El economista John Kenneth Galbraith y el maestro Raúl Scalabrini Ortiz concordaban en dar un consejo. Si a usted le hablan de economía y no se entiende nada, desconfíe: hay trampa o engaño detrás. La máxima puede expandirse al sistema judicial argentino. Es incomprensible, casi siempre, para gente común e informada. En gran dosis porque muchas de sus facetas son inexplicables o, mejor dicho, indebidas. Lo críptico, lo indescifrable es un artilugio de la autoridad, para consolidar poder… no democrático o antidemocrático.
Las sentencias de la Corte Suprema, por ejemplo, no son obligatorias para los tribunales inferiores. Cualquiera, el de más baja instancia de cualquier provincia, está facultado a dejar de lado la jurisprudencia. Más aún: ese mismo juzgado está habilitado para sancionar la inconstitucionalidad de leyes del Congreso nacional. Decisión que puede ser contradicha por otro etcétera.
Por chocante que parezca, la Corte puede desdecir su propia jurisprudencia, aún sin cambiar de composición. La extensión del “2x1” a los crímenes de lesa humanidad vale como ejemplo flamante. Los mismos supremos están prestos a desdecir su escandaloso pronunciamiento del año pasado. Demoran un cachito, la lentitud es una característica irrenunciable… pero lo harán relativamente pronto.
Todo acto estatal requiere ser fundado, principio vertebral de la República moderna. Pero la Corte rechaza centenares de recursos por falta de requisitos esenciales… sin detallar cuales son, en el caso concreto. Invocan el artículo 280 del Código procesal sin añadir nada. Es como si pusieran un sello en vez de una fundamentación razonada. La mala praxis cotidiana podría repararse contando en tres renglones cuál es la falla... se los omite vulnerando el derecho de defensa. Muchas Cámaras replican el vicio.
La demora en decidir, que es privación de justicia, se reproduce casi todos los Foros. Si usted no comprende los motivos de esas rémoras, no se culpe, queda dicho. El sistema es retorcido, ineficaz, inasible para los ciudadanos de a pie. Tal es la tendencia, que admite excepciones encomiables, una minoría gallarda.
La Corte Suprema jamás debería llamarse “de Justicia” porque no la imparte. Ni siquiera es su función que consiste en ser la cabeza del Poder Judicial (en adelante “PJ”, con perdón de la homonimia). Extraña cúpula que está muy limitada para imponer criterios o prácticas de administración a los tribunales inferiores que gozan de una autonomía (salvando las distancias) tal vez superior a la de las provincias respecto de la Nación.
De cualquier manera, la Corte dispone de algunas potestades. Las ejercita, ay, poco, poquito o nada. En estas semanas, da la impresión de haberse espabilado y dispuesto a señalar o corregir descalabros o escándalos vergonzosos. Algo es algo, bienvenido.
***
El hombre mordió al perro… entonces es noticia.
La Corte mordió al perro cuando:
- Desarticuló al Tribunal Federal Oral número 9 y anuló los sorteos que lo favorecían porque acaparaba todos los números de la rifa.
- Ordenó investigar cómo se conformó la Sala II de la Cámara Federal para la sentencia que cambió la calificación de las acusaciones contra el empresario Cristóbal López.
- Mandó pesquisar cómo funcionan (es un modo de decir) las escuchas telefónicas comandadas desde el PJ.
La magnitud de las medidas es muy distinta. La movida que suspende la actuación del TOF 9 y los sorteos causa efectos inmediatos. Las investigaciones insumirán tiempo, se ignoran resultados, alcances y consecuencias posteriores.
De cualquier manera, la Corte mete la mano en la masa o en el serpentario de Comodoro Py. Los casos rondan el corazón del fuero Federal Penal.
Las escuchas, divulgadas excitadamente por el periodismo oficial-privado, ponen en tela de juicio el obrar del camarista Martín Irurzun, demiurgo además de la nefasta doctrina que lleva su apellido con la que se encarcela a mansalva a ciudadanos sin condena, opositores siempre. La “filtración” (subrayamos las comillas) es responsabilidad de los encargados de mantener el secreto. Los funcionarios o quienes dependen de ellos quiebran la ley al difundirlas, el periodista tiene derecho a darlas a conocer. Si medió delito, una hipótesis factible, lo cometió otro.
***
Contrapesos: Hablamos de respuestas sistémicas frente al descalabro institucional: las produce el poder público. Van por el mismo rumbo las revocaciones de prisiones preventivas inicuas, a las que ayer se sumaron las de Luis D’Elía y Carlos Zannini.
También la declaración de inconstitucionalidad dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso administrativo contra el DNU 70/2017 dictado por el presidente Mauricio Macri que instauraba un paquete de medidas xenófobas, violatorias de derechos humanos de los inmigrantes.
Insinúan límites a la prepotencia del Gobierno. Hacen pinza con la movilización social y el poderío sindical, puntales de la convivencia democrática. Baluartes cuya honda tradición fue analizada lujosamente por el sociólogo Guillermo O’ Donnell, décadas atrás.
La cantidad de participantes y los objetivos diversos de los actos de masas del 21F en la avenida 9 de julio, del 8M y de ayer corroboran la vivacidad del movimiento popular. Habrá, claro, participantes que estuvieron presentes en las tres ocasiones (por ahí usted, lectora o lector de Página) pero variaron las mayorías, las consignas, la distribución de género, etaria o de clase.
Los jugadores u organizaciones que defienden a la democracia, entonces, afincan dentro y afuera de las instituciones. He ahí el sistema democrático real existente.
***
Comparaciones, recuerdos del pasado: Se ha puesto de moda discutir la caracterización del Gobierno de Cambiemos. El debate derrapa atipificaciones binarias: dictadura, por un lado, versus democracia fragante.
La simplificacióninvita a matizar el análisis. El reciente y recomendable libro de José Natanson (“¿Por qué?”) ayuda a entrar en la polémica, sobre todo porque desarrolla su punto de vista con argumentos, de modo racional y dialoguista. Sus conclusiones, numerosas, están abiertas a controversia, lo saludable es que le da al contradictor elementos para refutarlo.
El método comparativo, con precedentes argentinos y regímenes actuales de países vecinos, es sugestivo.
Este cronista bosqueja el suyo propio, proponiendo algunas premisas. Las trilladas definiciones de Winston Churchill (el sistema menos peor, resumiendo) o la afirmación “la democracia es siempre perfectible” son simpáticas pero esclarecen poco.
Un sistema democrático, propone uno a la discusión, debe garantizar la existencia de elecciones libres y regulares más la vigencia de un vasto conjunto de libertades o garantías. Cada uno de los factores es condición necesaria pero no suficiente.
Macri fue elegido en comicios libres y revalidado en las parlamentarias. Supera por mucho la marca de su par brasileño Michel Temer y en algo la del venezolano Nicolás Maduro.
La posible proscripción del ex presidente Lula da Silva ennegrece el panorama brasileño.
En estas pampas, el encarcelamiento sistemático sin condena de dirigentes opositores y la espada de Damocles del desafuero a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ensombrecen la competencia electoral. Ningún otro gobierno desde 1983 obró de modo semejante, sistemático.
Complejicemos un poco ojeando el siglo pasado, en Argentina. El presidente radical Arturo Illia llegó a su cargo merced a la proscripción del peronismo, con el aditamento que su partido rehusó todo tipo de pacto o frente con la dirigencia justicialista. Espuria la legitimidad de origen, dejando afuera a la mayoría o primera minoría del electorado. A la vez, sobre todo mirando con perspectiva, fue una etapa de respeto a derechos y garantías. Cada quien juzgará la hibridez, cuesta negarla.
María Estela Martínez de Perón llegó a la Casa Rosada lícitamente, por haber integrado una fórmula que obtuvo una cifra récord de votos. Su régimen degradó por la violencia parapolicial de la Triple A, allanando camino al golpe, la dictadura y el terrorismo de estado planificado. “Isabel” Perón no promovió el golpe, ni integró el gobierno cívico militar que la sucedió, que la mantuvo presa un largo lapso.
Otro fue el devenir de su colega uruguayo, Juan María Bordaberry:transformó la legitimidad originaria en dictadura que encabezó por un tiempo. Años después, el ex presidente peruano Alberto Fujimori protagonizaría un tránsito parecido.
Los ejemplos pueden multiplicarse. El afán en esta columna es remarcar la existencia de casos mestizos, tipos mixtos, esquivos al a las definiciones maniqueas.
Volvamos al macrismo… una democracia imperfecta, en declive.
***
Ofensiva doble: El Gobierno viene acentuando dos ofensivas que amenazan a dos pilaresdel sistema democrático: socavan a la competencia electoral y a las garantías de derechos. El perverso funcionamiento del Poder Judicial, con énfasis en la justicia federal es el primer ataque.
Procesos basados en decisiones políticas no judiciables, apresamientos sin condena y durante plazos que la transforman en penas anticipadas son menú diario. Juzgados o Cámaras que monopolizan u oligopolizan los expedientes contra opositores. Decisiones alocadas. Doble o triple comando entre Comodoro Py, el Ejecutivo y los medios dominantes.
La nómina, que podría seguir, alcanza para marcar degradación sin antecedentes de un poder desprestigiado de antemano.
La violencia estatal es la segunda ofensiva, en orden de enunciación. Como ítems salientes de un listado demasiado extenso e in crescendo mencionemos a la muerte violenta de Santiago Maldonado y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel. La represión brutal a muchas movilizaciones, con heridos graves, personas detenidas sin fundamentos y mantenidas presas mucho tiempo en condiciones infamantes. La defensa encendida, con Macri como adalid, de cualquier uniformado que mata ciudadanos por la espalda, apodada doctrina Chocobar. La víctima puede ser un delincuente sorprendido in flagranti que huye, un manifestante inerme, un chico de 12 años.
Ambas degradaciones al sistema nacieron temprano, con la detención de la dirigente social Milagro Sala. Acentuaron gravedad y número de víctimas en 2017, comparando con 2016.Imposible saber si se acentuará, se detendrá o revertirá. Solo en Semana Santa de 1987 y en el pico de la crisis de 2001 estuvo tan en jaque como ahora. Aunque, a riesgo de repetirnos, esas contingencias tremendas no fueron idénticas a la actual.
Sin entrar en vaticinios, la mera prolongación de la tendencia significaría un deterioro grave de la calidad democrática. El porvenir, afortunadamente, no depende solo de la voluntad de la coalición política-empresaria judicial.
Juegan también los contrapoderes: dentro de las instituciones, en los gremios y organizaciones sociales, en la acción directa.
De ahí la importancia de los derechos de reunión, de manifestar, peticionar a las autoridades, de huelga.Y el formidable aporte de quienes resisten y construyen ciudadanía, poniendo el cuerpo para defender el sistema que rige desde 1983, con logros, deudas y vaivenes.La temática da para más, la retomaremos, un día de estos.
