Con un ambicioso proyecto que entrará en tensión con la autonomía universitaria, el Ministerio de Educación inició un proceso de discusión con las casas de estudios para definir un Plan Estratégico del Sistema Universitario Argentino. “En paralelo a la inversión que va a aportar la Ley de Financiamiento Educativo, la idea es abrir un proceso de acciones prioritarias convergentes entre las universidades y el Gobierno”, explicó a Página/12 Daniel Malcolm, secretario de Políticas Universitarias del ministerio. El propósito de la cartera educativa es tener acordado el plan estratégico para mediados de 2007. Ya se les solicitó a todas las universidades nacionales que presentaran sus bases de planeamiento institucional en octubre próximo.

“Queremos hacer dialogar la autonomía con la pertinencia”, avisó Malcolm, sabiendo del recelo que las políticas estatales pueden generar en la comunidad académica. “Pensamos la autonomía desde tres dimensiones –siguió–. No sólo autonomía de la intervención de otros poderes, sino una autonomía que se puede construir con la sociedad y el Gobierno para lograr determinados objetivos.”

En principio, lo que se les está pidiendo a las universidades es que definan (“en una extensión no mayor a diez carillas”) la visión institucional (“¿a dónde queremos ir y cómo seremos cuando lleguemos allí?”), la misión y los objetivos estratégicos (“¿cómo se logrará la visión?”), y el contexto social regional implicado. Además, la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) les requirió que planteen sus prioridades de hoy a 2010 y a 2020.

“Inicialmente, les estamos dando la palabra a las universidades para que formulen sus planes de desarrollo, con propuestas de mejoras (académicas, administrativas, de infraestructura y equipamiento) y de innovaciones (nuevas carreras, investigaciones, acciones de transferencia). El proceso de consulta interna es fundamental para que los planes adquieran legitimidad”, agregó Malcolm.

Los planteos de cada institución deben tener en cuenta los lineamientos políticos que la SPU preparó a partir de la declaración realizada por el propio Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en Horco Molle, hace dos años. Aquel documento ya hacía hincapié en la necesidad de mejorar la pertinencia social de las actividades académicas, de investigación y extensión. Una vez que las universidades hayan hecho sus presentaciones –el plazo previsto vence el 16 de octubre–, la SPU planea hacer una serie de consultas por fuera de la academia. “En el segundo semestre de este año vamos a escuchar las demandas que tienen para la universidad actores del resto del sistema educativo, el sector privado, el sector energético, medio ambiente”, entre otros.

Con esos insumos, para mediados de 2007, el ministerio pretende haber acordado con el consejo de rectores (CIN) y otros organismos vinculados a la educación superior (los rectores de instituciones privadas, la Coneau) un Plan Estratégico del Sistema Universitario Argentino, para “planificar la universidad que los universitarios pueden construir y la universidad que el país demanda”, en palabras de Malcolm.

Según el funcionario, cuando la Ley de Financiamiento haya logrado “encaminar” los salarios de docentes y trabajadores de las casas de estudios, los recursos comenzarán a dirigirse a sostener los planes presentados por las universidades y los programas desarrollados por el ministerio a partir, justamente, del plan estratégico. Esa inyección de fondos comenzaría a producirse entre el año 2008 y el 2010.