ECONOMIA › FALLIDOS DE K Y LAVAGNA SOBRE EL VETO ESTATAL

La Acción de Oro está viva

 Por David Cufré

Néstor Kirchner y Roberto Lavagna hace tiempo que dejaron de ser socios políticos para convertirse en rivales, pero al menos en un tema piensan igual. O mejor dicho, tienen la misma confusión. Ambos sostienen que el Estado ya no puede vetar decisiones estratégicas de Repsol YPF porque perdió la Acción de Oro que lo habilitaba. El Presidente hizo referencia al tema a fines de mayo en una entrevista radial. Dijo que “primero se vendió una parte de YPF” y “después la Acción de Oro”. El ex ministro de Economía acaba de anunciar que enviará al Congreso un proyecto de ley para que el Estado, a través de Enarsa, compre el 25 por ciento de YPF y “recupere la Acción de Oro”. Sin embargo, la Acción de Oro está vivita y coleando y el Gobierno cuenta con un representante en el directorio de la empresa que acompañó con su voto las decisiones importantes promovidas por los accionistas mayoritarios.

Es sintomático que en un tema crucial como el de la renta petrolera exista tanta confusión. Un paper del Grupo Moreno de reciente aparición echa luz sobre la cuestión. Lo firma uno de sus integrantes, Gustavo Calleja. “Se conoce como Acción de Oro –explica de entrada, y como queda en evidencia resulta importante dejarlo en claro– la potestad que han conservado la mayoría de los Estados nacionales en compañías privatizadas, especialmente en sectores estratégicos como el petrolero o en servicios públicos esenciales.”

En la Argentina esas facultades están incluidas en la ley de privatización de YPF (24.115) y en la de Federalización del Subsuelo y su modificatoria (24.474). Esta última fue aprobada durante la gestión de Carlos Menem con Roque Fernández en el Ministerio de Economía. La primera ley establecía que el Estado podía ejercer las atribuciones contempladas en la Acción de Oro si disponía del 20 por ciento del capital accionario de la empresa. Cuando Menem y Fernández vendieron ese 20 por ciento, se cambió ese requisito y se lo redujo a contar con al menos una acción clase A. Actualmente, el Estado nacional tiene 1000 acciones clase A.

Calleja recuerda que la transferencia del 20 por ciento de las acciones a Repsol provocó en un principio que el Estado perdiera su sillón en el directorio, así como la presencia de un síndico. Pero ante esa situación se acordó con los españoles modificar el estatuto de YPF para recuperar aquella representación. Además, en esa oportunidad se agregó una atribución más a las ya previstas en la Acción de Oro: el poder de veto del Estado nacional en caso de que la sociedad decidiera cambiar su domicilio legal o fiscal.

Los otros actos societarios que requieren sí o sí la aprobación del Estado son los siguientes:

- Decidir su fusión con otra u otras empresas.

- Aceptar o bloquear una acción de copamiento consentido u hostil sobre YPF que represente la trasferencia del 51 por ciento de su capital social.

- La transferencia total de los derechos de exploración y explotación concedidos a YPF.

- La disolución voluntaria de la sociedad.

Además, a través de su director y su síndico, el Estado puede plantear objeciones a decisiones de la empresa, como el reparto de dividendos entre accionistas en lugar de incrementar sus inversiones, pero los distintos hombres que ocuparon ese lugar desde la privatización a la fecha no objetaron la política general de la compañía.

Al anunciar la presentación de su proyecto de ley para “recuperar la Acción de Oro” y comprar el 25 por ciento de YPF, Lavagna sostuvo que se necesita “argentinizar” la empresa, con la participación estatal y no de un accionista privado, como sería el grupo Eskenazi. La iniciativa será ingresada por su compañero de fórmula para la presidencia, el senador radical Gerardo Morales.

El 11 de mayo pasado, en el acto de lanzamiento de la fórmula, Lavagna se quejó por una política del Gobierno que ahora él impulsa para el caso de YPF: la compra o participación del Estado en empresas privatizadas en porcentajes minoritarios. Dijo en aquella ocasión, en el teatro Gran Rex, que el Gobierno “derrapa por comprar pedacitos de aerolíneas, de aeropuertos, de puentes, por convertir al Estado nacional, vaya a saber por qué, en ‘socio bobo’ de algunos amigotes, en empresas donde el Estado pone y los amigotes llevan”.

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