El fiscal Picardi apeló los sobreseimientos firmados por el juez Ercolini por Papel Prensa
Para que la causa no quede en la nada
La medida del juez benefició a los directivos de los diarios Clarín y La Nación. El fiscal cuestionó que se analizara el caso como si “se hubiese tratado de una simple transacción comercial entre partes libres”. La Secretaría de Derechos Humanos, en cambio, desistió de apelar.
El destino de la causa Papel Prensa quedó ahora en manos de la Sala I de la Cámara Federal.El destino de la causa Papel Prensa quedó ahora en manos de la Sala I de la Cámara Federal.El destino de la causa Papel Prensa quedó ahora en manos de la Sala I de la Cámara Federal.
El destino de la causa Papel Prensa quedó ahora en manos de la Sala I de la Cámara Federal. 

El fiscal federal Franco Picardi cuestionó al juez Julián Ercolini por haber cerrado la causa sobre el desapoderamiento de Papel Prensa al grupo Graiver en 1976 como si los hechos “se hubiesen tratado de una simple transacción comercial o financiera entre partes libres, dedicadas a hacer negocios en tiempos de estabilidad institucional y democrática”. Ese planteo es parte de la apelación que presentó ayer contra el sobreseimiento de los directivos de Clarín y La Nación Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Ernestina Herrera de Noble junto con Raymundo Podestá y Guillermo Gainza Paz, quienes considera que incluso deben ser convocados a prestar declaración indagatoria. A su entender ellos “coaccionaron a los dueños de las acciones de la papelera Papel Prensa SA para que les transfirieran su titularidad bajo la amenaza de muerte o de riesgo para su seguridad personal en un contexto persecutorio y apremiante, que encuadran en el tipo penal de extorsión ocurrido en el marco de un ataque masivo y generalizado contra la población civil que se encuadró en el crimen internacional de persecución”. Ercolini había señalado que no encontró “ilegitimidad” ni “acciones delictivas calificadas de lesa humanidad”. La Secretaría de Derechos Humanos, que impulsó siempre la investigación, desistió ahora –al mando de Claudio Avruj– de apelar.  

Ahora será la Sala I de la Cámara Federal la que evalúe si la causa debería continuar, tal como reclama Picardi. El fiscal sostuvo que Ercolini consideró los hechos sin tener en cuenta testimonios centrales y pasando por alto aspectos relevantes de las declaraciones. Le dio un carácter determinante a un peritaje contable, que encargó por su propia iniciativa, que pretendía establecer si la empresa se vendió a un precio vil. Con ese enfoque “desmembró el objeto procesal”, critica el fiscal. El estudio no fue concluyente sobre si se había respetado el valor de mercado. La apelación señala que la extorsión que se habría ejercido sobre los Graiver y quienes manejaban la empresa, es algo independiente del precio fijado, además de que señala que el juez desconoce el contexto en el que todo sucedía.

Ercolini sostuvo en el sobreseimiento que no se había probado una vinculación entre quienes adquirieron Papel Prensa, el 2 de noviembre de 1976, y las coacciones, intimidaciones y amenazas previas sufridas por los Graiver en esos primeros meses de régimen dictatorial. El juez señaló que estaban vinculadas con deudas y relaciones financieras con la agrupación Montoneros. Picardi contrapuso que la situación de “descalabro financiero y liquidez” en realidad había sido “generada por el propio aparato represor en connivencia con los dueños de los diarios, pues, en definitiva, éstos también iban a beneficiarse con toda la maniobra delictiva pergeñada y luego llevada a cabo”.  

Pero la apelación analiza varios testimonios y muestra que el juez dejó de lado algunas afirmaciones. Por ejemplo, recuerda que Isidoro Graiver (hermano de David Graiver, quien falleció precisamente antes del desapoderamiento en un supuesto accidente aéreo) declaró que “las presiones dirigidas por parte del Estado fueron realizadas por (José Alfredo) Martínez de Hoz, ya que no tenía simpatía por mi hermano David…”. También dijo tener “la firme impresión de que la familia empieza a desaparecer en el momento en el que tiene que empezar a cobrar por la venta de las acciones de distintas empresas del grupo, por cuanto el dinero que debían percibir, nunca les fue entregado en su totalidad”. Tampoco consideró la declaración de la viuda de Graiver, Lidia Papaleo, quien relató que fue Magnetto, para que firme “porque corría riesgo su vida y la de su hija”. Según el juez no hubo otros testigos de la misma reunión que lo corroboraran.

Picardi también rechaza el argumento de que no está probado el vínculo de los delitos de lesa humanidad aparato dictatorial y la venta de acciones de Papel Prensa. “Cuando los integrantes del grupo Graiver fueron secuestrados el traspaso de ninguna manera se encontraba perfeccionado (…) sólo había sido pagado un valor irrisorio que no llegaba ni al 1% del valor total y tampoco se había realizado la asamblea destinada a aprobar aquella operación y conformar un nuevo directorio, como finalmente ocurrió mientras los damnificados se encontraban ilegalmente privados de su libertad”, señala la apelación. El 98 por ciento restante se depositó “justamente, el mismo día en que Videla ‘blanqueaba’, en conferencia de prensa, el secuestro del grupo Graiver”, agrega.

La falta de acción como querellante de la Secretaría de Derechos Humanos se choca con el espíritu del decreto 1210 del 30 de agosto de 2010 que la instruía para actuar como querellante “en las causas que resulten y en las que se investigue la comisión de delitos de lesa humanidad en perjuicio de quienes fueran integrantes de Papel Prensa SA y de otras personas con las que aquellos tenían alguna vinculación”.