Procuradores y fiscales generales que ejercen funciones en todo el país pidieron terminar con “el análisis y las soluciones simplistas” para combatir la inseguridad y reclamaron “una eficaz política de Estado en materia de Justicia y seguridad”. El reclamo fue divulgado ayer en un documento consensuado durante la semana pasada en la ciudad de Santa Fe. También hicieron hincapié en la necesidad de una “adecuada prevención, modernizando las agencias responsables, implementando sistemas procesales acusatorios, promoviendo el camino de la investigación científica e instalando modos alternativos y rápidos para la solución de conflictos”.

El documento fue firmando por veinte fiscales generales de todo el país y la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez. “Mas allá de respuestas eventuales a contingencias, se impone la necesidad de diseño y puesta en marcha en todo el país de una eficaz política de Estado en materia de Justicia y seguridad, que distinga entre objetivos de corto, mediano y largo plazo, garantizando su implementación en todo el territorio nacional y que los operadores asuman sus compromisos y responsabilidades”, sostuvieron los signatarios.

Los representantes del Ministerio Público, nucleados en el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, que se reunieron en Santa Fe sostuvieron que “es necesario coordinar acciones positivas que se dirijan a atacar las causas del delito”. Entre las propuestas que hicieron apuntaron a que se ponga “énfasis en los modelos penitenciarios y post penitenciarios que respondan a las exigencias constitucionales, fortaleciendo las herramientas que propenden al acceso a la Justicia en su sentido íntegro y la protección plena de las víctimas”.

“Entendemos, y así los transmitimos, que es tiempo de acabar con análisis y soluciones simplistas que sólo tienen entidad para alejar en el tiempo la respuesta a tan delicada situación social”, sostuvieron los fiscales. En el documento se distinguen la firmas de la procuradora general de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, y del procurador de la ciudad de Buenos Aires, Germán Garavano, además de los fiscales generales de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Mendoza, Misiones, Salta y Tucumán, entre otras.

“La problemática ligada a la Justicia y a la seguridad no es meramente presupuestaria o económica, debiendo abordarse la cuestión en su integralidad y con atención a las realidades locales”, concluyeron los fiscales.