El oficialismo sostiene que los salarios en Argentina son elevados en términos internacionales. Según esa visión, la rebaja salarial es condición necesaria para mejorar la competitividad. La reforma laboral impulsada por el gobierno está enmarcada en ese diagnóstico. La reconfiguración de la matriz distributiva es un objetivo de política económica.
A los pocos días de la asunción presidencial de Mauricio Macri, el entonces ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat-Gay advirtió que “la paritaria discute lo que puede discutir, pero no es sólo la dimensión del salario sino cuidar el empleo. Cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleos”. El 2016 terminó en línea con las aspiraciones gubernamentales. Los investigadores del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra) estimaron un retroceso salarial del 6,5 por ciento y algo más del 10 por ciento para trabajadores registrados y no registrados, respectivamente. La combinación de caída del poder adquisitivo y puestos de trabajo determinó un retroceso de la participación asalariada en el ingreso. Ésta descendió de 37,4 a 34,3 por ciento de 2015 a 2016, según Cifra. El resultado de esa dinámica fue una transferencia regresiva de ingresos cercana a los 16.000 millones de dólares.
¿Qué pasó en 2017? El Presidente afirmó que, en ese año, “el salario le ganó a la inflación”. Los datos oficiales confirmaron ese anuncio. El Indec informó una suba del 2,7 por ciento (en términos reales) del salario promedio de los trabajadores privados. Por su parte, el poder adquisitivo remunerativo de los trabajadores públicos permaneció sin cambios.
Lo que llama la atención de esos datos es la diferencia informada entre la suba salarial nominal de trabajadores registrados (26,5 por ciento) y no registrados (31,0 por ciento)
Esa importante brecha a favor de los empleados “en negro” desafía toda lógica. En términos relativos, las actividades con mayores niveles de informalidad laboral son el sector primario, construcción y empleadas de casas particulares. El comercio detenta la mayor cantidad de trabajadores no registrados en magnitudes absolutas. En todos esos casos, las paritarias sectoriales arrojaron recomposiciones cercanas al 24 por ciento anual. Por ende, los datos oficiales mostrarían que el aumento salarial de los trabajadores “en negro” fue muy superior (siete puntos porcentuales) a sus pares formalizados. Esa posibilidad es descartada por la mayoría de los especialistas en temas laborales.
Aún tomando como válidos las cifras del Indec, las remuneraciones no recuperaron el terreno perdido en 2016. A fines de 2017, los salarios del sector privado se ubicaban 4,2 por ciento por debajo del poder adquisitivo de diciembre de 2015, según los cálculos de Cifra. El retroceso salarial de los empleados públicos fue aún más pronunciado: -6,3 por ciento.
Por otro lado, Argentina tuvo el mayor declive del salario mínimo (6,1 por ciento) de toda América del Sur. Un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda precisa que esa tendencia fue compartida por Paraguay (-4,7 por ciento), Brasil (-3,4) y Perú (-1,0). Por el contrario, el poder adquisitivo del salario mínimo creció en Bolivia (8,2 por ciento), Chile (6,2) y Uruguay (4,9).
@diegorubinzal
