EL PAIS › OPINION

Fondo del Bicentenario y política económica

 Por Eric Calcagno *

La problemática en torno del Fondo del Bicentenario pone de manifiesto algunas cuestiones fundamentales en términos de regulación monetaria, de política económica y quizá de modelo de desarrollo.

El Fondo del Bicentenario tiene como objetivo el servicio de la deuda pública, en especial aquella denominada en moneda extranjera. En el momento de efectuar los pagos, el Tesoro podrá utilizar el dinero de este Fondo en vez de adquirir las divisas necesarias en el momento de su vencimiento. No se trata de un pago anticipado, sino de dar una señal inequívoca de que existen la voluntad y los fondos para esos pagos.

Esta señal enviada a los acreedores y a los mercados financieros interno y externo, permitirá disminuir la percepción del riesgo-país (lo que ya sucede), con el consiguiente incremento del valor de los títulos públicos y reducción de las tasas de interés. De este modo, se beneficiará no sólo a los tenedores de títulos públicos, sino también a los empresarios que deseen tomar crédito.

Lo urgente es mostrar la disponibilidad de los recursos, no su uso. Sin embargo, en torno de esta acción simple de política económica vemos una escenografía que como siempre impugna las formas, pero que oculta el problema de fondo, que radica en la influencia del uso o no uso de las reservas sobre el sistema cambiario.

En los hechos, si las reservas quedan fuera del esquema de política económica del gobierno (flotación administrada), lo que se está planteando es abandonar el actual sistema cambiario para adoptar la flotación “pura”. En la actual coyuntura de excedente externo, esto significaría una apreciación del peso; es decir, un dólar barato. ¿Es a eso a lo que se refiere la oposición cuando dice que hay que defender el valor de la moneda? ¿Debemos aumentar la tasa de interés y tener una política monetaria contractiva con ese fin? ¿Qué opinan al respecto los industriales y el sector agropecuario? ¿Deberíamos también aplicar un ajuste fiscal, con medidas como las aplicadas en 2001, con reducción nominal de salarios y jubilaciones? ¿No hemos aprendido que tales ajustes recesivos no ajustan, sino que generan o agravan las recesiones? ¿Puede existir un Banco Central “independiente” de las políticas de desarrollo económico? La respuesta a cada pregunta implica un modelo de país.

Parecería que los críticos al Gobierno quisieran que no se usaran las reservas, a pesar de que su uso para pagar deuda es totalmente normal, como lo es para pagar importaciones, servicios de turismo, dividendos de la inversión extranjera, y otras utilizaciones análogas. ¿Plantean un default espontáneo? ¿Es que para ellos los especuladores pueden acceder a las reservas del Banco Central cuando quieren fugar capitales, pero no la Tesorería de la Nación para pagar compromisos en moneda extranjera? ¿Cada turista que quiere viajar, cada importación, cada giro de dividendos requiere de una ley de la Nación?

En cuanto a la cuestión de la “independencia” de algunas instituciones, hay que saber que el manejo de los instrumentos de política económica propios de un Banco Central confiere gran parte del poder. Quien establece la tasa de interés, el tipo de cambio, el crédito y la emisión monetaria controla la base de los mecanismos económicos. Es un lugar estratégico porque si no alcanza para ejecutar un programa económico, puede impedir la ejecución de políticas alternativas. De allí que conservar la conducción del Banco Central es considerado como un objetivo estratégico mayor.

Vemos una vez más que la ventaja de las crisis es que cada actor devela cuáles son sus intereses reales. Para algunos, será que pregonar tempestades permita cosechar en términos políticos los dividendos de un miedo sin razones macroeconómicas. El abismo, cuando no existe, es un juego peligroso. Para otros, redorar una reputación monetaria ortodoxa quizá permita posicionarse en un futuro improbable. En el año del Bicentenario es bueno volver a nuestros principios: recordemos a Mariano Fragueiro, para quien “el crédito público es una atribución indelegable del Estado y uno de los pilares de la soberanía nacional”.

* Senador de la Nación (FpV).

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