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Consciente de que la recuperación económica tiene patas cortas si no recibe un mayor impulso por el lado del consumo, el Gobierno jugó ayer una carta fuerte al disponer aumentos en el salario mínimo y los montos mínimos de jubilaciones y pensiones, además de un ajuste no remunerativo –por ahora– para los trabajadores de la actividad privada. El ajuste en el salario mínimo arrastrará, además, a la mayor parte de las escalas salariales regidas por convenios colectivos de trabajo, lo que proyecta el ajuste en una cantidad mayor de trabajadores. Los nuevos valores tendrán aplicación a partir de enero, pero al anticipar su anuncio el Gobierno busca lanzar una señal clara hacia dónde piensa orientar su accionar. Antes de ello, la conducción política y económica no quiere dejar pasar la oportunidad del efecto reactivante estacional de las Fiestas –que en los últimos años había quedado reducido sólo a un recuerdo–, adelantando el pago de haberes de diciembre y aguinaldos a jubilados y estatales, una forma de “cebar la bomba” de la reactivación antes que el agua que surge del pozo pierda fuerza.
El salario mínimo vigente hasta junio pasado era de 200 pesos. En julio se anunció un aumento progresivo que lo llevará a 300 pesos en diciembre y ayer se anunció un incremento adicional de 50 pesos en enero. Es decir, como lo subrayó ayer el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, el aumento acumulado en seis meses es del 75 por ciento. En cantidad de trabajadores alcanzados en forma directa no representa demasiado: de acuerdo a estimaciones de la propia cartera laboral, poco más de 450 mil trabajadores registrados (el 13 por ciento del total inscripto o “en blanco”) tienen salarios inferiores a 350 pesos. Sin embargo, a medida que sube el “piso”, éste se acerca a los mínimos de convenio por actividad, lo cual pasa a ser significativo ya que cuando sube el escalón más bajo de la escala de los convenios, proporcionalmente sube el resto de la pirámide salarial. Es decir, para cada categoría, pasan a beneficiarse con el aumento del mínimo los empleados que cobran remuneraciones próximas a la escala convencional correspondiente.
El enorme universo de asalariados no registrados (trabajadores en negro) o desocupados beneficiarios de subsidios que no recibirán un beneficio directo de estas medidas no quedaron, por ello, al margen de la estrategia oficial. Según calcula Trabajo, aproximadamente un millón 275 mil personas no registradas trabajan por remuneraciones inferiores a 350 pesos mensuales. Los analistas de la cartera laboral estiman que una suba en el “piso” salarial arrastrará, al menos como tendencia, un ajuste también en estas categorías de empleados “en negro”. En cambio, con respecto a los “subsidiados” con planes de empleo, al Gobierno –o, al menos, a parte de los funcionarios de las carteras de Trabajo y Economía– no le disgusta una clara diferenciación entre las asignaciones de dichos planes y los salarios mínimos en favor de estas últimas. Es más, la diferenciación es una meta buscada, ya que así se estaría alentando la búsqueda de trabajo por sobre el “acostumbramiento” a los subsidios.
De la presentación conjunta que ayer hicieron Tomada y Lavagna quedaron otras dos señales claras, una explícita y otra no dicha. La primera es la referida al destino que se le dará a los excedentes que se vayan generando en las cuentas públicas, preferentemente a beneficiar a los sectores más desprotegidos (jubilados y pensionados de menor ingreso) en vez de acumular superávit para pagar deuda. “En los últimos meses –describió Lavagna–, se ha estado haciendo una reserva de 1350 millones de pesos, la que en el día de hoy puede ser asignada ya sea adelantando el calendario de pagos, o decidiendo algún tipo de aumentos. Va en línea con lo que venimos señalando hasta ahora: el consumo es un dato absolutamente esencial en términos de mantener un ritmo alto de expansión de la economía y, cuando además va dirigido a sostener a los sectores de menos ingresos,tiene un componente económico y también un componente ético.” Sin tonos grandilocuentes, el ministro definió una línea de acción y prioridades.
El componente no explicitado de las señales que ayer envió el Gobierno está dado por la suma no remunerativa otorgada como aumento a los empleados del sector privado. Aunque menor en monto, 50 pesos, es representativo de que el Gobierno está dispuesto a seguir tomando decisiones con respecto a los salarios privados. Un llamado de atención a empresarios que, pese a la reactivación en sus respectivas actividades, no mejoraron la retribución a sus trabajadores.
El Gobierno cree en el consumo como motor de la recuperación, como ayer señaló Lavagna, pero también de la inversión. Marcando, una vez más, un corte con respecto a las políticas de los 90, subrayó que mientras en aquella década la inversión era inducida a través de rentas monopólicas que aseguraban altas rentabilidades particularmente en el área de servicios públicos, hoy se busca inducir la inversión privada a través de perspectivas de rentabilidad basadas en “una evolución muy dinámica del consumo”. “Esto es: generar la capacidad de compra para la población interna”.
El jefe del Palacio de Hacienda estimó que el impacto presupuestario del aumento de jubilaciones mínimas será de 695 millones de pesos para el año próximo, que se pagan con los ahorros de este año. El resto de los 1350 millones de excedentes del actual presupuesto son los que financiarán el adelanto del cronograma de pago de aguinaldos y sueldos a estatales. “El 90 por ciento de eso va al consumo”, destacó Lavagna, quien sin embargo eludió una estimación sobre si ello tendrá algún impacto inflacionario.
Finalmente, precisó que no habrá impacto sobre el índice que regula los créditos personales e hipotecarios de la mayor parte de la población, el CVS, ya que “va a haber una norma que expresamente dejará estos aumentos afuera del índice”.
Con un crecimiento anual de la inversión del 35 por ciento –mencionada ayer por Lavagna–, con un aumento del PIB que rondará el siete por ciento este año y con índices de precios planchados, el gobierno vio la veta por la cual apuntalar el aumento del consumo. Un mensaje con varios destinatarios y justamente –no por casualidad– en el día en que el proyecto de Presupuesto Nacional para 2004 ocupará el centro de la agenda económica, al ingresar al recinto de Diputados. Un presupuesto muy condicionado por el reciente acuerdo con el FMI y que ya mereció críticas desde diversos frentes progresistas, frente a los cuales el Gobierno no quiere ver desdibujada su buena imagen.