La AFIP confirmó ayer en la Justicia que no tiene previsto aceptar plan de pagos o moratorias para que la petrolera Oil Combustibles, del empresario Cristóbal López, cancele su deuda de 8 mil millones de pesos más intereses por el impuesto a las Transferencias de Combustibles (ITC). De esta manera, el Grupo Indalo quedó cerca de la quiebra. Por otro lado, el organismo apeló ante la Cámara de Casación Penal que López y su socio Fabián de Sousa sean juzgados por “defraudación al Estado” y no por “apropiación indebida de tributo”, como dispuso días atrás el tribunal, permitiendo que ambos salgan en libertad.
López y De Sousa fueron excarcelados dos semanas atrás –tras haber permanecido presos desde diciembre pasado– por decisión de la Sala I de la Cámara Federal porteña, con los votos de los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah, quienes desde entonces quedaron en la mira del Gobierno. El reclamo de la AFIP quedó plasmado en una apelación presentada este mediodía por el abogado del organismo, el dirigente radical Ricardo Gil Lavedra.
Respecto a la situación del Grupo, el juez comercial Javier Cosentino convocó a un encuentro a directivos de Indalo y a los abogados del organismo oficial para buscar una salida, es decir, algún mecanismo que permitiera a la empresa cancelar su deuda. Los representantes de la AFIP fueron taxativos ante el juez cuando señalaron que la retención del impuesto a los combustibles no admite más que su pago efectivo en tiempo y forma, aseguraron las fuentes. Días atrás, el Grupo Ceibo (ex Grupo Indalo) remarcó la imposibilidad de lograr una solución al plan de contingencia y subrayó que la AFIP “rechaza toda solución presentada por Oil Combustibles, arrastrando a la compañía a una potencial quiebra en contra de sus propios intereses, que sería finalmente poder cobrar sus créditos”. La semana pasada el juez desplazó a los administradores del grupo de López y Da Souza, Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, por “irregularidades” en la gestión, advertidas en gastos elevados sin justificación.
