El robo de bienes de los desaparecidos empieza a ser pensado a partir de la ley de lavado de dinero. La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que encabeza José Sbatella, se presentó en el juzgado federal de Ushuaia, en Tierra del Fuego, como querellante de la causa que investiga la relación del marino Jorge Raúl Vildoza con el robo de bienes de la ESMA. A través de un escrito le pidió a la Justicia el decomiso de bienes y el congelamiento por 90 días de los fondos de los hombres que le dieron cobertura a Vildoza en ese lugar mientras se escapaba de la Justicia. Las claves que están detrás de American Data SA, la empresa a través de la cual Vildoza habría utilizado para blanquear el producto de sus robos, deben ser resueltas por el juez a cargo de la causa Antonio Aciar.

El escrito de la UIF señala que varias causas judiciales ya consideraron el “robo de bienes” de los detenidos-desaparecidos como imprescriptible. Y pide avanzar con la investigación: “Se trata de poder determinar la ruta del dinero obtenido ilícitamente a raíz de la instauración del plan sistemático de aniquilamiento y determinar a los autores del lavado de los activos de los que fueron despojados aquellos detenidos en la ESMA”.

Esta es la primera vez que una querella encuadra un pedido de esta manera, aunque esa figura ya había sido invocada por el fiscal federal de Ushuaia, Juan Antonio Soria, en su batalla casi solitaria para lograr algún efecto sobre una causa que está casi paralizada y que estuvo al borde de ser declarada como prescripta. A la vez, la figura del lavado es una herramienta que empieza a ser pensada por la UIF para tallar en los delitos de la represión. El juzgado federal de Sergio Torres acaba de articular un acuerdo entre su juzgado y ese organismo para analizar en esa línea dos de sus causas: una es otro expediente de Vildoza y la otra es el expediente histórico por “robo de bienes” de la ESMA, en la que están imputados entre otros Jorge “El Tigre” Acosta, Jorge Radice y Alfredo Astiz. Esa es una causa emblemática porque contiene, entre otros datos, el ensamble del mundo de empresas y caminos de inversiones financieras de la que formaron y aún forman parte los marinos, sus familiares y allegados.

Para la UIF esta herramienta es importante en línea con las políticas contra el lavado de dinero que avanzan en todo el mundo porque apunta a donde más molesta: el circuito del dinero. La Ley 25.246 tiene vigencia desde el año 2000, y por lo tanto no puede usarse para juzgar hechos anteriores. Sin embargo, puede ser aplicada en estos casos si se cumplen dos condiciones: 1) que se trate de delitos no prescriptos como es el robo de bienes de los detenidos-desaparecidos. Y 2), el más importante, si existe además un “nexo causal” entre “apropiadores” y una “actividad” que haya continuado en el tiempo con posterioridad a la sanción de la ley. Esta es la situación de la causa de Vildoza a la luz de la denuncia y la razón por la que consideran que es, además, un caso paradigmático.

¿American qué?

En julio pasado la Justicia detuvo a Ana María Grimaldos, la esposa de Vildoza, que estaba prófuga con él desde hacía 26 años. Los buscaban por la apropiación del hijo de Cecilia Viñas, Javier Penino Viñas, que sigue viviendo en Londres en el encuadre familiar tejido por la dictadura. Grimaldos quedó detenida y dijo que su marido había muerto, una situación que aún investiga la Justicia. Mientras tanto, los allanamientos que hizo el juzgado de María Servini de Cubría para localizar a Grimaldos llevaron hasta la sede de la empresa American Data SA en Buenos Aires, desde donde pagaban el celular de Grimaldos.

Hoy esa empresa es una de las claves para seguir la ruta del robo de bienes por parte del marino. La empresa tiene como presidente al hijo biológico de Vildoza, que se llama igual que el padre y formó parte del Servicio de Inteligencia de la marina hasta 1988 y como vicepresidente a su yerno Fernando Giromini, piloto del Ejército entre 1978 y 1983 e hijo de otra familia de marinos.

La relación entre American Data SA y el “robo de bienes” de la ESMA viene siendo planteada en las tierras del Faro del Fin del Mundo desde 2006. Uno de los abogados de Vildoza planteó esa relación en varias declaraciones judiciales, luego de pedir ser redimido del secreto profesional para poder defenderse en una causa. Con la denuncia de ese abogado, llamado Oscar Beccaluva, los fiscales de Ushuaia impulsaron el primer tramo de la causa por el robo de bienes, y luego de una serie de idas y vueltas por competencia, también encuadraron el posible delito en la figura del lavado.

En esa misma línea, se presentó la UIF. El organismo recuerda que, según Beccaluva, Vildoza viajó a Tierra del Fuego porque el gobierno le clausuró las salas de los casinos Casablanca y Oshowia. Quería llegar a un acuerdo con la provincia pero los hombres que trabajaban para él en Tierra del Fuego querían quedarse con el dinero: “Vildoza padre estaba terriblemente preocupado y quería ver si se podía lograr el cobro de ese dinero por una vía extrajudicial –dijo Be-ccaluva según la denuncia–, porque los hombres que en esa provincia le brindaban protección y blanqueaban el dinero obtenido producto de la apropiación de bienes de desaparecidos, lo amenazaban con entregarlo”.

En ese contexto, la UIF consideró el “nexo causal”: “Los bienes robados tienen un nexo causal con los bienes que hoy administran las empresas de allegados y familiares de Vildoza, y que son susceptibles de ser perseguidos por la Ley Nº 25.246 a partir de su sanción en el año 2000”, dice el escrito. Para el organismo, Vildoza padre “se apropió sistemáticamente de bienes de personas desaparecidas durante el período de terrorismo de Estado ocurrido entre los años 1976 y 1983. Para materializar la apropiación de bienes, creó la empresa American Data SA poniendo al frente a su hijo y a su yerno: de esa manera intentaron dar apariencia ‘lícita’ a bienes que fueron obtenidos mediante delitos cometidos por Vildoza padre y habrían transferido y administrado el dinero con el objeto de obtener ganancias con apariencia de origen lícito”. A esa conclusión llegan luego de analizar no sólo los testimonios de Beccaluva, sino el rol de Vildoza en la ESMA. Ubican a Vildoza como jefe del Grupo de Tareas, debajo del jefe máximo de la Escuela Mecánica de la Armada, Jacinto Chamorro. Recuerdan que fue Radice quien durante una indagatoria en el marco de la causa “bienes”, dijo que “el producto de la venta (de bienes) era entregado por acta al segundo a cargo de la UT 3.3.1 e interino de la UT 3.3.2 Capitán Arduino” en ese momento, que luego fue reemplazado por Vildoza. “En su carácter de jefe del Grupo de Tareas (Vildoza) no podía desconocer estos sucesos y debió favorecerse de los delitos patrimoniales llevados a cabo por sus inferiores.”

Sabiamente protegidos

Además del hijo y del yerno del Vildoza, la UIF puso la mira sobre tres de las personas que rodearon a Vildoza en Tierra del Fuego: “El apoyo que obtuvo Vildoza padre y su esposa también estaba sostenido por una estructura muy amplia que les brindaba dinero y apoyo tanto para lavar el dinero obtenido en forma ilícita a través de la apropiación de bienes de desaparecidos, como para mantenerse en rebeldía y solventar económicamente la clandestinidad”, dice el escrito. Indica también que “la conducta de Vildoza pudo realizarse por los actos de encubrimiento llevados a cabo por sus abogados: Jorge Kresser Pereyra, Demetrio Martinelli y Luis Campi”. Los tres, según la denuncia: sumaron “hechos de complicidad, y valiéndose del conocimiento que tenían acerca del origen ilícito de esos casinos realizaron acciones tendientes a obtener una mayor ganancia”. El aún presunto “encubrimiento” consistió en “darles refugio, documentación falsa y brindar asesoramiento jurídico profesional para eludir el accionar de la Justicia en cuanto al delito de lavado de activos. Todas esas maniobras tenían como finalidad apropiarse de dinero que sabían era proveniente de un delito de lesa humanidad”, señala el escrito. Y a modo de ejemplo, señala que proporcionó los documentos en los viajes de los Vildoza a Sudáfrica. O que, tal como lo dijo Beccaluva, “el 50 por ciento de lo producido en los casinos iba para Campi, Kresser Pereyra y Martinelli y asimismo, se había acordado que lo que se recuperara del IPRA (Instituto Provincial de Regulación de Apuestas) por esos cánones pagados indebidamente era propiedad también de esas tres personas. Circunstancia que, de ser así, los convierte en coautores del delito de lavado de activos”.

Aquí se trata, dice el escrito, “de abogados que asesoraron jurídicamente y cobraron honorarios a sabiendas que ese dinero tenía un origen ilícito y valiéndose de ese conocimiento aplicaron el dinero que correspondía que reciba la empresa American Data SA mediante cheques o alguna otra forma aún en instancias de investigación y lo introdujeron en el circuito económico con el objeto de usufructuarlo”.

Martinelli y Kresser Pereyra son dos abogados de Ushuaia. Martinelli es especialmente conocido como ex constituyente y hasta este escándalo era uno de los abogados de la matrícula que actuaba de conjuez. Tan conocido es que el juez del juzgado de Tierra del Fuego se apartó de la causa por la relación de amistad con él.

El juez que tiene la causa desde entonces es Aciar. Fuentes de la investigación indican que hasta aquí no produjo ninguna de las medidas de pruebas que la fiscalía consideró más importantes para documentar el testimonio de Beccaluva. A través de los medios locales, sin embargo, el juez señaló que no es cierto que la causa está parada, pero el año pasado pronunció una frase que pareció destinada a correr el eje de la discusión. Dijo que en la causa “no tenemos demostrado que Vildoza haya estado en la provincia”. Aunque es cierto que ese elemento es uno de los datos más resonantes de la denuncia de Beccaluva, realmente no parece el dato más relevante a la luz de la estructura de funcionamiento de American Data para determinar si, finalmente, el origen de esa compañía puede pensarse desde el robo de bienes.