En un gesto que evidencia la preocupación que persiste en el Gobierno por el devenir de la causa por la muerte de Santiago Maldonado, el representante legal del Ministerio de Seguridad pidió modificar la carátula de desaparición forzada por la de muerte dudosa o averiguación de muerte. Los funcionarios de Cambiemos pretenden que el juez federal Gustavo Lleral cierre en forma definitiva el proceso de hábeas corpus, cuyo objeto era dar con su paradero. “La ofensiva del gobierno en el expediente se da justo cuando salen a luz elementos que echan por tierra la flagrancia y que la muerte de Santiago Maldonado es el resultado de la represión ilegal, más allá de que la investigación de su de- saparición agote todas las posibilidades”, dijo a PáginaI12 Mauricio Rojas, abogado de una de las querellas encabezada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), organismo que presentó la primera denuncia cuando tras la represión a la comunidad mapuche de Cushamen el “Brujo” no aparecía.

El letrado se refiere al video inédito que difundió PáginaI12 el 17 de abril, filmado por los propios gendarmes y que consta en el expediente, donde tres minutos antes del primer disparo que hizo Emmanuel Echazú contra los mapuches que protestaban por la detención de su lonko Facundo Jones Huala decían que les iban a “quemar las casas a ésos, a patearles todo” porque “ésa es nuestra misión”. Las imágenes fueron consideradas por esa querella como prueba de que no hubo delito alguno cometido en “flagrancia”, argumento con el cual el Gobierno justificó el accionar represivo desplegado ese día sin orden judicial.

“La muerte de Santiago es nexo causal con la represión ilegal, ese es un dato objetivo y contundente que las fuerzas de seguridad están empeñados en silenciar. La campaña de desprestigio contra la familia, desvirtuando la ley de protección a la víctima, y los movimientos en el Ministerio de Seguridad para reforzar su frente judicial muestran que todavía hay mucho por investigar”, precisó el abogado Rojas. Se refirió a la difusión de falacias sobre dinero que el Estado abonó por los gastos de la causa y al pase de Pablo Noceti de la jefatura de Gabinete del ministerio que conduce Patricia Bullrich a la Secretaría de Relación con los Poderes, que ocupaba Gonzalo Cané, quien regresó a su cargo en la Corte Suprema.

La fiscal Silvina Avila había planteado sin éxito en diciembre lo mismo que ahora pide el gobierno de Mauricio Macri, y Lleral respondió que la hipótesis de la carátula era irrelevante a los fines de la instrucción. Para los investigadores hay medidas pendientes para esclarecer qué sucedió en el contexto de la muerte de Maldonado, más allá de los resultados de la autopsia que indicaron que falleció por ahogamiento e hipotermia. En ese sentido, Rojas destacó que “la autopsia no dice cómo ni cuándo murió Santiago, tampoco explica la represión ilegal, para eso hay que ver videos, fotos, actas y testimonios que ya están en el expediente y muestran con claridad como actuó la Gendarmería antes y durante la represión”. Y agregó que “la calificación penal en la etapa de instrucción es sólo una hipótesis de trabajo, pero el Gobierno está empeñado en cerrar el caso como un ahogamiento por accidente como si Santiago murió por casualidad cuando es responsabilidad del Estado explicar que paso con él”. El representante legal del ministerio, Fernando Soto, argumentó que existen otras pericias como las de ADN en manchas hemáticas y cabellos, que “dan cuenta de que la hipótesis delictiva original planteada por la fiscalía no ha ocurrido”.