras denominadas “de interés público” deben incluir en sus planes de estudios una determinada carga horaria de prácticas profesionales para que, antes de egresar, los alumnos adquieran alguna experiencia vinculada con lo que será su rol profesional. El proceso de reforma y adecuación de los programas curriculares a esa exigencia avanza lentamente: ya comenzó en Medicina e Ingeniería, se viene para Psicología, Agronomía y otras disciplinas. Más rápidamente se plantaron los estudiantes: advierten que podría ser una herramienta de flexibilización laboral y aplicación del trabajo gratuito, además de un filtro al egreso.
Detrás de este proceso está la polémica Ley de Educación Superior. La norma define que las carreras que pueden poner en riesgo “de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes” son carreras de “interés público” (lo que implica que otras, las demás, no tienen interés). Esas carreras son reguladas por el Estado: “Los planes de estudios deberán tener en cuenta los contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de la formación práctica que establezca el Ministerio de Educación”.
Hasta ahora se definieron los contenidos básicos y las condiciones mínimas que deben atender las universidades para dictar cinco carreras: Medicina (debe incluir un mínimo de 1600 horas de práctica), Ingeniería (200 horas), Agronomía (350 horas), Farmacia (300 horas) y Bioquímica (500 horas). Pronto se sumará Psicología a la lista. Con esos estándares en la mano, los técnicos de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) determinan si las carreras analizadas cumplen o no los requisitos y las autorizan o no a funcionar.
La oposición estudiantil a estas prácticas obligatorias, si bien dispersa, afloró en diversas facultades y universidades durante este año. Un caso es el de la Universidad Tecnológica Nacional. A principios del 2003, la UTN aprobó la incorporación en sus planes de estudios de 200 horas de “prácticas profesionales supervisadas”. Cada facultad regional deberá sellar acuerdos con empresas para instrumentarlas.
“Con la obligación de los alumnos de ir a trabajar a una empresa para poner en práctica los conocimientos adquiridos, al no especificarse que sean remuneradas, se abre la posibilidad de que las mismas se realicen en forma gratuita. En el contexto de desempleo que existe hoy, fruto de la aplicación de los programas y ajustes impulsados por los organismos internacionales de crédito (FMI, Banco Mundial, BID), los mismos que impulsan la reforma del sistema universitario, estas prácticas podrían ser utilizadas para continuar flexibilizando la mano de obra hacia el interior de las empresas”, señala un documento elaborado por Compromiso Estudiantil, una agrupación de la UTN. “Grupos económicos locales –añade– utilizan a la universidad, sus alumnos, sus laboratorios, sus recursos humanos, para elevar el nivel de la tasa de ganancia.”
También en la Universidad Nacional de Rosario se produjo durante el último cuatrimestre una fuerte protesta estudiantil contra la introducción de prácticas obligatorias como último ciclo de la carrera en la Facultad de Medicina. Para los alumnos, se corría el riesgo sufrir un filtro que limitara las posibilidades de egreso.
Con matices, una resistencia similar se vive en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Allí se debate una reforma curricular para preparar la carrera ante las inminentes exigencias estatales. El proyecto presentado por las autoridades de la facultad proponía incorporar 512 horas de prácticas en hospitales o instituciones de salud mental. El frente de izquierda EPA! (mayoría estudiantil en Psicología) alertó sobre la virtual utilización del trabajo gratuito de los estudiantes como punta de lanza para ajustar al sector de salud pública que, en gran parte, ya se sostiene con el trabajo gratuito degraduados residentes y concurrentes. “No nos oponemos a las prácticas desde lo académico. Pero queremos discutir en qué condiciones las vamos a tener que hacer –dijo Hernán Scorofitz (EPA), consejero directivo–. Además, cada doce alumnos debería haber un tutor para supervisar las prácticas. Si hoy no hay presupuesto para pagarles a los docentes ad honorem, ¿cómo van a garantizar que las prácticas se hagan con supervisión?”
Aunque la forma en que se apliquen las prácticas depende de cada universidad, desde la cartera de Educación se aseguró que “no está en la agenda del ministerio, ni del Consejo de Universidades, ni del Consejo Interuniversitario, fijar prácticas laborales gratuitas”. El secretario de Políticas Universitarias, Juan Carlos Pugliese, dijo a Página/12 que “el espíritu de la norma no es fomentar el trabajo gratuito de los estudiantes sino que los alumnos puedan realizar experiencias vinculadas con el ejercicio profesional como parte de su formación”.