EL PAIS › OPINION

La agenda en cuestión

 Por Mario Wainfeld

La tragedia de Once es leída por muchos como un corolario clavado de deficiencias del servicio. Así las cosas, no hubo estrictamente un accidente (un imponderable), sino un corolario previsible de una serie de carencias. El punto de vista es sostenido por un colectivo muy vasto: usuarios, sindicatos, especialistas en la materia, organismos de control, asociaciones de defensa de consumidores. Los teléfonos de las radios se recalentaron desde el miércoles con mensajes de oyentes (muchos de ellos autoasumidos como afines al oficialismo) despotricando con argumentos contra la concesionaria.

La tragedia incita al debate y lo pone en el centro de la agenda. Lo que está en controversia es, aunque parezca desafiante decirlo en días de duelo, algo mucho más vasto.

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El cronista piensa y lo viene escribiendo desde hace bastante que es tiempo de discutir integralmente el sistema de transporte, que ha quedado desfasado de las necesidades de los ciudadanos-usuarios. Es sabido, y fue denunciado desde el vamos por este diario, que la génesis del problema es la nefasta política privatizadora del menemismo. Pero ese pecado original no dispensa a los gobiernos ulteriores, en especial a los de signo contrario, de tratar de revertir el desastre.

La política del kirchnerismo, acertadamente, se esmeró en los primeros tiempos por mejorar el acceso de “la gente” al servicio. El crecimiento, la recuperación de puestos de trabajo, la reactivación aumentaron el número de pasajeros. Lo primero era que pudieran subirse al tren, gastando lo menos posible. La vasta trama de subsidios y el consiguiente esfuerzo fiscal se justifican porque forman parte del esquema de recuperación de la actividad y dinamización del mercado interno. Un mecanismo de salario indirecto que mejoró, de paso, el ingreso de bolsillo de todos los trabajadores que volvieron a tener conchabo.

Lo que debe ponerse en tela de juicio es la funcionalidad del actual esquema para cubrir las necesidades y demandas crecientes de los pasajeros. Cuando el laburo se estabiliza, cuando la dignidad se recupera, cuando el tiempo disponible recobra valor, aumentan las lícitas exigencias respecto de la calidad del servicio.

En la multiplicidad de voces escuchadas en estos días terribles, merced a una vastedad de medios que es válido saludar, casi no se hizo sentir ninguna que elogiara o al menos juzgara tolerable el servicio de la concesionaria en cuestión.

Un tema de “segunda generación” es el estado general del transporte (dicho sea al pasar, no sólo el ferroviario) en la Argentina. No ya medido desde la accesibilidad del boleto sino desde una integralidad que abarque cuanto menos: la puntualidad, el decoro debido a los pasajeros, una tasa mínima y decreciente de accidentes en las vías. Toda la política de transporte, como la de Salud y de Vivienda, están muy por debajo de las necesidades, que son derechos, de muchos argentinos en este estadio de su historia.

Redondeando, circunscribir el problema a qué causó el accidente es reducirlo a un episodio. El cronista supone, aunque por cierto no sabe, que la tragedia tiene que ver con las carencias que se sobrevolaron. Pero aun si así no fuera, el concesionario tiene pésimas credenciales para seguir siéndolo (entre las que se cuenta, cómo no hacerlo en una democracia vivaz, la crítica dura de los usuarios). Y lo que debe ponerse en el tapete no es, exclusivamente, ese accidente y a TBA sino todo un sistema que cumplió varias funcionalidades desde 2003 pero que ahora deja muchos flancos vacantes.

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El ministro Julio De Vido anunció que el Gobierno cooperará con la investigación judicial, que se presentará como parte querellante para dinamizar el proceso. Y, aun sin usar estrictamente esas palabras, que supeditará cualquier decisión administrativa respecto de la empresa TBA al resultado de las pericias o decisiones de los Tribunales. Dejó en claro que eso no implica ningún “esquema de protección”.

Este cronista discrepa con el criterio elegido. Los tiempos de la política son unos, muy otros los del Poder Judicial. En el Foro, máxime en materia penal, rige la presunción de inocencia. En materia política las responsabilidades se determinan con otros parámetros, más severos.

En los estrados, la Justicia a veces llega y a menudo no, pero casi siempre tarda. En política las decisiones son más acuciantes.

En algún sentido, el Gobierno parece haber elegido un rumbo contrario al de su ADN y de sus mejores iniciativas: judicializó la política.

De nuevo: lo que está en el centro del debate no es sólo la tragedia sino el funcionamiento cotidiano de la concesión. Supongamos (no lo presumimos posible) que se comprobara en un plazo breve, de modo irrefutable, que la causa de la colisión del tren contra el parachoques no fue imputable a la empresa. En esa hipótesis, la ideal para TBA, habría que ver si las deficiencias de los vagones, la superpoblación de pasajeros no agravaron el terrible saldo de muertos y heridos. Y, además, quedarían incólumes las críticas a la obsolescencia del material rodante, a la falta de mantenimiento de las vías y barreras, a la escasez de inversión, a las condiciones de hacinamiento en que viajan los pasajeros, a las puertas abiertas durante los trayectos. Y tantos etcéteras.

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El cronista, como abogado que es, agregaría que un expediente penal con muchos querellantes es de por sí trabado y farragoso. Que la querella estatal, que tiene un valor simbólico destacable, por lo general no ayuda a acelerar el trámite y se superpone con el rol de los fiscales, que también representan el interés público. Y que el juez Claudio Bonadío, un sobreviviente de la servilleta, no es gran garantía. Que una pericia de oficio suele ser contradicha por otras de parte. Y que lo que dirime una causa no es la pericia, sino la sentencia. Y no la de primera instancia sino la definitiva.

Pero éste no es, insisto, el eje del asunto. El eje es que la tragedia (en mala y acaso tardía hora) acelera una agenda mucho más vasta que sus causas específicas. Y ésa es la agenda que interpela al Ejecutivo. Una misión propia que, por esencia, no se sustancia en un expediente judicial.

mwainfeld@pagina12.com.ar

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Imagen: Rafael Yohai
 
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