La Corte de La Haya subrayó la semana pasada que la Argentina puede presentar una nueva medida cautelar con pruebas adicionales. El Gobierno por ahora se guarda esa carta, que queda sujeta a cómo evolucione el caso. Podría usarla si, por ejemplo, empieza a fallar la estrategia del ahogo financiero. Mientras tanto, en el tribunal ya avanza el debate sobre la cuestión de fondo: determinar si el país vecino violó el estatuto del río Uruguay al decidir en forma unilateral –dice la denuncia– la instalación de las plantas, que arrojarán sus efluentes a las aguas comunes.

- Ahora, la Argentina tiene que presentar, como máximo a mediados de enero, los argumentos sobre la contaminación y que den cuenta que Uruguay infringió el tratado de 1975. El gobierno de Tabaré Vázquez después tendrá otros seis meses.

- Los expertos argentinos que litigan en Holanda buscarán llevar al tribunal la mayor cantidad de pruebas novedosas. Tienen, en principio, expectativas puestas en el estudio de impacto ambiental que aún debe concretar la Corporación Financiera Internacional. Y están en plena búsqueda de más elementos.