El contrapunto entre el gobierno nacional y los de Santa Fe, Córdoba y Corrientes por la “devolución” a las provincias del 15 por ciento de la coparticipación precisa ser encuadrado en una reflexión más amplia sobre algunos aspectos relevantes del federalismo fiscal y la situación previsional en nuestro país.

El discurso habitual remarca que las provincias le cedieron el 15 por ciento a la Nación como consecuencia del desfinanciamiento producido por la privatización parcial del sistema previsional. Eso así dicho es inexacto por dos razones: la primera es que la citada cesión se formalizó en un pacto entre la Nación y las provincias firmado en agosto de 1992, casi un año antes de la reforma previsional de septiembre de 1993. La segunda es que tampoco las provincias cedieron el 15 por ciento de la masa coparticipable, sino el 15 por ciento de “su” porción, que es del 54,66 por ciento, es decir, en definitiva, poco más del 8 por ciento.

La discusión de tal “cesión” sin un debate acerca de otros renunciamientos similares (porciones del Impuesto a las Ganancias, del IVA, entre otros) y que en algunos casos se remontan a la década de 1980, como en el caso de los impuestos a los combustibles, también evidencia la falta de integralidad del debate. A su vez, es necesario tener en cuenta la evidencia en todo el mundo, y especialmente en los países que tienen sistemas previsionales serios, que cada vez más los sistemas se financian con rentas generales debido a que los aportes de trabajadores y patronales no alcanzan para sostenerlos.

En otro plano, es evidente que la Nación no se ha “sentado” sobre dichos recursos. Ha financiado, por ejemplo, dentro del ámbito previsional, el fuerte incremento de la cobertura del sistema de jubilaciones, por medio de la llamada moratoria previsional, medida que ha tenido un impacto muy significativo en las regiones más postergadas del país. Según datos censales, en 2001 cuatro de cada diez mayores de 65 años del NOA y el NEA no tenían beneficio previsional, proporción que en 2010 había bajado a uno de cada diez.

Entre 1999 y 2011 el número de pensiones no contributivas por invalidez se multiplicó por diez. Desde 2009, tres millones y medio de niños, niñas y adolescentes han dejado de estar excluidos del sistema de asignaciones familiares, igual que desde 2011, decenas de miles de mujeres embarazadas. Si además incorporamos una noción más amplia de la seguridad social, podemos incluir allí a los programas de reducción de la brecha digital (Conectar Igualdad) y a la inversión productiva con fondos previsionales para impulsar el desarrollo económico y social.

Una “renuncia” nacional a tales recursos, si bien implicaría un mayor financiamiento para los gastos provinciales, también llevaría a castigar el mencionado proceso de ampliación de derechos sociales generado en los últimos años. El discurso acerca del “esfuerzo” que hacen las provincias para “sostener” los programas nacionales (cuyos destinatarios residen, como no podría ser de otra forma, en esas mismas provincias) tampoco se verifica cuando entre 2001 y 2011 la presión fiscal creció un 50 por ciento más en el ámbito nacional que en el provincial. Esa diferencia es incluso sin considerar el efecto de la recuperación de los aportes personales por parte del gobierno nacional a partir de la reestatización del sistema previsional.

En el plano puntual de la actual discusión entre la provincia de Córdoba y la Nación, por el convenio de Armonización Previsional, deben considerarse aspectos legales y distributivos. El convenio firmado en diciembre de 2009 establece que la exigibilidad del financiamiento del déficit previsional comprometido por el Estado nacional se encuentra supeditada al cumplimiento de los compromisos asumidos por la provincia, que ratifican lo previsto en un convenio anterior, de septiembre de 2008. Específicamente, Córdoba se comprometió a armonizar su funcionamiento con los parámetros nacionales en términos de edad jubilatoria, servicios con aportes, compensaciones entre ambos requisitos, pensiones por invalidez y fallecimiento, determinación del haber inicial y movilidad.

Al respecto, el incumplimiento es flagrante por parte del Estado cordobés. En el sistema nacional, por ejemplo, para al cálculo del haber inicial se considera el promedio de las remuneraciones de los últimos diez años y en el régimen general cordobés sólo el de los últimos cuatro. Discutida ya la legalidad del reclamo, resta entonces preguntarse acerca de la pertinencia del mismo en términos de justicia distributiva. El régimen general cordobés garantiza una jubilación del 82 por ciento del salario previo, mientras que el sistema nacional (SIPA) ofrece una tasa de sustitución del salario del orden del 60 por ciento a los futuros jubilados contributivos. En los hechos, la jubilación media del régimen nacional (1916 pesos) representaba en diciembre de 2011 un 36 por ciento de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (5280 pesos). En el mismo mes, el básico promedio de la jubilación del régimen general cordobés (6650 pesos) equivalía a un 123 por ciento de la remuneración imponible del escalafón general de la provincia de Córdoba (5406 pesos). No sorprende entonces que en una provincia donde los jubilados ganan incluso más que los trabajadores en actividad, y que entre 2003-2005 jubiló a más personas que en toda la década de 1990, el déficit previsional comience a ser una cuestión central.

Para resolver esa situación, se propone un desfinanciamiento de la seguridad social nacional, cuyo universo de beneficiarios (que incluye cada vez más a los sectores con mayor vulnerabilidad social) se encuentra repartido a lo largo y ancho del país. Esto podría resultar nocivo, incluso para los mismos gobiernos provinciales, dado que afectaría negativamente las condiciones de vida de una parte de la propia población que representan. De esta forma, un supuesto conflicto presentado como el avasallamiento o incumplimiento del Estado nacional frente a una de las provincias más ricas del país es simplemente resultado de una necesidad de financiamiento para un sistema jubilatorio provincial irresponsable y demagógico que sólo se explica a partir de propósitos electorales sin sustentabilidad en el medio plazo.

* Investigadores-docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento.