[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Las lágrimas de Nélida Galván, la mamá del Monito Galván, fueron el final anunciado de un juicio oral sin rating que terminó ayer con el peor de los resultados. El fusilamiento por la espalda de Monito y Piti, los dos pibes cuyos cadáveres aparecieron en abril de 2001 bajo el Puente Muerto de José León Suárez, quedó impune. Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 2 de San Martín no tuvieron demasiado trabajo: la fiscalía decidió desistir de la acusación al único policía de la comisaría tercera que fue acusado por el homicidio: Marcos Bressan. A sus compañeros, otros tres bonaerenses imputados de privación ilegítima de la libertad, los consideró imposibles de acusar, ya que los asiste el beneficio de la duda al no haberse acreditado el cuerpo del delito. El fiscal Héctor Sceba aseguró: “Hicimos todo lo posible, pero corresponde que argumentemos con la verdad. Los testigos fueron confusos”.
El 25 de abril de 2001 una noticia de la agencia Télam informaba sobre el hallazgo: dos cuerpos de adolescentes atados de pies y manos con cuerdas náuticas habían sido tirados desde un coche en movimiento en José León Suárez, justo abajo del Puente Negro, más conocido como Puente Muerto. La maniobra que la noche de ese día pusieron en marcha los asesinos sería de un éxito atribuible sólo a profesionales. Nunca la Justicia pudo determinar dónde habían sido asesinados de once tiros Gastón Galván y de seis tiros Miguel “Piti” Burgos: siempre se sospechó que lo había hecho un escuadrón de la muerte. A los chicos se los ultimó con balas de puntas hexagonales, capaces de liquidar con solo un disparo por su capacidad de destrucción de tejidos. A Galván le pusieron, después de muerto, una bolsa en la cabeza.
En la investigación del crimen, desde el inicio, hubo una sospecha fuerte: la Bonaerense. Esa fue la pista a la que la fiscalía decidió apostar. La causa avanzó hacia los integrantes de La Crítica, como se le decía en la época a la Comisaría 3ª, un sitio en el que lo “paralegal” era cotidiano. Pero ayer los fiscales fueron tajantes en desistir de acusar a Marcos Bressan, ex oficial de calle acusado por el homicidio junto al oficial Martín Ferreyra, que durante todo el proceso permaneció prófugo. Al mismo tiempo la fiscalía consideró que debía pedir la absolución por el beneficio de la duda para el sargento Oscar Casco, el cabo Mauricio Entivero y el cabo Eduardo Escobedo.
El 26 de abril de 2001, tras la identificación de los cuerpos, el testigo Ezequiel Escalante acusó directamente a dos policías de la 3ª. Dijo que estaba en la estación de servicio Rhasa, en 202 y Panamericana, cuando vio que los chicos fueron levantados. Otro testigo, Ariel Cardozo, dijo algo parecido. Pero lo cierto es que su declaración se contradijo con la de Escalante ante el Tribunal Oral. En su momento, el testimonio de Escalante motivó el allanamiento de la seccional y el secuestro de libros de la comisaría en los que jamás aparecieron registrados Galván y Burgos. El libro de menores, que no había sido secuestrado en ese momento, desapareció luego en un extraño incendio.
La fiscalía fue clara ayer al desestimar a sus testigos: “Las disimilitudes son demasiadas”. Mientras Escalante dijo que la policía subió a los chicos al móvil con dos bicicletas, Cardozo dijo haberlos visto ya sobre la camioneta y sin bicicletas. A eso se le suma que los horarios en que dicen haber visto la escena no coinciden con lo que filmó el sistema de seguridad de la Rhasa. Los tres empleados de la estación de servicio negaron haber visto ese día a los pibes. “Sus dichos son más creíbles que los de Cardozo y Escalante”, concluyó la fiscalía en su argumentación final para no acusar a los bonaerenses.
La fiscalía había pedido la elevación a juicio de la causa basada en los testimonios de los presos que estuvieron en la 3ª el día en que desaparecieron Monito y Piti. Durante el juicio parecieron enloquecer: sus confusiones y diferencias de horarios y fechas los convirtieron en material útil para que uno de los defensores, Luis Carvallo Donofrio, en su alegato, se atreviera a denunciar “un complot por odio o venganza” contra sus representados.
Durante cuatro años, la investigación del crimen estuvo a cargo de un fiscal parco, pero según casi todas las opiniones, honesto y sin compromisos con la policía: Héctor Sceba. El fiscal nunca aceptó dialogar con la prensa ni permitir que información alguna se filtrara de la causa más compleja que le ha tocado investigar. Nunca antes en dos décadas los fusilamientos de menores que denunció la Suprema Corte bonaerense habían sido en esas condiciones de indefensión de las víctimas: en general se trataba de disfrazar la situación con un falso enfrentamiento.
Los padres de Piti, tras el límite de la exclusión, directamente no asistieron al juicio. Los de Monito, a pesar de su preocupación, nunca se presentaron en la causa como “particulares damnificados”. Y aunque al comienzo estuvieron asesorados por una organización de derechos humanos, no tuvieron un abogado querellante que los acompañara en la investigación. La familia Galván confió en el fiscal Sceba hasta el final. Ayer, cuando terminó el juicio, en medio de un silencio que nadie se atrevió a quebrar, el fiscal intentó explicarse ante la madre de Gastón: “Era muy difícil, nos ganaron 24 horas con el lugar del crimen (nunca descubierto). Pero el compromiso sigue. Podríamos haber desistido de llegar a juicio. Pero decidimos asumir la responsabilidad. Lamentablemente esta es una enseñanza republicana para todos”.